Gianmarco León Ciliotta (*),¿Debemos mantener la obligatoriedad del voto? De ser así, ¿deben ser sancionados con una multa quienes no voten? Es uno de los puntos abordados por la Comisión de Alto Nivel para la reforma política en un informe que incluye un total de 12 propuestas que serán discutidas en el Congreso y que, de ser aprobadas, entrarían en vigencia el 2021. En un reciente estudio realizado en colaboración con Luis Martínez y Mariella Gonzales (de la Universidad de Chicago) examinamos este tema con información estadística muy detallada del Perú para estudiar los efectos de las multas por abstención. Para empezar, debemos tener en cuenta que desde el 2006 las multas electorales en el Perú son diferenciadas de acuerdo con el nivel de pobreza de cada distrito, es decir, son más bajas en los distritos más pobres. Esta medida, que a primera vista puede parecer lógica y justa (los que tienen menos, pagan menos), puede en la práctica incrementar las desigualdades. En primer lugar, el hecho de que la multa sea menor causa una brecha en participación de hasta 5 puntos porcentuales entre los distritos pobres extremos y los no pobres, lo que puede tener efectos negativos si lo que se busca es que las votaciones sean representativas y que tengan legitimidad. En segundo lugar, las multas diferenciadas hacen que muchos jóvenes que van a obtener su DNI por primera vez intenten registrar su dirección en un distrito más pobre para así, eventualmente, pagar una multa más baja. Esta diferencia (fraudulenta) en el registro electoral es relevante, pues los más jóvenes tenderán a votar con menor frecuencia y, a la larga, perderán representación política. En suma, la diferenciación de la multa por distritos puede generar distorsiones y desigualdades importantes en participación y representación. Si el objetivo es mantener una alta participación electoral, nuestro estudio muestra que la obligatoriedad del voto en sí es mucho más importante que los montos de la multa impuesta. Creemos, entonces, que el voto obligatorio es una buena forma de preservar la legitimidad de los resultados y que las multas deben mantenerse, pero en montos bajos e iguales para todos. (*) Profesor asociado del departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
