Congreso: dictamen sobre concurso público para elección en el TC pasó a cuarto intermedio
El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, anunció que se modificará el texto aprobado debido a observaciones emitidas por la Contraloría, Defensoría y la Junta Nacional de Justicia.
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Este jueves, el Congreso de la República decidió pasar a un cuarto intermedio los proyectos de ley 4253, 4847 y otros, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el fin de garantizar la elección meritocracia y transparente de sus magistrados.
Esto, debido a las observaciones que emitieron la Contraloría General, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Defensoría del Pueblo, explicando al presidente del Parlamento, Manuel Merino, que no se cuenta con el “marco legal necesario” para asumir la función de observadores en el concurso público.
Cabe recordar que la Comisión de Constitución planteó que las tres instituciones mencionadas sean veedores en el concurso público de selección de los integrantes del TC.
Fue el mismo presidente de la Comisión, Omar Chehade, quien solicitó un cuarto intermedio con el fin de presentar un texto sustitutorio para llevar el dictamen a una próxima votación y ser aprobada en la representación nacional.
Instituciones advierten carencia de “marco legal”
Asimismo, el también legislador de Alianza para el Progreso consideró los oficios de Nelson Shack de la Contraloría, Aldo Vásquez de la JNJ y Walter Gutiérrez de la Defensoría enviados a Manuel Merino, donde argumentan que no tienen el respaldo legal para ser observadores en el proceso.
Es relevante recalcar que este dictamen establece la creación de una comisión especial para que trabaje en conjunto con las tres entidades con el fin de que se encarguen del proceso del concurso público para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional.
De igual manera, las sesiones de la comisión especial serán públicas y contarán con la presencia como veedores del defensor del Pueblo, del presidente de la JNJ y del contralor.
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Finamente, la Contraloría se encargaría del examen y de la declaración jurada de intereses de los candidatos. Además, del resultado a la comisión especial, antes de la entrevista personal.
Esta normativa aprobada en la Comisión de Constitución modifica el artículo 8 y 11 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con lo cual se eliminaría el mecanismo por invitación, asignando un concurso público de méritos para elegir a los magistrados de la entidad.
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