Donald Trump utilizaría controvertida 'Ley de Enemigos Extranjeros de 1798' para agilizar las deportaciones masivas en EE. UU.
Expertos advierten que la aplicación de esta norma podría enfrentar serios desafíos legales. El destino de los migrantes deportados sigue siendo un tema de debate en la administración.
El gobierno de Donald Trump se está preparando para invocar una mayor autoridad en un contexto de crisis, con el fin de agilizar su plan de deportaciones masivas, según revelaron múltiples fuentes cercanas a las discusiones. Durante su discurso inaugural, el presidente mencionó su intención de recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación poco conocida del siglo XVIII, como parte de su estrategia para endurecer las políticas migratorias.
Esta medida otorgaría al mandatario amplios poderes para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, expertos legales han advertido que la aplicación de esta norma enfrentaría desafíos judiciales considerables. Según tres fuentes citadas por CNN, diversas agencias gubernamentales están evaluando cómo podría implementarse esta legislación.
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El Tren de Aragua, el principal objetivo de la medida de Trump
De acuerdo con tres fuentes, el foco inicial de la estrategia se centra en la banda Tren de Aragua, que recientemente fue designada como organización terrorista extranjera. Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN: "Etiquetar a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera fue el primer paso".
Cabe destacar que, en las últimas semanas de su campaña, Trump había reiterado su intención de invocar esta ley para deportar a presuntos miembros de grupos criminales y cárteles de la droga. En repetidas ocasiones, ha señalado al Tren de Aragua y ha sostenido afirmaciones controvertidas sobre su supuesta presencia en Aurora, Colorado, como justificación para la aplicación de esta legislación de guerra.
Debates sobre el destino de los migrantes deportados
Las discusiones actuales también abarcan el destino de los migrantes afectados por la medida. Aunque Venezuela ha aceptado la repatriación de sus ciudadanos, la cantidad de vuelos de retorno sigue siendo limitada. Como alternativa, se han considerado acuerdos con países como El Salvador para recibir migrantes de terceros países.
El uso de esta ley ha sido propuesto con frecuencia por sectores de línea dura en temas migratorios, ya que permitiría acelerar las deportaciones al margen del sistema judicial de inmigración. A diferencia de los procesos convencionales, las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no requieren la intervención de los tribunales de inmigración, los cuales brindan a los migrantes la posibilidad de solicitar protección y defender su permanencia en el país.
