Judicialidad

Los juzgados de Familia del distrito judicial de Sullana dictaron 3,127 medidas de protección a víctimas de violencia

Juzgados de Familia de Sullana, Talara y Ayabaca emiten 3,127 medidas de protección en 2024, asegurando la integridad de víctimas de violencia familiar.

Los juzgados de Familia de Sullana, Talara y Ayabaca han otorgado 3,127 medidas de protección entre 3,324 denuncias por violencia contra la mujer en lo que va del año. Fuente: Difusión.
Los juzgados de Familia de Sullana, Talara y Ayabaca han otorgado 3,127 medidas de protección entre 3,324 denuncias por violencia contra la mujer en lo que va del año. Fuente: Difusión.

Los juzgados de Familia de Sullana, Talara y Ayabaca de la Corte Superior de Justicia de Sullana han brindado 3,127 medidas de protección de un total de 3,324 denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ingresadas desde enero hasta noviembre del presente año.

De acuerdo a las fichas de valoración de riesgo elaboradas por la policía o el equipo multidisciplinario de los juzgados de Familia de la corte, se han detectado, en el periodo referido, 194 casos de víctimas con riesgo severo, ordenando como una de las medidas de protección la instalación en el celular de la persona maltratada del aplicativo “Botón de Pánico” por el cual va a recibir auxilio inmediato de la policía y serenazgo.

El juzgado de Sullana sub especializado en violencia contra la mujer que despacha la jueza Janet Herrada Guerrero dictó 1973 medidas de protección como el retiro del agresor del hogar, impedimento de acercamiento, u prohibición de comunicación con la víctima por vía telefónica, redes sociales y otros.

Respecto al juzgado de Talara a cargo de la jueza Sheilla Crisanto Cerón se ordenó 594 medidas de protección, le sigue el juzgado mixto de Ayabaca del juez Carlos Lindo con 310 y finalmente el juzgado de paz letrado de Los Órganos de Cinthia Imán de la Cruz con 250 acciones de precaución ante cualquier indicio de violencia.

Las medidas de protección son disposiciones judiciales que tienen por finalidad asegurar la integridad, física, psicológica y sexual de la víctima o la de su familia de tal manera que tengan un desarrollo normal de sus actividades cotidianas.

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