Mario Gonzales: "No hay país con electromovilidad sin intervención del Estado"

El gerente general de Luz del Sur, Mario Gonzales, concedió una entrevista al diario La República sobre el desarrollo de la electromovilidad en el Perú y la necesidad de implementar políticas públicas para incentivar que más peruanos se animen por los autos con motor eléctrico.

—¿Cuál es la situación del Perú con respecto a la electromovilidad?

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—Desafortunadamente, estamos en una etapa preliminar, ni siquiera se cuenta con una política de electromovilidad. Esta situación ha generado siete proyectos de ley que ya están en el Congreso, uno de ellos está siendo elaborado por el Ejecutivo. Si bien no se tiene aún definida una ley, desde hace tres años se dieron las primeras compras, de manera aislada, de importaciones individuales de vehículos eléctricos. Al cierre del 2022, había 200 en todo el país.

—¿Qué incentivos hay para comprar vehículos eléctricos?

—Hay tres razones principales: la primera es que son tecnología de punta y marcas conocidas a nivel mundial ya anunciaron que, después del año 2030, no van a fabricar vehículos a combustión tradicional. La segunda es el tema de la economía porque trasladarse es 70% más barato que en uno a gasolina, ya sea por el tema del costo del combustible o de mantenimiento. La tercera es que este tipo de autos no genera emisión de dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero y, por lo tanto, es una cuota al medio ambiente que cada persona está dando.  

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—¿Qué debería abordar el paquete de medidas anunciado por Produce?

—El Estado debe dar facilidades a un vehículo eléctrico, cuyo costo de producción es mayor a uno tradicional. Lo que han hecho otros países es ver que el precio al público de los dos transportes estén equiparados, y para eso han implementado la reducción o eliminación de impuestos por un periodo de tiempo, ya sea ISC, IGV o los famosos aranceles de importación. Otros países han sumando un bono. No conozco ningún país en el cual la industria de la electromovilidad se haya desarrollado sin intervención del Estado. También se debe definir para qué sectores se quiere utilizar estos autos: transporte urbano, interprovincial, público urbano, particular. Si es transporte urbano, por ejemplo, las ciudades tienen que tener centros de recarga eléctrica en los lugares adecuados. Lo tercero es incentivar la demanda dando instrucciones para que las instituciones públicas (municipalidades, Serenazgo, Policía, etc.) tengan un porcentaje mínimo de vehículos eléctricos.

—¿Las conversiones son una buena iniciativa?

—Sí. Lo que dijo el ministro (de la Producción) es algo que se ha desarrollado en Francia y lo están haciendo en Chile. Los vehículos nuevos son para un sector económico, ya sea industrial, comercial o particular; que tiene capacidad de compra. Sin embargo, no todos pueden. Muchas personas tienen su auto con 5 o 10 años al cual le podría reemplazar el motor a combustión por uno eléctrico y el tanque de combustible por una batería, eso significaría una inversión entre la tercera o quinta parte de comprar un auto nuevo. Es dar una segunda vida a menor costo.

—¿Cuáles son las proyecciones de Luz del Sur?

—Este 2023, el 10% de nuestra flota debería ser de vehículos eléctricos. Asimismo, en coordinación con las normas del Estado, estamos viendo la forma de incursionar en los centros de recarga privados y colaborar para la reconversión de flota de vehículos eléctricos de empresas grandes. Hemos inaugurado la primera estación de recarga eléctrica en alianza con la Municipalidad de Miraflores, pero no será la última que vamos a hacer dentro de nuestra zona de concesión, que abarca 2.500 kilómetros cuadrados. Estamos en conversaciones con otras municipalidades.

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—¿Se prevé una subida en las tarifas de luz?

—Tenemos que ver la proyección, si sube el tipo de cambio, la inflación, el gas natural; por ende, la tarifa sube. Yo lo que puedo percibir es que la peor parte ya pasó y la situación se está normalizando. El COVID, que causó reducción de demanda; los excesos de los costos de los fletes por la guerra de Ucrania y la inestabilidad política, que causó baja inversión. Entre uno o dos años, deberíamos ver bajas en las tarifas de consumidores regulados.