Ley antimonopolio: La necesidad de una norma permanente ante las fusiones empresariales tras COVID-19

La pandemia por COVID-19 no solo representa un duro golpe a la salud pública y a la economía de millones de hogares en el país. También provocará una fuerte concentración de mercados tras la salida de empresas con problemas financieros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - organismo al que Perú apunta ingresar para el 2021 - ha advertido en un informe de mayo el aumento de solicitudes para “fusiones de rescate” a nivel internacional, es decir, adquisiciones de empresas que pueden estar en bancarrota. Sin un buen análisis de estas operaciones, se podrían aceptar fusiones “con costos mayores a largo plazo”, refiere.

Expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), señalan que Europa se prepara para afrontar este fenómeno, ante la caída de muchas empresas por la paralización económica que podría durar todo este año.

¿Y en Perú?

Si bien en noviembre del 2019 el gobierno aprobó - tras el cierre del Congreso - un decreto de urgencia que habilitaba el Control Previo de Fusiones y Adquisiciones Empresariales en Perú, este aún no está vigente, pues su reglamento, previsto para publicarse en mayo, aún no está listo.

Incluso, la aprobación del decreto fue declarado inconstitucional por la Comisión Permanente, debido - entre otros - que “no era urgente”, por lo que recomendó al nuevo Congreso (es decir, al actual) a emitir “una ley con carácter permanente en el tiempo que legisle el control previo de las operaciones de concentración económica”.

Para el excongresista Jorge Del Castillo - el principal impulsor de la denominada “ley antimonopolio” -este es un “momento clave” para que el presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgue la ley apoyada por mayoría en el Pleno del Congreso anterior, que “lamentablemente no logró tener una autógrafa final”, pero que podría ser publicada por el Ejecutivo “en el marco de sus facultades delegadas que vencen este lunes 11 de mayo”, explicó.

Y es que hay dos diferencias claves entre el DU del Ejecutivo y el proyecto de ley del Congreso: “el gobierno convirtió las sanciones graves en leves. Y la vigencia de la norma es de solo cinco años, cuando debería ser permanente, como lo propusimos”, sostuvo. El ex parlamentario, señaló también que enviará cartas dirigidas a la Presidencia del Consejo de Ministros, para exhortar la publicación de la ley.

Cabe recordar que la ley del Legislativo demoró tres años en elaborarse y se realizó con el consenso de diferentes expertos, incluyendo a las entidades involucradas, como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Indecopi, entre otros.

La ley tomó relevancia tras evidenciarse que fusiones como la de InRetail (Inkafarma) y Quicorp (Quimica Suiza) realizadas en el 2018 afectó el acceso de pacientes a medicamentos de menor precio.

Nuevas fechas

Pese a lo anterior, el decreto de urgencia del gobierno aún continúa su rumbo, aunque su reglamento sufrirá un retraso, por lo que la vigencia de la norma ya no sería en agosto de este año como estaba previsto.

El presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi, informó a El Comercio que se presentará en los siguientes días un proyecto ante la PCM para modificar los plazos de la entrada en vigencia de la norma ante la demora para implementar adecuadamente el control previo. Entre ellos, para la contratación y capacitación del persona a cargo de la nueva función del Indecopi, así como para prepublicar y publicar el reglamento de la norma, y la elaboración de las guías necesarias para orientar a las empresas.