Juez arremete contra policías y colectivos profesionales españoles que exigían equipos de protección contra COVID-19

Antonio Seoane, titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid ha negado la petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de sancionar al Ministerio del Interior por no proveerles de material de protección para trabajar en medio de la pandemia del coronavirus.

En el auto presentado por Seoane también se atacó duramente a todos los colectivos profesionales que han realizado demandas vía judicial por la misma causa.

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Al respecto, el juez señaló que “resulta sorprendente el goteo de solicitudes de medidas cautelarísimas que se está produciendo y que parecen carecer de cualquier objeto o, mejor dicho, que piden algo aparentemente razonable como es la disminución del riesgo de exposición al virus que padecen todos los colectivos que prestan servicios esenciales a la colectividad”.

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Además, refirió que las demandas interpuestas tienen intereses de por medio. “Sorprende igualmente no sean los sindicatos de clase mayoritarios del país los más representativos y aquellos que posiblemente representen a más trabajadores en esta deficiente situación los que planteen tales medidas sino sindicatos, legítimos, ‘de franja’ defensores de los intereses corporativos”, añadió.

El magistrado indicó que estas agrupaciones que defienden intereses corporativos tienen una representación minoritaria y sus opciones ideológicas son opuestas a la del gobierno. Sin embargo, se han emitido disposiciones para un colectivo del mismo sector, por lo que “parece que ahora se desata una guerra sindical para hacer lo mismo que han hecho otros”, mencionó.

Es así que estas demandas, para el juez, no son más que “solicitudes apodícticas imposibles e inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al gobierno en tan crítica situación”.

“Sería una medida inútil”

Seoane explicó que adoptar esa medida no sería útil, ya que “si no hay equipos o no hay suficientes, el requerimiento judicial no los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente”.

Asimismo, dijo que los juzgados no tienen la potestad de diligenciar en la crisis: “Y si se van adquiriendo más [equipos], como es deseable y creemos que ya está sucediendo, corresponderá en todo caso a la dirección única de la crisis la determinación de cuál sea el destino de los mismos. Nada tienen que decir los juzgados que carecemos de la precisa especialidad para gestionar una crisis sanitaria”, concluyó.