Ley permite que algunos funcionarios usen vehículos oficiales del Estado para temas personales

Por: Omar Coca - Erwin Valenzuela / URPI-LR

¿Sabía usted que algunos funcionarios púbicos, especialmente los de alto rango, pueden usar los vehículos oficiales y choferes que le son asignados por razón de su cargo para temas personales y que la ley se los permite?

Esta semana, por ejemplo, fuentes de La República alertaron sobre la presencia de una moderna camioneta del Estado todas las mañanas haciendo movilidad escolar en un reconocido colegio particular de Chorrillos.

Se trataba de un vehículo utilitario deportivo (SUV) Mitsubishi modelo Outlander. La placa EGW-317 consultada en Registros Públicos confirmó que le pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2016 pasó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin embargo, al menos en este centro educativo, no cumplía actividades oficiales.

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Quien llegaba aquí era precisamente Ana Isabel Pari Morales (36), presidenta ejecutiva de Servir desde el último 3 de marzo en reemplazo de Janeyri Boyer Carrera. Servir, entidad adscrita a la PCM, nació en 2008 para “modernizar la función pública”.

“Vivo cerca y estoy en ruta”

Según las imágenes recabadas de diferentes fechas, el chofer a cargo abre la puerta y espera el tiempo que tome Pari Morales en ingresar al plantel para dejar a su menor hijo. Cuando se retiraba le consultamos si le parecía correcto utilizar recursos del Estado para fines personales.

—¿Por qué usar un vehículo oficial como transporte escolar?

—No es como un vehículo escolar, disculpa.

—Este vehículo le pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros.

—No, es de la presidencia ejecutiva de Servir y yo soy la presidenta. Vivo por aquí cerca y estoy camino a la oficina.

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Horas después, aclaró vía telefónica que la ley ampara este uso, pero que lo evitaría. “El vehículo está asignado a la presidencia de Servir. Sin embargo, voy a buscar otros medios para trasladar a mi hijo en adelante”.

Consultamos con responsables de anteriores gestiones en Servir y se mostraron sorprendidos. Precisaron que ellos utilizaban la unidad solo para actividades propias de la institución.

Preguntamos a diversos abogados sobre este hecho. Coincidieron en que un funcionario público que para su beneficio permite o usa vehículos, máquinas u otro instrumento de trabajo del Estado incurre en el delito de peculado de uso, como señala el artículo 388 del Código Penal. “La pena es de 2 a 4 años de cárcel más suspensión”, detalla la penalista y docente, Romy Chang.

Sin embargo, Chag recuerda que el tercer párrafo de dicho artículo hace una excepción: no están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. En este caso, Servir informó que la camioneta EGW-317 está asignada desde 2016 a la presidencia ejecutiva en razón del cargo. Es decir, está dentro de lo que la ley permite

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El letrado Álvaro Peláez sostiene que, más allá de esta flexibilización, ello no implica absoluta libertad. “(Los vehículos) siempre tienen que estar siendo utilizados para una función pública establecida o tener una conexión lógica con la función del cargo de quien los tiene. Si no es así, es tan culpable quien otorgó por no fiscalizar como quien hizo uso indebido”.

A su turno, Luis Lamas Puccio considera que se debería iniciar una investigación para determinar si se existe delito. “Se debe saber las condiciones y la Fiscalía podría indagar”.

Padres rechazan situación

Algunos padres de familia mostraron su incomodidad. “Para mí está mal. La mayoría lo que hacemos es venir en moto o carro y otros lo que no es suyo lo cogen”, declaró Beatriz Saldívar.

“Todo funcionario debería usar su auto y no cosas del Estado. No es dable porque ellos tienen altos sueldos”, sostuvo Aldo Pajuelo.