MEF defiende beneficios tributarios en Ley Chlimper 2.0 para impulsar industria regional

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, defendió el enfoque de política industrial que impulsa el Gobierno y que busca replicar, bajo nuevos criterios, los efectos dinamizadores de la Ley N.° 27360 —más conocida como Ley Chlimper—, sin caer en subsidios directos ni en mecanismos de protección comercial. La estrategia apunta ahora a sectores como textiles, confecciones y orfebrería, con beneficios fiscales específicos, pero manteniendo una postura ortodoxa en cuanto a disciplina fiscal.

“La tasa de impuesto a la renta que se requiere para que esta industria sea competitiva no sea necesariamente el 30%”, explicó el titular del MEF en entrevista con RPP, al tiempo que recordó que muchas hectáreas aptas para agroexportación permanecieron inactivas bajo ese régimen general. “Cuando se planteó un escenario de impuesto a la renta más bajo, igual positivo, la actividad explotó”, añadió.

PUEDES VER: Fondo Monetario Internacional alerta sobre leyes del Congreso que golpean el fisco tras polémico fallo del TC que dio luz verde al gasto futuro

El funcionario aclaró que el otorgamiento de una tasa reducida del Impuesto a la Renta no debe confundirse con un subsidio. “El que tenga una industria puntual un beneficio tributario no implica un subsidio ni un mecanismo de protección”, sostuvo. De ese modo, busca marcar distancia de los esquemas de intervención estatal distorsionantes, y reforzar la idea de que se trata de medidas orientadas a mejorar la competitividad estructural de sectores con potencial exportador.

Críticas técnicas y advertencias sociales por impacto fiscal

No obstante, esta visión contrasta con las advertencias que ha hecho el propio Ministerio de Economía y Finanzas en su informe del 2024. Por ejemplo, en su evaluación sobre el nuevo régimen tributario para el sector agrario —propuesto por la Comisión Agraria del Congreso—, el MEF estimó que las medidas contempladas podrían implicar un impacto fiscal acumulado cercano a los S/19.000 millones entre 2025 y 2035.

PUEDES VER: Congreso aprueba Ley Chlimper 2.0 con beneficios tributarios para grandes agroexportadoras

Además, señaló que el total de gastos tributarios para 2025, que incluyen beneficios como tasas reducidas y exoneraciones, superaría los S/24.000 millones, lo que equivale al 41% de la inversión pública presupuestada para ese año.

A estas advertencias técnicas se han sumado también pronunciamientos desde el sector social y productivo. A través de un comunicado conjunto, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la CGTP, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otras organizaciones sociales exhortaron al Pleno del Congreso a frenar la aprobación del dictamen en segunda votación.

Según alertaron, de insistirse en su implementación sin una revisión técnica y participativa, el país podría enfrentar un nuevo escenario de convulsión social que agravaría la actual crisis de gobernabilidad.

“La historia y el país juzgarán las decisiones que se tomen hoy. De insistir en la aprobación del dictamen, somos conscientes que provocará el rechazo y convulsión social entre los millones de pequeños productores de la agricultura familiar que representa al 97% de la estructura agraria del Perú”, enfatizaron.

Pese a las advertencia del antiguo MEF y la presión de diversos gremios agrarios, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, confirmó hace unos días que el Ejecutivo promulgará la nueva ley agraria —a la que denominó “Ley Chlimper 2.0”— apenas el Congreso la ratifique en segunda votación. “El Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo están a favor de la ley”, declaró a la prensa durante la Expo Perú Los Andes 2025.

Cabe recordar que, si el Pleno del Congreso no llegara a votar la propuesta antes del receso legislativo, esta podría ser ratificada por la Comisión Permanente, en caso se trate de una ley de carácter ordinario.

Manero aseguró que la recaudación aumentará en los próximos años a pesar del recorte en la tasa del Impuesto a la Renta, que pasará del 29,5% al 15% por diez años. Frente al informe técnico del MEF de diciembre de 2024 —que alertó sobre el perjuicio fiscal y advirtió que la medida beneficiaría principalmente a las grandes agroexportadoras— el titular del Midagri desestimó el análisis.

“Se trata de obra de un mal informe y mal hecho”, dijo. “El ministro (José) Salardi tomó la posta ahí. El ministro (Raúl) Pérez Reyes también está a favor de la nueva ley agraria”, agregó.

De la Ley Chlimper original a una nueva política industrial

La Ley N.° 27360, promulgada en el año 2000, instauró un régimen tributario y laboral especial para el sector agroexportador. Fue pieza clave para el auge del modelo peruano de exportación de frutas y hortalizas como la palta, el arándano o el espárrago. Aunque derogada en 2020 tras protestas laborales, su lógica fue retomada con la Ley N.° 31110 en 2021, ajustando condiciones pero manteniendo el incentivo fiscal como eje.

Inspirado en ese precedente, el MEF trabaja en la reglamentación de la Ley N.° 31969, recientemente aprobada, que establece incentivos para impulsar el sector textil y de confecciones, especialmente en regiones con historia productiva en ese rubro. “La industria de confecciones ha tenido un desarrollo importante en los 40 últimos años, pero no ha tenido una política marcada de promoción basada en criterios de mercado desde el Estado. Y esta ley apunta a eso”, afirmó el ministro.

Zonas Económicas Especiales y nuevas apuestas productivas

Además de la Ley N.° 31969, el Ejecutivo y el Congreso han consensuado una nueva propuesta para reactivar las Zonas Económicas Especiales (ZEE), con beneficios tributarios y aduaneros específicos. “Ya se aprobó en la Comisión de Economía el texto consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas”, confirmó Pérez Reyes. Entre las medidas, se incluye una tasa de Impuesto a la Renta de 0% durante los primeros cinco años, lo cual —según el MEF— no comprometerá la recaudación porque muchas nuevas empresas no generan utilidades en sus primeros años.

“El impacto en la recaudación es muy pequeño”, explicó el ministro, y añadió que la intención es promover inversiones en zonas con problemas logísticos o para industrias que requieran valor agregado sobre recursos naturales locales, como ocurre con el procesamiento de oro en zonas altoandinas.

Un ejemplo que citó Pérez Reyes fue la artesanía en oro, que en 2023 exportó más de US$100 millones, según cifras oficiales. “Tenemos ahí un recurso que, si se canaliza dentro de la legalidad de la actividad minera, nos permite tener una industria muy competitiva que además es generadora de mano de obra”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que el Estado debe identificar oportunidades descentralizadas y construir instrumentos que las acompañen, sin depender de subsidios ni de barreras comerciales.

“La política industrial moderna no consiste en darle subsidios y proteger, sino en identificar qué medidas permiten que la empresa pueda mejorar su competitividad basado en criterios de mercado”, insistió.

Disciplina fiscal, inversión pública y calidad del gasto

Respecto al manejo de las cuentas públicas, el ministro ratificó que el Perú mantiene una política fiscal “seria”, aunque reconoció que la meta original de déficit fiscal para este año (2,2% del PBI) no podrá sostenerse. “Vamos a plantear una meta de 2,5%”, precisó, aludiendo a la necesidad de asegurar recursos para la continuidad de proyectos de inversión pública actualmente paralizados.

Pérez Reyes rechazó que estas reasignaciones impliquen una “farra fiscal”. “Absolutamente. Estamos reasignando los recursos presupuestales”, afirmó. Indicó que se emitirá un decreto supremo para prohibir que se destinen fondos de inversión a gastos corrientes o a obras innecesarias como plazas o monumentos. “Tiene que ir a cosas que realmente se necesiten: pistas, veredas, centros de salud, escuelas”, recalcó.

También reconoció que el desempeño presupuestal de los municipios ha sido desigual, con una ejecución promedio del 66% en 2023, frente al 90% nacional. Afirmó que el Ejecutivo reforzará la asistencia técnica para mejorar la calidad del gasto y cumplir con el objetivo de que “gastar más no es lo importante, sino gastar mejor”.