Comparte rol de jueza, esposa y hasta su laptop con su hijo

La cuarentena no es pretexto para no trabajar, más aún si se trata de impartir justicia. Pese a sus limitaciones de infraestructura, la jueza Julia Vivero Diez, de la Corte del Callao, desde la azotea de su vivienda, sigue adelante con los procesos judiciales que tiene pendientes.

No solo debe compartir su tiempo entre labores de jueza y ama de casa, sino también el uso de la única Laptop de la familia. Entre demandas por resolver, tiene que darse un espacio para permitir el uso de la computadora a su hijo que estudia derecho.

Manifiesta que ante la cuarentena, en su despacho quedaron cuatro procesos por resolver y al menos 65 casos para calificar. En vista que el tiempo pasaba y no había fecha para reiniciar el trabajo, decidió pedir que se le permita llevar los expedientes a su domicilio y resolver.

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Por lo pronto ya resolvió los cuatro casos que esperaban sentencia y está a punto de culminar los 65 casos que están en etapa de calificación.

La magistrada Vivero Diez no solo ha sabido enfrentar con trabajo las duras condiciones que ha originado la COVID-19, sino que también se enfrentó a algunos tentáculos de la mafia de los cuellos blancos.

En el 2012 se informó que denunció ante la OCMA al entonces presidente de la Corte del Callao, Daniel Peirano, por presuntamente haberle pedido dictar una medida para evitar el desalojo de un terreno en favor de tres empresas. La letrada se negó al pedido y, días después, fue reemplazada por la magistrada Kelly Ocampo, quien sí detuvo el desalojo.

No caer en las redes de la mafia le ha permitido tener una vida austera, con su familia en el Callao, a la que considera su mayor fortuna.

Previo al Día de la Madre, dice lamentar que muchas familias se vean privadas de encontrar justicia debido a la paralización de gran parte de las labores judiciales por la crisis sanitaria, pero se muestra optimista que habrá un nuevo impulso en el trabajo de jueces y fiscales para avanzar con los procesos y realizar una verdadera lucha contra la corrupción, respetando siempre el debido proceso.

Debido a problemas de salud que se viene tratando, a sus 55 años es una persona vulnerable frente al coronavirus, pero su afán por seguir con sus labores hizo que su esposo le implemente una oficina en la azotea de su vivienda, en el que no solo pueda realizar sus despachos judiciales, sino también tomar el sol.

“Desde el inicio de la cuarentena, ni mi esposo ni yo, hemos salido un solo día a la calle. Somos personas vulnerables con ganas de seguir trabajando por el país y nuestro deber es cuidarnos”, señaló.