Concesión minera pone en riesgo de contaminación a cuatro lagunas en Písac
Doce comunidades campesinas se encuentran en alerta. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego.
- José María Balcázar debe presentarse en junio a juicio oral sino será declarado reo contumaz por caso ICAL de Lambayeque
- Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”
Cusco. En alerta se encuentran los pobladores de 12 comunidades campesinas del distrito de Písac, en la provincia de Calca, ante la concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a un particular. La entrega se hizo en el sector de Pampallacta, donde se encuentra una cabecera de cuenca, lo que podría afectar a cuatro lagunas que abastecen del líquido elemento a sus pobladores.
En diciembre de 2017, se dio luz verde a la concesión de una beta de plata a favor de Esteban Quispe Sikus, por una extensión de 100 hectáreas. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego en las localidades de Calca, Urubamba y Machupicchu.
TE RECOMENDAMOS
¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: Pobladores de Cusco y Apurímac inician paro en corredor minero
Autoridades ediles y comunales, ante la preocupación por el inicio de actividades de exploración y explotación de la denominada Huallata de Plata, emitieron una carta a la representante del Ingemmet en Cusco, María Milagros Corihuaman Gonzales, en la que solicitan la anulación de dicha concesión al considerarla inconstitucional, con base en la Ley de Tierras que dice: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad”. El hecho es que no se ha consultado a las comunidades que resultarían afectadas.
Otro punto, con el que argumentan su petición de anulación, es que se trataría de territorio de comunidades ancestrales, protegidas por el Estado. “Nuestras prácticas culturales están siendo perjudicadas, porque se ha habilitado que en nuestro territorio se realice actividad minera, sin nuestro consentimiento”, dicta parte de la misiva. Por su parte, el asesor legal de las comunidades de Písac, Jaime Borda, refirió que otorgar concesiones de pequeña minería está en manos de la Dirección Regional de Energía y Minas y del Ingemmet.
