Ollanta Humala y el primer juicio a un partido político

Haber casi desaparecido de la escena pública durante los últimos años ha favorecido la situación judicial del expresidente Ollanta Humala. Si esto es suficiente para que vuelva a la presidencia, es difícil decirlo.

Las investigaciones todavía lo acompañarán algunos años, y si sube en las encuestas, aparecerán nuevos “colaboradores eficaces” o los ya conocidos empezarán a renovar su memoria.

A cuatro años y cinco meses de dejar el gobierno, Humala solo tiene una acusación por lavado de activos que habría cometido el 2006 y 2011 antes de ser presidente. Por este caso, él y Nadine cumplieron nueve meses de prisión preventiva.

Las sospechas de corrupción en su gobierno no logran echar raíces. El 27 de febrero de este año, la fiscal Geovana Mori inició indagación preparatoria por Gasoducto del Sur, con los mismos argumentos políticos de la comisión investigadora del Congreso.

El punto es que Odebrecht y el colaborador eficaz Jorge Barata no reconocen haber realizado pagos ilícitos a funcionarios públicos en un proyecto privado para cuya construcción ya habían obtenido permiso, en el gobierno aprista.

Sobre el “Club de la Construcción” se mantienen las sospechas solo sobre Nadine Heredia, bajo la hipótesis de que está mafia operó solo del 2011 al 2014.

Acusación

En mayo del 2019, el fiscal Germán Juárez presentó acusación contra Humala, Nadine Heredia y otras 11 personas por lavado de activos, en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Para Humala pide 20 años de prisión, para Nadine, hasta 26 años y 6 meses de prisión. Además, de penas entre 10 a 26 años para otras 11 personas. También pide que de dictarse sentencia condenatoria, se ordene la disolución del Partido Nacionalista.

Según la Fiscalía, Humala y Nadine recibieron aportes en un monto indeterminado del gobierno venezolano de Hugo Chávez que utilizaron en la campaña del 2006 del Partido Nacionalista Peruano.

Luego, por recibir un aporte de tres millones de dólares del Partido de los Trabajadores de Brasil, a través de la constructora Odebrecht, para la campaña electoral del 2011.

Desde julio del 2019, el caso se encuentra en “control de acusación”, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, a fin de que el proceso avance al juicio público que definirá la situación de Humala y el Partido Nacionalista.

La sentencia se dictaría el 2022

Se considera que la segunda semana de enero próximo termine el Control de Acusación y el juez Richard Concepción remita el proceso a otro juez para que realice el juicio.

Está pendiente un recurso ante la Corte Suprema para que se defina si un aporte de campaña es delito de lavado de activos. El juez Richard Concepción consideró que este es un tema que debe resolverse en el juicio.

En abril próximo comenzaría el juicio, por lo que es de esperar que la sentencia se dicte el 2022.

Un gasto de campaña no es lavado

Julio César Espinoza, abogado.

Habíamos proyectado que este año se realizaría muy probablemente el juicio oral, sin embargo, la emergencia sanitaria y luego la reanudación de la fase intermedia a través de audiencias virtuales hizo que hasta la fecha sigamos en la fase de control de acusación la misma que, debería culminar en un mes más.

Por ello proyectamos el inicio del juicio oral aproximadamente para el mes de abril del próximo año. Lo gravitante del caso es que será el primer juicio por aportes a campañas políticas y todo lo que allí se decida marcará un precedente importante para los demás casos que vienen investigando hechos similares a los diferentes partidos políticos por supuesto delito de lavado de activos.

Son dos los temas relevantes que serán el centro de la discusión jurídica.

El primero, definir que los aportes a campañas electorales realizados en años anteriores a la vigencia del delito de financiamiento ilegal de campañas políticas (vigentes desde agosto desde el año pasado), esto es, campañas 2006 y 2011 no constituyen delito de lavado de activos, pues, independientemente de negar un supuesto aporte proveniente del extranjero, tal como está planteado la hipótesis de la fiscalía, no existe lavado de dinero si es que el aporte realizado constituyó una donación que se utilizó para los diversos gastos de campaña electoral.

El gasto para consumo no es lavado de activos. Lavar dinero, significa en términos simples, limpiar un activo, dándole legalidad para seguir usándolo (ya limpio), es decir, para volver insertarlo en la economía, reintegrarlo a la economía.

Esa secuencia, natural del delito de lavado de activos, no ha sucedido en el caso imputado en el que, como explico, se atribuye haber recibido un aporte para gastarlo en una campaña política. Será entonces el poder judicial el que deberá definir ello y lo que se decida en nuestro caso, tendrá un efecto crucial en los casos de los otros partidos políticos.

El otro tema importante es el referido a la obtención ilegal de las denominadas agendas cuya exclusión hemos solicitado por considerarlas prueba prohibida.

Es innegable que se trata de información privada, extraída además ilegalmente del domicilio de la familia Humala-Heredia y que luego fue objeto de diversos actos de manipulación (incluso fueron llevados al extranjero por un ex congresista), todo ello antes de ser recibidos por la Fiscalía.

Por esa razón, seguiremos alegando la afectación a los derechos fundamentales a la intimidad, privacidad y propiedad y, estamos seguros que finalmente el tribunal de juicio los excluirá.

Planteado así el estado del caso confiamos en que un tribunal imparcial, alejado de cualquier avatar político y respetuoso del debido proceso, terminará imponiendo la razón.

Procesados

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