Contraloría identifica altos riesgos de corrupción en 321 entidades públicas
Contralor Nelson Shack también reveló que los gobiernos regionales y las municipalidades en Lima Metropolitana y Callao presentan altos riesgos de corrupción.
Contraloría identificó 6.070 funcionarios con sanciones vigentes en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Foto: difusión/Contraloría General/Nelson Shack Yalta
De acuerdo a los resultados Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, la Contraloría General, liderada por Nelson Shack Yalta, reveló que 321 entidades públicas presentan puntajes altos y muy altos en términos de riesgos de corrupción e inconducta funcional.
La Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) con 87 puntos sobre 100, seguida de ESSALUD (Lima) con 86.2 puntos, la Municipalidad Provincial de Huánuco con 85.8 puntos, la Municipalidad Distrital de El Porvenir (La Libertad) con 83.4 puntos y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) con 82.6 puntos, serían los primeros en encabezar la lista.
Asimismo, el contralor mencionó que la evaluación del INCO 2024 también destacó diferencias significativas entre los distintos niveles de gobierno. Debido a que a nivel nacional, el 13% de las entidades evaluadas alcanzaron puntajes altos y muy altos, predominando en sectores como Educación, Salud, Defensa, Interior, Transporte y Justicia.
En cuanto a los gobiernos regionales, más del 50% de las sedes centrales evaluadas registraron puntajes altos y muy altos. Los gobiernos regionales de Junín, Arequipa, Huancavelica, Áncash y Loreto figuran entre los más riesgosos.
De igual forma, a nivel de gobiernos locales, más del 40% de las municipalidades en Lima Metropolitana y Callao presentaron altos riesgos. Entre las municipalidades más comprometidas se encuentran la Municipalidad Metropolitana de Lima, y las municipalidades distritales de San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Ate Vitarte y Comas.
Otro aspecto preocupante revelado por el INCO 2024 es la existencia de 6070 funcionarios y servidores públicos con sanciones vigentes en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). Un 39% de estas sanciones corresponden a entidades del Gobierno Nacional, 33% a entidades del Gobierno Regional, 26% a municipalidades provinciales y distritales, y el restante 1% a Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) y empresas bajo el ámbito de Fonafe.
La Contraloría también identificó presunta responsabilidad civil y/o penal en el 44% de las entidades evaluadas en 2023. De igual manera, se detectaron presuntas responsabilidades administrativas en el 43% de las entidades, involucrando a más de 9 mil servidores públicos en cargos de titular y/o directivo.
Ante ello, el contralor Nelson Shack hizo un llamado a las entidades con altos niveles de riesgo a tomar medidas correctivas. "El objetivo de esta medición es lograr que aquellos que registran altos riesgos de corrupción e inconducta funcional traten de mejorar sus indicadores para el próximo año. Si sales mal en esta foto, arréglalo", declaró Shack.
Además, sostuvo que la Contraloría se encuentra dispuesta a brindar apoyo técnico del Observatorio Anticorrupción, para guiar a los gestores públicos en la mejora de sus indicadores. "(En la Contraloría General), contamos con equipos técnicos del Observatorio Anticorrupción que pueden explicarles a los gestores públicos a entender cuáles son los indicadores y métricas utilizados para evaluar a las entidades, a fin de que se puedan implementar medidas para mejorar su desempeño , expresó el contralor.
Contrataciones poco competitivas
El análisis del INCO 2024 también mostró que más de 1800 entidades realizan el 50% de sus contrataciones públicas bajo modalidades no competitivas, lo que equivale a un gasto de S/ 22 mil millones. De este monto, el 33% corresponde a la modalidad sin proceso y el 7% a contratación directa. Además, el 7% de los proveedores contratados sin proceso presentan presunto fraccionamiento, representando un gasto de S/ 6 mil millones.
Proyectos abandonados
Más de 111 mil proyectos, equivalentes al 56% de la inversión pública (S/ 234 519 millones), no han ejecutado recursos en los últimos dos o más años. Asimismo, 11 665 proyectos, con una inversión de S/ 67 497 millones, no han iniciado su ejecución financiera a pesar de haber sido aprobados hace más de tres años.
Por ello, Nelson Shack manifestó su intención de coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto del Congreso para adoptar medidas concretas cuando las entidades no ejecuten el presupuesto asignado de manera reiterada.
Proveedores impedidos de contratar con el Estado
El INCO 2024 también identificó que el 54% de las entidades evaluadas contrataron al menos un proveedor impedido de contratar con el Estado, con un gasto comprometido de S/ 192 millones en el último año. La mayoría de estos proveedores (80%) se encuentran en las municipalidades.
Sistema de Control Interno y declaraciones juradas
En cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), el 50% de las entidades evaluadas presentan un nivel de madurez igual o inferior al nivel básico, con un 10% en el nivel inexistente y un 12% en el nivel bajo.
Respecto a las declaraciones juradas, más de 342 mil trabajadores no han cumplido con presentarlas, siendo omisos el 64% a la Declaración Juradas de Intereses y el 36% a la Declaración de Bienes y Rentas.
Reformas pendientes
Para reducir la corrupción e inconducta funcional, el contralor general destacó la necesidad de realizar cinco reformas fundamentales: la transparencia en el financiamiento de campañas electorales, la agilización de procesos judiciales, la meritocracia en el servicio civil, la mejora de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa, y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Finalmente, Shack resaltó la importancia de la recién promulgada Ley N° 32064, que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, como un paso crucial hacia la profesionalización y empoderamiento de los auditores en el uso de inteligencia artificial para combatir la corrupción.
