Simon y Acuña: tras las coimas en Proyecto Olmos

El proceso de investigación preliminar en el que está inmerso el exgobernador regional de Lambayeque y actual congresista, Humberto Acuña Peralta, por el caso Lava Jato se dio a partir de una auditoría que detectó responsabilidad penal de él y otros exfuncionarios en la ejecución de las obras de trasvase del Proyecto Olmos, a fin de beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht.

Por este mismo caso, Yehude Simon Munaro está detenido por supuestos aportes ilícitos a su campaña de reelección en el 2006 a cambio del proyecto Olmos, convirtiéndose en el primer político de más alto nivel en caer por esta megaobra.

Pero además de Simón y Acuña, exconsejeros regionales y exfuncionarios de la región también se han visto implicados en el caso, que el Equipo Especial Lava Jato ha empezado a armar con revelaciones del exsuperintende Jorge Barata, la identificación de nueve ‘codinomes’ y un acervo documental.

Caída de Simón

Efectivamente, el consorcio que integró Odebrecht ganó la licitación en julio de 2004, durante el primer gobierno de Simon Munaro (elegido en noviembre de 2002). La Concesionaria Trasvase Olmos S.A. se hizo responsable de las obras de trasvase (primera fase) que incluían el túnel trasandino y la presa Limón.

Dos años después, en noviembre de 2006, Simon se convirtió por segunda vez en presidente regional de Lambayeque. La tesis del fiscal José Domingo Pérez es que esta reelección fue financiada por Odebrecht con dinero ilícito de la “Caja 2” por un monto total de 300 mil dólares.

En la disposición n°15 de la carpeta fiscal n°. 001-2018 a la que accedió La República, a parecen las actas de transcripción del sistema My Web Day y las declaraciones de Jorge Barata, quien declaró ante Pérez que los seudónimos ‘Gorno’ y ‘Terco’ están asociados a los pagos efectuados de las obras de trasvase.

En esta declaración del 30 de enero de este año, el ex Ceo de Odebrecht indica que dichos codinomes fueron usados de forma indistinta para hacer a pagos a Yehude Simon, Enrique Salazar Torres (exgerente del Proyecto Olmos Tinajones) y Luis Málaga Cocchella (exasesor de la PCM, hoy fallecido), con motivo de la campaña electoral del exgobernador. Los tres son investigados por el delito de lavado de activos.

Justamente en un interrogatorio del 13 de febrero pasado, el expresidente regional reconoció que Salazar fue tesorero de su partido en el año 2006, previo a las elecciones regionales.

Lo anterior tiene relevancia para el Ministerio Público cuando Jorge Barata confiesa que en el contexto de la concesión de trasvase hubo solicitudes de dinero de funcionarios, y que se efectuaron en la campañas electoral regional. Incluso, el exejecutivo brasileño afirmó que apoyó activamente la campaña de Simon desde abril de 2006.

Otro hecho relevante es que, según las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, los pagos ilegales fueron entregados a los condinomes ‘Gorno’ y ‘Terco’ hasta los años 2010 y 2011, respectivamente, y con la referencia ‘Concessao Olmos’. Además, la ‘Caja 2’ contiene registros de sobornos que se hicieron a destinatarios que los exejecutivos de la constructora llamaron: ‘‘Concessao Olmos’, ‘Comissao’, ‘CON1’, ‘CON2’, ‘CON’, ‘Gravata’ y ‘Jurid’.

Cabe indicar que a Simon también se les investiga por el delito de colusión, junto a Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font Quevedo, Patrick Barclay Méndez, Alberto Rojas Morote y Jorge Pasco Cosmópolis (exmiembros de Comité de Promoción de la Inversión Proyectos de Infraestructura), Luis Yulfo Zender y René Cornejo Díaz (exdirectores ejecutivos de Proinversión) y Eduardo Zárate León (expresidente de la Comisión Evaluadora de las Propuestas Ténica y Económica).

Acuña y su relación

Los favores a Odebrecht habrían continuado en la gestión sucesora de Humberto Acuña Peralta, actual congresista de Alianza Para el Progreso (APP), quien es investigado por el delito de colusión y por hechos de su primera gestión 2011-2014.

Al exgobernador se le imputa haber firmado tres documentos por las obras de trasvase en el 2011: dos relacionados con actas de reuniones de trato directo y la transacción extrajudicial con la concesionaria, en relación al Trasvase Olmos. Esto luego de haber solicitado autorización al Consejo Regional.

Para la Fiscalía y la Contraloría dichos documentos eran importantes, porque establecían reglas distintas a las previstas en el contrato para determinar el perjuicio económico y los mayores costos de las obras de trasvase; sin embargo, se firmaron sin ningún estudio técnico y legal.