Más allá de las cifras de pobreza

Por: Sergio Reyes Landa, profesor del área de finanzas de la Universidad de Piura

El reciente reporte del INEI sobre pobreza monetaria muestra una reducción de la pobreza en 2025. La cifra pasó de 27,6% a 25,7%, lo que significa que alrededor de 567.000 personas dejaron esta condición. Sin embargo, los resultados todavía reflejan un problema social de enorme magnitud: más de 8,8 millones de peruanos continúan en situación de pobreza y el país aún no logra retornar a los niveles previos a la pandemia: actualmente existen 2,3 millones más de personas en pobreza que en 2019.

Las cifras, aunque muestran cierta recuperación, también evidencian un problema profundamente estructural. La pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos y persisten limitaciones en acceso a salud, educación, empleo de calidad, nutrición y servicios básicos. Por eso, centrar el debate únicamente en la variación anual del indicador resulta insuficiente para comprender la verdadera dimensión del problema.

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Y justamente ir más allá de la cifra implica reconocer que la pobreza no se manifiesta igual en todo el país. Persisten profundas diferencias entre regiones y entre el ámbito urbano y rural. Los datos reflejan una fuerte concentración territorial del problema: Cajamarca y Loreto registran niveles de pobreza superiores al 40%, mientras que Puno y Pasco superan el 36%. En contraste, regiones como Ica y Moquegua presentan niveles considerablemente menores, lo que refleja condiciones de desarrollo profundamente desiguales.

Estas diferencias exigen estrategias priorizadas según la magnitud y características del problema en cada territorio. Las regiones con mayores niveles de pobreza demandan intervenciones sostenidas en infraestructura, salud, educación, conectividad y desarrollo productivo. Esta necesidad se vuelve aún más evidente en el ámbito rural, donde la pobreza pasó de 39,3% a 35,5%, pero las brechas continúan siendo profundas: más de un tercio de la población permanece en situación de pobreza, con mayor incidencia de pobreza extrema y persistentes limitaciones en acceso a servicios básicos y oportunidades productivas sostenibles.

Protección social

En este escenario, fortalecer la protección social debe convertirse en una prioridad nacional. Ello no solo resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en situación de pobreza, especialmente en ámbitos como la salud, el empleo y las pensiones, sino también para reducir el riesgo de que una parte importante de la población vulnerable termine cayendo en esta condición frente a cualquier choque adverso.

Según el INEI, el 32,8% de la población peruana se encuentra en condición de vulnerabilidad económica, apenas por encima de la línea de pobreza.  La experiencia de la pandemia dejó una lección clara: una enfermedad grave, la pérdida del empleo o el cierre de un pequeño negocio pueden hacer que una familia retroceda en pocos meses todo lo que tardó años en construir.

Este desafío se vuelve aún más complejo en un país marcado por elevados niveles de informalidad. Las cifras del INEI muestran que entre la población en situación de pobreza el 89,1% trabaja en condiciones informales.  Esto significa ausencia de estabilidad laboral, limitada protección previsional y escaso acceso a mecanismos de seguridad económica. Así, combatir la pobreza exige también una estrategia más decidida para reducir la informalidad, especialmente entre las micro y pequeñas empresas.

De allí que el reto no consista únicamente en generar más empleo, sino en mejorar su calidad y sostenibilidad. Una economía con altos niveles de trabajo sin protección social difícilmente podrá reducir de manera sostenida sus niveles de pobreza.

Micro y pequeñas empresas

En ese contexto, fortalecer a las micro y pequeñas empresas resulta fundamental para que la reducción de la informalidad pueda traducirse en mayores oportunidades de desarrollo. Por ello, las políticas públicas deberían orientarse no solo a facilitar la creación de empresas, sino también a acompañar su crecimiento mediante inclusión financiera, capacitación, asistencia técnica y reducción de barreras regulatorias.

La experiencia internacional demuestra que las micro y pequeñas empresas pueden convertirse en herramientas efectivas en la lucha contra la pobreza cuando logran integrarse a cadenas productivas, acceder a mercados y fortalecer capacidades de gestión.

Inversión en capital humano

Bajo esa misma lógica, cualquier esfuerzo orientado a reducir la pobreza será insuficiente si el país no prioriza seriamente la inversión en capital humano. Sobre ello, la educación continúa siendo una de las herramientas más importantes de movilidad social y, en un país donde las posibilidades de desarrollo siguen siendo desiguales, uno de los mecanismos más efectivos para romper los ciclos de pobreza intergeneracional. Sin embargo, el Perú mantiene problemas de calidad educativa, infraestructura deficiente y brechas de aprendizaje que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

En este escenario, preocupa que programas dirigidos a ampliar oportunidades educativas para jóvenes de bajos recursos enfrenten restricciones presupuestales. Intervenciones como Beca 18 o Beca Bicentenario representan oportunidades concretas de movilidad social para miles de estudiantes talentosos y son herramientas valiosas para el desarrollo del capital humano; su desfinanciamiento solo indica una inadecuada priorización de políticas públicas nacionales.

A este escenario complejo se suman problemas de nutrición y salud infantil que continúan limitando el desarrollo de miles de niños desde sus primeros años de vida. La anemia sigue siendo uno de los ejemplos más preocupantes. Según la Endes 2024, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses presenta anemia en el país. Más allá de tratarse de un problema de salud pública, ello implica menores capacidades de aprendizaje, limitaciones cognitivas y efectos que pueden condicionar la productividad futura.

Precisamente por ello, el país requiere una mirada más integral de la educación. Se necesitan mayores esfuerzos en infraestructura educativa, fortalecimiento de la calidad docente, nutrición infantil y mejores condiciones de aprendizaje para millones de niños y jóvenes. Apostar por el capital humano no debería ser una política secundaria, sino uno de los principales ejes de desarrollo nacional, pues el desarrollo sostenible no puede construirse sobre sistemas educativos débiles ni sobre generaciones que crecen con oportunidades profundamente desiguales.

Desafíos económicos y sociales

En este orden de ideas, y después de casi quince años de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también corresponde evaluar con mayor profundidad el alcance y sostenibilidad de las políticas implementadas para seguir fortaleciendo las estrategias de lucha contra la pobreza y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los nuevos desafíos sociales y económicos y repensar la pobreza.

Ello implica colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas, a través de intervenciones capaces de ampliar capacidades, generar oportunidades y construir condiciones para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida sostenibles.

En esa línea, el Estado también debe avanzar hacia la construcción de mecanismos de mayor participación ciudadana que permitan a las personas en situación de pobreza participar en el diseño y evaluación de las políticas orientadas a atender sus necesidades.

Bajo esta perspectiva, el Perú necesita volver a discutir el desarrollo. El crecimiento económico es indispensable, pero por sí solo no garantiza bienestar ni mayores oportunidades para todos. Mientras una parte importante de la población continúe enfrentando precariedad laboral y servicios públicos deficientes, el país seguirá conviviendo con niveles de pobreza que perpetúan desigualdades y limitan las posibilidades de progreso de millones de familias. Tomar acción es imperativo.