Difícil calendario

El riesgo de que se complique el calendario electoral es serio, especialmente si se tienen a la vista los plazos ajustados y la disposición del fujimorismo y sus aliados de retrasar el debate del proyecto del Ejecutivo de adelantar las elecciones, y archivarlo, si pudieran.

Como ha señalado este diario, la idea original del Gobierno era que la discusión del proyecto se realice en el mes de agosto. Los planes del fujimorismo son otros; la Comisión de Constitución iniciaría el debate en setiembre, considerando que entre el 22 y 28 de este mes se llevará a cabo la semana de representación.

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Bajo el supuesto de que la iniciativa sea aprobada, se precisa del debate y de la aprobación en el Pleno del Congreso para luego expedirse la convocatoria al referéndum, un acto que debería llevarse a cabo en diciembre para que las elecciones sean convocadas ese mes.

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Incluso contando con la posibilidad de evitar el referéndum, como lo han sugerido algunas bancadas, y los arreglos para que en esta oportunidad se obvie la vigencia de los plazos electorales, la tendencia instalada es de la demora, una realidad de la que deberían hacerse cargo quienes son partidarios de la medida de adelantar las elecciones.

En esa tendencia, la principal actividad la desempeñan el fujimorismo y sus aliados, que han acumulado la debida experiencia en el retraso parlamentario con ocasión de los debates de la reforma judicial y política, respectivamente. El procedimiento conocido es la demora del debate en la Comisión de Constitución usando para el caso varios mecanismos, especialmente las largas jornadas de consulta a especialistas y la inclusión en la agenda de temas que no son prioritarios.

En esta oportunidad, la dinámica de retraso tiene al parecer un propósito, continuar con la campaña de desgaste del Gobierno, fomentar la probabilidad de la vacancia presidencial o forzar la presentación de una nueva cuestión de confianza para producir una discusión pseudoconstitucional que pretenda que el adelanto electoral es un ataque golpista al Congreso.

Una de las medidas que puede implementarse para sortear este riesgo de retraso es que, en aplicación plena de la Constitución y Reglamento del Congreso, el debate de la reforma constitucional se realice directamente en el Pleno del Congreso, sobre la base de la adopción de decisiones oficiales por las bancadas, un hecho que hasta ahora han evitado expresamente los grupos cuyos voceros se resisten, sin embargo, al adelanto electoral.