Uno de cada dos limeños ha visto cerrar negocios del barrio por la criminalidad

El 32% de peruanos asegura que en los últimos 12 meses, los negocios que ellos solían frecuentar –como bodegas, peluquerías o restaurantes– han cerrado o limitado sus actividades por causa de la delincuencia. Así lo revela el Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, de Credicorp, BCP y Capital Humano y Social realizado por Ipsos Perú.

Sin embargo, el impacto de la inseguridad ciudadana en la actividad económica del país se expresa con mayor fuerza en Lima, donde un 50% (1 de cada 2) de la población mayor de edad –es decir, aproximadamente 4 millones 200.000 personas– ha constatado la restricción o el cierre de actividades económicas que ellos, o alguien de su barrio, frecuentaban.

PUEDES VER: Perú figura entre los 15 países más difíciles para hacer negocios: los factores que 'hunden' el clima de inversión

“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, apuntó el exviceministro del Interior y coautor del informe Ricardo Valdés. “Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”, agregó.

Este impacto es menor en el interior del país –donde casi la cuarta parte, un 23% de la población adulta, ha enfrentado cierres o restricciones como consecuencia de la inseguridad–.

Sin embargo, fuera de Lima, es la zona urbana (29%) la que viene registrando con mayor fuerza este efecto, frente a la zona rural (10%), en relativa coincidencia con la diferencia entre ambos ámbitos que reflejan las cifras de victimización del INEI.

Los niveles socioeconómicos que más reportan este impacto son los segmentos AB (42%) y C (42%), mientras que en el DE (24%) la afectación es menor. Por edad y género, la incidencia fluctúa entre el 30% y el 34%, sin diferencias significativas entre estas segmentaciones.

Estado de Emergencia no les sirve

El estudio también muestra que el 36% de los peruanos asegura vivir en zonas que han sido declaradas en emergencia por inseguridad. Nuevamente, Lima concentra la mayor proporción (60%), mientras que en el interior del país la cifra es del 24%.

Sin embargo, la evaluación ciudadana sobre estas medidas es mayoritariamente crítica: Solo un 9% del total general considera los resultados del estado de emergencia como “Muy buenos” (2%) o “Buenos” (7%); mientras que el 52% los califica como “Muy malos” (22%) o “Malos” (30%).

La valoración de la población en el interior del país es algo más benigna, ya que el 47% la califica como “Regular”. Sin embargo, también se observa una marcada inclinación.

La inseguridad ciudadana va más allá de los riesgos para la integridad física, la economía o las posesiones materiales, pues se traduce en el impacto emocional: el 75% de los peruanos reporta haber sufrido ansiedad o estrés como consecuencia directa de la inseguridad. Esta cifra sube al 89% en Lima, pero el problema es nacional y afecta tanto a zonas urbanas como rurales.

Por ello, tendría sentido incorporar esta variable en las políticas de atención y negativa: el 41% la considera “Mala” o “Muy mala”, frente a un 12% que la valora positivamente. Por el contrario, en Lima, el 59% califica negativamente los efectos del estado de emergencia.

Otro indicador no menor son los mensajes fraudulentos. El 70% de peruanos se siente poco o nada seguro para identificar un intento de phishing (técnica de ciberdelincuencia que busca engañar a las personas para que revelen información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, información bancaria).

Los mensajes sospechosos llegan principalmente por mensajes de texto SMS (27%) y WhatsApp (26%), y muchos usuarios no saben cómo reportarlos ni a qué autoridad acudir.

El informe también alerta sobre el crecimiento sostenido de la extorsión, un delito cuyas denuncias se han triplicado desde el 2018. Sin embargo, el número de personas encarceladas por este crimen no ha crecido en la misma proporción.

Además, consigna el documento, las cifras de homicidios registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP) han comenzado a distanciarse drásticamente de las del Sinadef: de un promedio del 76% de coincidencia hasta el 2023, se ha pasado a solo 56% entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Este cambio no tiene aún una explicación clara, "lo que refuerza la importancia de contar con sistemas complementarios de seguimiento para ofrecer una mirada más completa del fenómeno".

"Lamentablemente, el Estado peruano abandonó el trabajo de “homicidios contados uno a uno”, que consistía en confrontar las cifras de todas las instituciones que podían aportar información, logrando así resultados plenamente certeros", señala el reporte.

Carlos Basombrío, exministro del Interior y autor del reporte, advirtió que "no se está logrando avances reales en la lucha contra la extorsión, y las cifras de detenidos lo evidencian. Así, es imposible revertir una tendencia tan extendida”.