Defensoría rechaza promulgación de ley de formalización de minería ilegal
En conversación con La República, la adjunta en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, alertó que con esta norma lo que vamos a tener es impunidad ante la fiscalización ambiental.
Entre gallos y medianoche, el Gobierno promulgó el 31 de diciembre la ley que amplía el plazo para la formalización de la minería ilegal. La norma había sido aprobada por el Congreso a mediados de ese mes. La Defensoría del Pueblo había solicitado al Ejecutivo que observe el dictamen alertando las consecuencias en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos de mujeres víctimas de la trata de personas. Sin embargo, en Palacio hicieron oídos sordos.
En diálogo con La República, la adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, alertó que esta norma generará un clima de impunidad en la defensa y fiscalización del respeto a la naturaleza.
“Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal. Solicitamos al Ejecutivo que la observe. Este es un proyecto de ley que, como señalamos, propone prorrogar el plazo y postergar el plazo para la elaboración de una política multisectorial, lo cual es algo negativo. Esto genera problemas al ambiente, la minería ilegal está asociada a otras vulneraciones”, manifestó.
Vásquez recordó que a los mineros informales se les exige contar con instrumentos de gestión ambiental. “Pero muchos no cumplen los estándares y esto es muy necesario. Una actividad minera que no cumple estándares ambientales genera impactos graves a la vida y la salud de las personas. Es una actividad que genera riesgos a la vida y a la salud de las personas”, recalcó.
Asimismo, ampliar el plazo para formalizar conlleva a que mineros ilegales se inscriban en ese proceso ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y se escuden ahí del Ministerio Público, que investiga presuntos delitos cometidos en territorios dominados por estas actividades ilícitas.
“El estar en un proceso de formalización implica que frente a estas actividades, que son consideradas ilegales, la Fiscalía no pueda actuar. Y tenemos gobiernos regionales que requieren fortalecer sus actividades de fiscalización, pero estos mineros siguen operando”, lamentó.
Defensoría muestra preocupación sobre decisión del Ejecutivo sobre postura del Minam
Vásquez, además, refirió que le preocupa que el Ejecutivo no haya recogido la postura del Ministerio del Ambiente, que en su momento, cuando la ley se aprobó en el Congreso, se pronunció en contra. Incluso, la Defensoría le envió un oficio a la primera ministra Mirtha Vásquez, quien defendió derechos ambientales en Cajamarca, para que observen el proyecto.
Pero la respuesta fue contraria a lo demandado.
“A nosotros nos sorprende porque pensamos que la postura del Minam era la postura del Ejecutivo. El Ministerio del Ambiente se mostró en contra y, sin embargo, el Ejecutivo ha promulgado esta norma que a la Defensoría del Pueblo le genera preocupación”, enfatizó.
