TPS para venezolanos en USA: Gobierno de Trump recibe 2 demandas por rescindir el Estatus de Protección Temporal
Las organizaciones CASA y Make the Road New York han promovido una acción federal alegando que la eliminación del TPS pone en riesgo la vida de 600,000 venezolanos en Estados Unidos, obligándolos a enfrentar una crisis humanitaria en su país.
Dos demandas han sido interpuestas en contra de la administración Trump por su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, argumentando que esta medida es inconstitucional y discriminatoria. Según NBC News, los demandantes, que incluyen a un grupo de venezolanos en California y organizaciones de defensa de inmigrantes en Maryland, buscan revertir la terminación de estas protecciones temporales que afectan a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos.
Las organizaciones CASA y Make the Road New York anunciaron el jueves una demanda federal en nombre de sus miembros, quienes podrían enfrentar la deportación tras la decisión del presidente. Según los grupos, la finalización del TPS en abril y septiembre es un acto que no solo pone en riesgo a los venezolanos, sino que también refleja un sesgo racial en la política migratoria del país.
Argumentos de los demandantes del TPS para venezolanos
En un comunicado, los grupos de derechos de los inmigrantes expresaron que “esta acción inconstitucional obliga a casi 600,000 venezolanos y sus familias a enfrentar la posibilidad de regresar a un país que atraviesa una de las peores crisis humanitarias en la historia del Hemisferio Occidental”. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland, en Greenbelt, contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretaria, Kristi Noem.
Una madre soltera venezolana y miembro de CASA, identificada como E.B., comentó que la decisión de la administración Trump “no solo amenaza mi vida, sino también la de mi hijo, mis padres ancianos y la vida que hemos luchado por construir”. E.B. enfatizó que “esta demanda no es solo sobre mí: se trata de cada titular de TPS que ha construido una vida aquí, cada padre que lucha por el futuro de su hijo y cada familia que se ve sumida en una crisis de la noche a la mañana”.
TPS 2025: reacciones de la administración y contexto legal
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre las demandas. Antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden extendió la protección temporal contra la deportación para los venezolanos hasta 2026. Tras la orden de Trump, el TPS para aproximadamente 350,000 venezolanos que se hicieron elegibles en 2023 finalizaría en abril, mientras que el TPS para aquellos que se hicieron elegibles en 2021 terminaría en septiembre.
El TPS se otorga a inmigrantes en EE. UU. que no pueden regresar a sus países debido a desastres naturales o agitación política, aunque no proporciona un camino hacia la ciudadanía. Harold Solis, co-director legal de Make the Road New York, afirmó que “la decisión de la administración Trump de anular y rescindir el Estatus de Protección Temporal para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de igualdad de protección de nuestro país”. Solis añadió que “en su núcleo, la decisión está motivada racialmente, como lo reflejan numerosas declaraciones del presidente y su administración que denigran a las personas de este país”.
Demanda contra el DHS en San Francisco
El abogado también advirtió que “aunque la demanda de hoy se centra en los venezolanos y la protección de sus derechos, no se equivoquen: esto es mucho más grande que proteger a inmigrantes de un solo país. Con esta acción, la administración está atacando a los venezolanos, pero han dejado claro que tienen la intención de deportar, aterrorizar y desmantelar a todas las familias inmigrantes”.
Una demanda federal separada contra el DHS y Noem fue presentada en San Francisco el miércoles por siete venezolanos y la Alianza Nacional TPS. Ambas demandas citan comentarios realizados por funcionarios de la administración Trump, que los defensores afirman demuestran que las acciones del presidente fueron motivadas racialmente y discriminatorias, prohibidas por la Cláusula de Igual Protección de la Quinta Enmienda.
