Economía

Crecimiento al 6%, inviable: agro, industria y mypes sin plan

MARGINADOS. Mientras el Gobierno celebra cifras sueltas y promesas sin calendario, el corazón productivo del país —del campo a la manufactura y más allá de la minería— sigue fuera del radar. Expertos advierten que sin una estrategia clara el crecimiento seguirá estancado en la mitad de su potencial.

El mensaje a la nación estaba fue de títulos vacíos y una narrativa desconectada de la realidad productiva del país. Foto: composición LR
El mensaje a la nación estaba fue de títulos vacíos y una narrativa desconectada de la realidad productiva del país. Foto: composición LR

En más de cuatro horas y con sobredosis de verbo, Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación, leyó 82 páginas para decir, en el fondo, casi nada. Como bien se ha descrito para este informe, predominó la vaguedad, en un intento por abarcar todo excepto aquello que impacta directamente en el crecimiento económico del país: la exclusión de la agricultura familiar, la ausencia de una hoja de ruta industrial, y la creciente inseguridad ciudadana que paraliza la inversión y asfixia al pequeño empresario.

Y es que el Perú debería estar avanzando a un ritmo anual del 6%, como afirman distintos economistas y analistas, pero llevamos años moviéndonos en la mitad de esa cifra, que es sinónimo de subdesarrollo y, como lo resiente el bolsillo, estancamiento.

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ASFIXIA EMPRESARIAL

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, calificó la gestión de Dina Boluarte como ausente frente a las necesidades de las micro y pequeñas empresas (mypes). En declaraciones para La República, advirtió que cada año cierran más de 200.000 negocios, y en períodos especialmente difíciles —como el último—, la cifra se aproxima al medio millón.

Pese a esa fragilidad estructural, la presidenta evitó reconocer en su discurso la magnitud de los problemas que hoy asfixian al sector, como el avance del ‘crédito gota a gota’, una práctica que extorsiona a bodegas, mercados y otros micronegocios vulnerables.

“La única manera de enfrentar ese problema es mejorando el acceso al crédito para las mypes”, sostuvo Hermoza.

En esa misma línea, cuestionó la efectividad de programas como Con Punche Perú. Según sus cálculos, si los beneficiarios fueron unos 250.000, apenas representan una fracción del universo de más de tres millones de unidades formales. También criticó la gestión del programa Compras a MYPErú, al señalar que está mal administrado y que los impactos reportados han sido exagerados.

Hermoza recordó que el Estado aún mantiene deudas con proveedores de bienes y servicios, como las empresas que realizaron trabajos de descolmatación de ríos, y que siguen esperando sus pagos desde 2023.

“El Estado se desespera por pagar la deuda de Petroperú, pero no honra las deudas con el empresariado local”, reprochó.

Para el dirigente, los esfuerzos del gobierno han sido dispersos y carecen de una estrategia integral que atienda las urgencias del sector: financiamiento accesible, acceso real a compras estatales y un entorno seguro para operar.

INDUSTRIAS SIN HOJA DE RUTA

Jesús Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cuestionó en diálogo con este diario la seriedad de la supuesta política nacional de desarrollo industrial descentralizado anunciado dado el patrón de promesas vacías.

“¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo se aterriza? Es puro titular, puro populismo”, sentenció.

El dirigente no dudó poner como ejemplo la construcción de obras como el Parque Industrial de Ancón, el complejo policial de Chancay, y su plan de acompañamiento policial.

Asimismo, Salazar Nishi lamentó que el mensaje presidencial omitiera referencias clave como la nueva Ley de Industrias, actualmente en el Congreso, y la denominada Ley Chlimper 2.0. También cuestionó el anuncio de ampliar la frontera agrícola, recordando que proyectos emblemáticos como Majes-Siguas II y Chavimochic III siguen paralizados.

“Si el Perú aún registra crecimiento, es gracias a la resiliencia del sector empresarial”, afirmó.

Desde su perspectiva, la falta de una estrategia concreta para potenciar la industria manufacturera evidencia que el Ejecutivo no comprende el rol de este sector como motor del desarrollo.

AGRO FAMILIAR EXCLUIDO

Ahora bien, la reciente intención del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, de incluir la denominada Ley Chlimper 2.0 en un eventual paquete de decretos legislativos ha despertado fuertes críticas desde diversos sectores vinculados a la pequeña agricultura.

Luis Cruz, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), advirtió en entrevista que este proyecto de ley, lejos de beneficiar al agro nacional, profundiza el abandono de la agricultura familiar al privilegiar a grandes empresas agroexportadoras. Y, al igual que Salazar Nishi, cuestionó duramente el enfoque del mensaje presidencial en materia agraria, señalando que la única prioridad expuesta fue la ampliación de la frontera agrícola a través de nuevas irrigaciones.

“[Dina Boluarte] no solo ignoró las demandas del agro familiar, sino que refuerza una política económica totalmente desconectada del mundo rural”, declaró.

Conveagro rechaza el impulso a la Ley Chlimper 2.0, que acusan de concentrar beneficios tributarios y laborales en alrededor de 50 grandes agroexportadoras. Asimismo, muestran preocupación por las medidas adicionales que el ministro ha planteado como parte de este paquete legislativo, ya que facilitarían que las grandes agroexportadoras participen en compras estatales destinadas originalmente a los pequeños productores.

Para Cruz, tanto el Ejecutivo como el Ministerio de Agricultura han dejado en claro su alineamiento con estos intereses empresariales, excluyendo de sus planes a los más de dos millones de pequeños agricultores del país.

A su vez, calificó de “chantaje” las declaraciones del ministro Manero al diario Gestión, donde dejó abierta la posibilidad de que la norma sea aprobada por decreto si el Congreso no la respalda.

Cabe recordar que el proyecto ya fue frenado en el Parlamento este año, gracias a la presión de diversas organizaciones sociales y gremiales, como la propia Conveagro, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y las rondas campesinas.

En este contexto, la central sindical acusó al Gobierno de empujar a miles de trabajadores a la pobreza, la informalidad y la precariedad, mientras favorece a grandes agroexportadoras con beneficios fiscales. Denunció un “shock desregulatorio” orientado a desmontar derechos laborales, el retiro de beneficios sociales al personal de salud, el congelamiento de la RMV y la eliminación de programas de empleo.
Sobre las propuestas tecnológicas del Gobierno, como el llamado Yape agrario, Cruz fue tajante: el verdadero problema está en las barreras estructurales para acceder al crédito formal.

“Solo el 19% de los pequeños productores tiene títulos de propiedad, y eso los excluye automáticamente. Por eso, los fondos no llegan”, subrayó.

OPORTUNIDAD DESPERDICIADA

En suma, el mensaje presidencial fue una oportunidad desperdiciada para relanzar la economía apelando a decisiones rápidas, sostenibles y técnicamente viables.

Así lo afirmó Juan José Marthans, exsuperintendente de Banca y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien agregó que el gobierno de Dina Boluarte no ha sabido diferenciar entre medidas de emergencia y reformas de largo plazo.

En lugar de corregir desequilibrios, se ha optado por bonos improvisados, créditos suplementarios y anuncios fragmentados que reflejan un uso clientelista del presupuesto.

A esto se suma una concentración de decisiones sin visión descentralista: se mencionaron las 24 regiones, pero se obvió que muchas no tienen capacidad técnica para ejecutar proyectos complejos, y que buena parte de los recursos transferidos cada año retornan sin ser utilizados.

Finalmente, Marthans advirtió una omisión clave: no se hizo referencia al nuevo contexto geopolítico, marcado por el resurgimiento del proteccionismo ante una posible reelección de Donald Trump. Este giro podría afectar directamente al Perú, especialmente en el comercio de minerales y frente al avance de capitales chinos en sectores estratégicos.

Además, se desaprovecha una coyuntura internacional favorable: el cobre supera los US$4 por libra y el oro los US$3.300 la onza, precios que representan una oportunidad histórica para dinamizar la inversión minera y la recaudación, pero que no están respaldados por una estrategia económica clara.

“Lo que se escuchó fue una ilusión de reactivación”, concluyó.

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