En sesión ordinaria y por unanimidad, los consejeros regionales de Tumbes suspendieron por 120 días en el ejercicio de sus funciones al prófugo presidente regional Gerardo Viñas Dioses, por tener una orden de detención en su contra. Mientras dure la suspensión, la presidencia recayó en el consejero Orlando La Chira Pasache. La medida se acordó en base a la orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, que ordenó la prisión preventiva de Viñas Dioses por cinco meses. De acuerdo con el procedimiento, el consejero delegado ingeniero Marco Sayán Gianella procedió a ordenar que en el más breve plazo el acta que aprueba la suspensión por 120 días del jefe regional sea remitida al Nacional de Elecciones. El JNE debe emitir un documento reconociendo a La Chira como presidente encargado. Si luego de 120 días Gerardo Viñas no se reincorpora a sus funciones y se mantienen las órdenes de captura en su contra, los consejeros deben proceder a declarar la vacancia en el cargo. Nuevos gerentes Tras asumir la presidencia, La Chira informó que suspendió dos licitaciones en curso y procedió a cambiar a las principales autoridades regionales. Informó que luego procedió a nombrar al economista Eduardo Farías Montero como nuevo gerente general; a William Benites como gerente de presupuesto; a Julio Uvillas, en Infraestructura; y a la abogada María Otiniano, en Asesoría Jurídica. La Chira aseguró que trabajará para poder ordenar y llevar a buen puerto la administración regional. También dijo que buscará descongelar las cuentas de la región, con el fin de concluir las obras que están pendientes, entre ellas el colegio Túpac Amaru, el Malecón de Zorritos, infraestructura de salud, entre otras. En tanto, el paradero de Gerardo Viñas sigue siendo un misterio, al haberse descartado que haya sido detenido en Ecuador. Sus abogados y familiares aseguran que no ha huido del país. La clave Proceso. El presidente regional encargado de Tumbes, Orlando La Chira Pasache, es procesado por presuntos actos de corrupción en la fiscalía supraprovincial anticorrupción, en Lima, pero con mandato de comparecencia e impedimento de salida del país.
