Casa de estudios superiores propone mayor prevención y atención a víctimas

El rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP, Amador Vilcatoma Sánchez, expuso la posición de esta casa de estudios superiores sobre la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad, debate descentralizado organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Durante su exposición en la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), en Huancayo, dónde se llevó a cabo este evento, el titular de la UNCP manifestó que se trata de un tema muy sensible y que su solución debe estar enfocada en la prevención y atención de las víctimas.

“Es fundamental abordar este tema con sensibilidad, considerando tanto las estadísticas de violencia como los derechos humanos y las implicaciones legales de cualquier cambio en la legislación penal”, señaló.

En ese sentido, afirmó que la UNCP ha suscrito convenios con la CSJJ y el Ministerio Publico para que durante las entrevistas a las víctimas se haga uso de la cámara Gessell y el Electroencelógrafo, dispositivos implementados en la Facultad de Educación.

Asimismo, que el Centro de Idiomas ofrece semibecas para estudiar quechua chanka y un diplomado en lenguaje de señas a los operadores de justicia de la región Junín, además de poner a disposición de las victimas a docentes especializados para hacer sus respectivas denuncias, en caso de que éstas no tengan al español como lengua materna.

Vilcatoma Sánchez señaló que la UNCP lleva a cabo el proceso de implementación del diseño curricular para la creación de la Escuela Profesional de Psicología, la misma que permitirá contar con más profesionales dedicados al tratamiento de la salud mental de la población en la región Junín.

Agregó que, a nivel interno, la UNCP ha conformado legalmente el comité de intervención frente al hostigamiento sexual, integrada por docentes y estudiantes; y que se ha integrado a la red de Defensoría Universitaria, conformada por universidades públicas y privadas de Huancayo para reglamentar los procesos legales ante los acosos sexuales.