Vela a Odebrecht: desisten de la demanda o serán investigados

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que ya hubo comunicación con la constructora brasileña Odebrecht para que desistan de la demanda de $1,200,000.00 presentada ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado Peruano.

En efecto, de acuerdo a Vela la empresa internacional, al igual que Graña y Montero, reconoció ser culpable de los delitos de corrupción en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, por lo que tienen que “compatibilizar estrategias” y evitar una investigación en su contra.

"Lo que nosotros hacemos porque tenemos que compatibilizar estrategias, es llamar a Odebrecht como lo hicimos en el caso de Graña y Montero cuando conocimos que demandaron al Estado. Los llamamos, nos reunimos y les hicimos saber nuestra postura al respecto”, declaró Vela Barba durante una entrevista en Exitosa el último viernes.

En esa misma línea, el coordinador del Equipo Especial, afirmó que ya pusieron “sobre la mesa” la opción para que Odebrecht no siga con el proceso de demanda al Perú y de no ser el caso serán investigados “con el mayor rigor”.

“Acá tenemos que ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso (Gasoducto Sur Peruano) porque si tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor”, agregó el fiscal.

En otro momento, dijo que, si Odebrecht sigue con su demanda, seria “un contrasentido" ya que ellos son los culpables. No obstante, aseveró que sería un asunto de ellos y que el Ministerio Público lo tomaría como un “gesto inamistoso que genera turbulencia, enrarece y le da municiones a quienes atacan la institución”.

Por otro lado, Rafael Vela recordó que estos pedidos de resistir demandas no son nuevos, pues ya se hizo con la empresa Graña y Montero a quién pidieron retirar la demanda pues sino habría una “incompatibilidad” referente al acta de culpabilidad firmada por el caso del Gasoducto Sur.

“Lo mismo hemos hecho con Odebrecht porque existe un acta de culpabilidad […] Lo procesal es que ellos determinen o ratifique el contenido del acta de culpabilidad que ya tienen con nosotros desde hace varios meses”, expresó.

Vela sobre demanda: “No tiene ningún sentido”

Días antes, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, aseguró que la demanda de Odebrecht ante el Ciadi “no tiene sentido” debido a que existe un documento de culpabilidad no solo está referido a los pagos a privados sino también “a los cargos que se le imputan” por los presuntos sobornos entregados.

“No tiene ningún sentido para nosotros y así se lo hemos hecho saber también a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa, sino existe la culpabilidad de las empresas Graña y Montero, y existe la declaratoria de culpabilidad de los señores José y Hernando Graña”, manifestó Vela en RPP.

Vela Barba argumentó que dicho documento de culpabilidad no solo está referido a los pagos a privados sino también “a los cargos que se le imputan” por los presuntos sobornos entregados a altos funciones públicos del Perú.

“Cuando Odebrecht se declara culpable de cargos, son cargos que el Ministerio Público le imputa, y en este caso no solo hay cargos de presuntos sobornos sino de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro”, detalló.

Demanda por US$1,200

Odebrecht anunció que interpuso una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano. La demanda de arbitraje presentada por la constructora brasileña alcanza los US$ 1.200 millones.

Fue a través de una carta firmada por Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, presidente y director de Odebrecht, le comunicaron a la Fiscalía que presentaron una demanda contra el Perú el 21 de enero último.

En ese contexto, afirmó que el Perú violó el marco del convenio firmado entre el Estado Peruano y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con relación a dicho proyecto.

Esta posición va contra el argumento del Estado que ratifica que el contrato con la empresa brasileña se culminó debido a que no obtuvo el financiamiento necesario para acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto para realizarse la obra.