Eduardo Vega: “Impulsaremos debates para ver hasta dónde se puede delimitar la incapacidad moral”
Entrevista al Ministro de Justicia. Ex defensor del Pueblo. Lideró la Comisión Presidencial de Integridad para proponer recomendaciones contra la corrupción. Exdirector del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya.
Ocho meses de gestión no es mucho tiempo ¿Cuál será la prioridad en justicia?
La prioridad de este sector sigue las líneas trazadas por el presidente de la República. La gran tarea que tenemos es recuperar en este corto tiempo la confianza ciudadana. El gran mensaje que nos dejan las manifestaciones de los jóvenes es que no están dispuestos a tolerar una vez más que la democracia sea afectada y que la corrupción continúe en el país.
Quiero reconocer el esfuerzo de los jóvenes principalmente, y de la ciudadanía en general por recuperar una democracia, que hoy tiene un contenido mucho más claro: una democracia que se conecte con la justicia inmediatamente, con la verdad, con la eficiencia. Hay un reclamo que necesitamos atender en todo el Estado. Y necesitan señales muy claras de que se protege la democracia y los derechos humanos, y se lucha contra la corrupción. Si no escuchamos esa demanda que nos han planteado la juventud en estas marchas tan masivas y que han causado también dolor y muerte en muchas familias, simplemente no habremos aprendido la lección.
El presidente ha señalado en su discurso inicial, que primero está el tema de pandemia; en segundo lugar, garantizar elecciones neutrales; y en tercer lugar, la reactivación económica. Pero en nuestro caso también hay tareas fundamentales y las señaló el presidente.
Está el tema de la lucha contra la corrupción y un fortalecimiento muy claro a todas las instituciones y órganos que tienen que ver con esta tarea. Él habló concretamente de la Procuraduría, de la Fiscalías, tanto las especiales, como las anticorrupción y de la Contraloría. en este tiempo de que estas tres instituciones trabajan con la suficiente autonomía.
Lo que nos ha ocurrido como país en estas últimas semanas, tiene en la base un problema serio de corrupción. Los corruptos tienen que sentir que la mano de las justicia les llega, y pronto.
Usted se reunió con el procurador Soria. ¿tendrán autonomía?
Mi primera reunión al llegar al Ministerio de Justicia, ha sido reunirme con el procurador general, el señor Daniel Soria y expresarle el respeto a la autonomía de la Procuraduría, y eso tiene que traducirse en recursos para que puedan, efectivamente, ejercer su labor. Yo he recibido hace pocos días el sector, así que estamos trabajando sobre su demanda de recursos para que pueda realizar su tarea. El mensaje es muy claro: este Gobierno garantiza la autonomía en la función de los procuradores del Estado.
Hace poco renunció el procurador anticorrupción Amado Enco, ¿cómo se fortalecerá?
Se me ha informado, a través del procurador general, que están llevando adelante un proceso de selección por méritos de quien reemplazaría al doctor Enco, a través de un concurso público, como en su caso. Lo que me toca es respetar los procesos de selección de los nuevos procuradores, en el caso de la Anticorrupción y eventualmente de otras procuradurías que requieren una designación.
¿Cómo piensan recuperar la confianza perdida?
El sábado el presidente recibió a los familiares de Inti y de Bryan, y de otros jóvenes que están heridos de gravedad. Ese es un primer gesto de que vamos a recibirlos y mantener un contacto directo con ellos. Además de la premier, estuvimos tres sectores importantes: Interior, Derechos Humanos y Educación. La parte de justicia, que es elemento central que piden los jóvenes, se está trabajando, y estamos respaldando las investigaciones del Ministerio Público, que se hagan con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y se determinen las responsabilidades, incluso con la cadena de mando.
Asimismo, se acordado en el Consejo de Ministros conformar un grupo de trabajo con la participación de los familiares y sus abogados, y representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para afinar en poco tiempo, y esperemos que tome más de dos semanas, una agenda de trabajo, donde estamos evaluando algunas fórmulas de reparación a las víctimas.
Usted lideró la comisión de Integridad y formó parte de la comisión de reforma política y judicial ¿qué tema pendientes podría mejorar?
A nivel normativo se avanzó bastante. Se creó el Consejo Nacional para la Reforma de la Justicia, que integraban todos los sectores involucrados. Esa instancia está y mi primera tarea será reimpulsarla, y ver cómo se están implementando las leyes que se dictaron, y entre las más importantes está la creación de la Junta Nacional de Justicia, después del referéndum.
Allí hay un trabajo que hay que respaldar, pero hay otras normas como el sistema no contencioso para ver los casos de la ONP. Hay una tarea pendiente. He recibido los informes que me han hecho llegar los equipos de trabajo, y lo que queremos ahora, en coordinación con los órganos del sistema de justicia es poder llevar al Congreso un conjunto de reformas que están avanzadas pero requieren de un consenso previo, entre ellas el modelo de Academia de la Magistratura que queremos en el país, o qué hacemos con los jueces supernumerarios
¿Confía en el Congreso? aprobaron un régimen especial para ellos en el caso de la declaración jurada de intereses.
A mí me tocó proponer esta medida que se hace en otros países. Es una sugerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es una norma que fortalece los procesos de transparencia en América Latina. Creo que en general, las declaraciones juradas de intereses deberían tener un solo régimen para todos los funcionarios públicos, desde los más altos como presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales, en fin, todos los altos funcionarios deberíamos tener un solo régimen. Lo que se trata es que toda esa información pueda estar a disposición de la ciudadanía para que tengan las herramientas para fiscalizar a sus autoridades.
¿Como asesor jurídico del presidente, le recomendará presentar un nuevo recurso antes el TC sobre la vacancia por incapacidad moral?
El Ejecutivo se ha pronunciado frente a la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional en el sentido de que se ha perdido una oportunidad para regular los términos, delimitar el criterio que se debe utilizar para definir la permanente incapacidad moral que señala la Constitución. Es una tarea que, en ese rol pacificador y de encontrar soluciones democráticas a los problemas que se presentan en la institucionalidad, le correspondía al TC. Se pretende decir que es una defensa del expresidente Vizcarra, y no es así, sino es la defensa de la institucionalidad del país. La salida de sustracción de la materia no me parece una solución adecuada a esta situación.
Estamos viendo si corresponde presentar una nueva demanda, pero en este momento no hay un caso, entonces, no sería lógica hacerlo. Para garantizar el equilibrio de poderes, que es la base del sistema democrático es importante no dejar pasar esta idea de cómo se delimita el criterio de incapacidad moral permanente. Desde el sector Justicia impulsaremos debates, estudios, que puedan ver dónde se requiere algún nivel de reformas de la Constitución
¿Uno de esos cambios podría ser la vacancia por incapacidad moral permanente?
Sin duda. Hay que delimitarlo para fortalecer el sistema democrático. Una vía era el Tribunal Constitucional, otra es armar mesas de estudio para ver hasta donde se puede delimitar esta figura.
Está pendiente cumplir la sentencia del TC sobre el hacinamiento de los penales
He estado trabajando en estos primeros días con la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario y su equipo para los distintos temas de su sector, el primero es cómo se está controlando la pandemia, que era el tema central a partir de la situación que estamos viviendo; el segundo tiene que ver con la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional, y ha habido algunos avances puntuales, pero estamos trabajando para poder atender esta sentencia en la que pide una serie de elementos que podamos llevar adelante. Y por supuesto, dentro de ello, atender el hacinamiento que es un problema central de los penales, con una serie de medidas.
¿Podrá hacerlo en ocho meses?
No. La decisión del tribunal es de más largo plazo. Lo que nos toca a nosotros es avanzar en cosas muy puntuales, como que la pandemia no afecte a los internos ni a los trabajadores penitenciarios, y buscar que haya las mejores condiciones para evitar que el rebrote sea muy alto. Lamentablemente en penales han muerto muchos internos, 423 fallecieron en penales, y sin duda vamos a toma las medidas para estar prevenidos.
¿Se postergará la aplicación del Código Procesal Penal en Lima, previsto para el 1 de diciembre?
Recibí el pedido de la fiscal de la Nación principalmente, pero también del Poder Judicial, para atender esta prórroga de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. He pedido los informes, porque es un tema que abarca a varias instituciones, y dentro del Ejecutivo estamos el Ministerio del Interior, el de Economía y Finanzas, y el sector Justicia. Lo sometí al primer consejo de ministros que tuvimos el viernes pasado, y aprobamos postergar la entrada en vigencia de acuerdo a la solicitud de la fiscal de la Nación y de los informes técnicos. En Lima se aplicará una parte en abril del 2021, y la otra parte en mayo.
¿Van a dar más impulso a las extradiciones de Alejandro Toledo y César Hinostroza?
He recibido los primeros informes, y vamos a acelerar lo que esté en nuestro alcance. Esta es una tarea central también de mi gestión.
Hay temas pendientes con las víctimas de violaciones a derechos humanos de 1980 a 2000, tanto en temas judiciales como en la búsqueda de desaparecidos.
Yo vengo del ámbito de los derechos humanos y voy a entrevistarme con las organizaciones de víctimas. Tengo previstas reuniones para esta semana para con ellos mismos evaluar y conversar sobre sus agendas sobre la atención a las víctimas de la violencia. Ha habido avances pero también hay temas pendientes. Quiero trabajar con ellos a qué podemos comprometernos con el tiempo y recursos que tenemos. En mi labor como defensor planteamos esta ley de búsqueda de personas desaparecidas, así que vamos a impulsar con las otras instituciones, que pueda haber un resultado importante.
¿Va a dar prioridad a la construcción del Lugar de la Memoria de Ayacucho en La Hoyada?
Creo que es una tarea que debemos asumir. Tiene muchos años de espera y creo que es importante tomar decisiones en el marco del Estado y que pueda ser una realidad.
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