Fiscal Pérez insiste en audiencias presenciales para el caso Keiko Fujimori
José Domingo Pérez reiterará pedido para instalar sesiones presenciales en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, acusada a más de 30 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.
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La Corte Penal Nacional respondió este miércoles a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez que hizo una semana atrás sobre la posibilidad de instalar audiencias presenciales en el caso Cócteles (Odebrecht) contra Keiko Fujimori y más de 40 implicados por lavado de activos, organización criminal y otros delitos.
Según informó el juez Víctor Zúñiga Urday, la Administración de la Corte contestó que “la cantidad de partes procesales supera la capacidad de las salas de audiencias [aforo máximo de 20 personas] por lo que las sesiones deben continuar de forma virtual”. Ante ello, el fiscal Pérez mostró su desacuerdo y anunció que enviará otro oficio a esta sede judicial.
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“La Corte Superior de Justicia de Arequipa ha utilizado instalaciones del edificio ubicado en jirón Manuel Cuadros [cerca a Palacio de Justicia] por lo que no es razonable que se diga que no hay espacio para realizar estas audiencias. Hay otras cortes que estan usando estos auditorios para sesiones presenciales. El Poder Judicial sí cuenta con instalaciones”, protestó Pérez.
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En tal sentido, el fiscal del equipo especial Lava Jato manifestó que enviará otro documento dirigido a la Corte Penal Nacional para que se puedan viabilizar las audiencias de forma presencial.
Por su parte, el magistrado Zúñiga anunció que elevará el oficio del fiscal nuevamente a la administración de la Corte Penal Nacional. También sostuvo que otra posibilidad es que se habilite una sesión presencial en una sala con 20 personas como máximo, ya que los auditorios solo permiten hasta el 60% de su capacidad en la sede de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.
Etapa previa al juicio
En diciembre de 2021, luego de definirse los archivos para algunos colaboradores eficaces, el fiscal José Domingo Pérez inició la sustentación de su acusación por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016.
El caso abarcó diversos delitos, entre ellos, organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.
La Fiscalía pidió así 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.
Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del US$1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.
Durante el avance del caso, no obstante, los abogados advirtieron errores en los cargos o falta de individualización de elementos contra sus defendidos, por lo que Zúñiga devolvió la acusación al fiscal Domingo Pérez para que la corrija y pueda reiniciarse la fase de control de acusación (etapa previa al juicio contra los implicados).
Esta, asimismo, se reinició el último 25 de mayo y desde entonces Domingo Pérez viene sustentando en audiencias las correcciones de su acusación. Estas subsanaciones están contenidas en alrededor de 2.384 páginas.
