Masacre en Pataz pone en evidencia recorte de S/20 millones en lucha contra minería ilegal

El asesinato de trece mineros en Pataz (La Libertad) a manos de bandas criminales relacionadas con la minería ilegal, ha reavivado una paradoja alarmante: la violencia asociada a esta actividad aumenta en zonas estratégicas del país, mientras que los recursos del Estado para combatirla continúan disminuyendo.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2019 y 2025, los presupuestos públicos asignados a los programas relacionados con minería ilegal, formalización minera, tráfico ilícito de drogas y conflictos sociales muestran importantes variaciones.

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El programa presupuestal para la Reducción de la Minería Ilegal (0128) ha disminuido de S/97,8 millones en 2019 a S/70,6 millones en 2025, lo que representa apenas el 0,05% del presupuesto nacional. La cifra también evidencia una marcada caída respecto a los S/90,8 millones asignados en 2024.

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“Ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen voluntad política para abordar seriamente el problema, pese a antecedentes como los de Pataz, que no son ninguna novedad. Lo ocurrido el domingo refleja las consecuencias de una reducción de S/20 millones en el presupuesto”, señaló José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, a La República. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 37% del monto.

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Por su parte, el programa de Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal (0126) muestra un descenso sostenido desde 2019 (S/27,2 millones), hasta alcanzar solo S/15,4 millones en 2025, su punto más bajo en el periodo.

En cuanto a la Reducción del tráfico ilícito de drogas (0031), el presupuesto se ha mantenido relativamente estable, con un pico de S/316,5 millones en 2023, para luego disminuir a S/265,1 millones en 2025.

El mayor incremento se observa en el programa orientado a la Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas (0139). Este presupuesto creció de S/306,1 millones en 2019 a más de S/1.125 millones en 2025, lo que representa un aumento de más de tres veces en seis años. 

Para De Echave, estas cifras evidencian que las prioridades del Ejecutivo van por otro lado: “Muestra la incapacidad, la desorientación total y absoluta de parte del Ejecutivo”. Y añadió que el recorte presupuestal también se explica por el peso político y económico del sector informal e ilegal: “Estamos hablando de un sector que hoy en día tiene mucha influencia política y mucho poder económico”.

En esa línea, cuestiona también la posición del Congreso: “Hay una bancada multipartidaria que trabaja en pared con los intereses vinculados a la minería informal y abiertamente ilegal”. Aunque reconoce que es importante diferenciar entre informalidad y criminalidad, aclara que muchas veces estas asociaciones no hacen esa diferencia.

¿Qué sucedió en Pataz?

Trece trabajadores mineros fueron hallados sin vida en un socavón de la provincia de Pataz, en La Libertad, tras haber sido secuestrados a finales de abril. 

Según confirmaron la empresa minera Poderosa, principal productora de oro del país, y el Gobierno peruano, las víctimas —halladas maniatadas, desnudas y con disparos en el cuello— habrían sido ejecutadas por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, que hoy controlan gran parte de esta convulsionada región del norte del país.

Con estas muertes, ya son 39 los trabajadores, entre empleados formales y mineros artesanales, asesinados por estas mafias desde que se desató la lucha por el control de Pataz, hoy descrito por la propia empresa como "un territorio sin ley". 

Medidas adoptadas por el Gobierno de Dina Boluarte

Una de las principales disposiciones es la suspensión de toda actividad minera durante 30 días, con posibilidad de prórroga. Esta decisión, de acuerdo con la mandataria, permitirá el despliegue e instalación de las Fuerzas Armadas en la zona, a fin de contener la minería ilegal y garantizar condiciones de seguridad para una intervención estatal efectiva

“Desde febrero del año pasado, Pataz está en estado de emergencia. Eso significa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están ejerciendo, en teoría, el control del territorio. Cosa que en la práctica no ha ocurrido”, criticó De Echave. El motivo, explicó, está en un diagnóstico errado del conflicto: “Los enfrentamientos no se están dando en la superficie, se están dando en las galerías subterráneas”.

A esto se suma la incapacidad operativa del Estado para intervenir: “La Policía Nacional ha dicho claramente que no está capacitada para intervenir en el subsuelo, donde realmente ocurre el conflicto”.

En paralelo, se ha dispuesto la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de todos los inscritos que figuran con estado “suspendido”. Hasta el 4 de mayo, el REINFO contaba con un total de 1.291 inscritos: 530 en condición vigente y 761 suspendidos, quienes ya no podrán acogerse a los beneficios del proceso de formalización.

Otra de las medidas clave es el establecimiento de un toque de queda en el distrito de Pataz, el cual regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. durante todos los días. En ese lapso, se aplicará una inmovilización total, mientras las Fuerzas Armadas asumen el control de seguridad en toda el área, con énfasis en los alrededores de la mina La Poderosa.

Para fortalecer la presencia del Estado, se ha anunciado también la instalación de una base militar permanente de tipo VRAEM en Pataz, con personal militar y policial especializado. Esta base tiene como objetivo enfrentar de manera sostenida la minería ilegal y el crimen organizado en la región. La suspensión minera se mantendrá vigente hasta que dicha base esté completamente operativa.

“Hablar de un toque de queda en una provincia rural como Pataz, con miles de operaciones mineras pequeñas, es un saludo a la bandera”, sostuvo De Echave. Y respecto a la prometida base militar, cuestionó: “¿Cuánto se va a demorar en construir? En la práctica, lo único que veremos este año es un aumento de efectivos, sin capacidades reales”.

En el ámbito legislativo, la mandataria ha solicitado al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de “terrorismo urbano”, término con el que ha descrito los actos de violencia registrados en la zona. Esta solicitud busca dotar al Ejecutivo de herramientas más ágiles para enfrentar los desafíos de seguridad.

Por último, Boluarte ha exhortado a las empresas mineras a no subcontratar concesiones a terceros informales, una práctica que, según el Gobierno, obstaculiza el control sobre quiénes operan efectivamente en el terreno y favorece la informalidad y la criminalidad.

“Eso choca completamente contra la realidad. No creo que los mineros informales o ilegales vayan a detener sus actividades. No hay ninguna capacidad del Estado para hacer cumplir esas disposiciones”, afirmó el exviceministro. 

Para De Echave, el problema de fondo no está siendo abordado: “Lo que se propone no va a tener ningún efecto concreto. El alcalde de Pataz lo ha dicho claramente. Se necesita una estrategia seria, con recursos, inteligencia y presencia real del Estado”.