Proponen PL que impide a sentenciados por violencia contra la mujer asumir altos cargos del Estado
Además, el proyecto de ley de Perú Democrático propone la creación del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de Condenas.
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La bancada de Perú Democrático presentó un proyecto de ley que busca impedir el acceso de sentenciados por violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar a cargos de alto rango del Estado. Al respecto, la iniciativa legislativa n.º 1374-2021-CR formula que personas condenadas en primera instancia no podrán ser los máximos representantes de ninguna institución estatal.
“Están impedidos de acceder a los cargos como alto funcionario del Estado, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar”, señala el documento presentado por la congresista Betssy Chávez.
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El proyecto de ley establece una lista 21 cargos públicos a los que no podrán asumir las personas sentenciadas, de aprobarse la ley. En la relación se encuentro los ministros y viceministros de Estados, el procurador general del Estado, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el superintendente de la Sunat, entre otros.
Asimismo, la iniciativa legislativa propone crear el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de Condenas con la modificación del artículo 42 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley n.º 30364).
“La violencia contra la mujer afecta en algunos casos su autoestima, su desempeño laboral y su proyecto de vida. Por ello, la presente iniciativa pretende reducir la violencia contra la mujer y establece el impedimento al acceso a cargos como altos funcionarios del Estado a sentenciados en primera instancia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar, con el fin de garantizar la idoneidad de la función pública”, fundamenta el documento.
