Cruz Silva: "El derecho a la protesta está hecho para irrumpir, para incomodar"

Con los músculos de la pierna derecha todavía resentidos y el dolor que le produce caminar, la abogada de derechos humanos Cruz Silva cuenta cómo fue agredida en la intervención policial a San Marcos, detalla todos los protocolos que rompieron las fuerzas del orden en ese episodio y explica que no hubo motivo real para esta operación. Además, defiende el derecho a la protesta y cuestiona al Congreso por no ejercer su función de control frente al Ejecutivo.

¿Dónde estabas cuando empezó la intervención en San Marcos?
Me llamó una amiga que también integra la Coordinadora Contra la Impunidad, diciéndome que habían intervenido San Marcos y que era necesario que fuera, porque no estaban dejando pasar abogados y habían derribado la puerta.

¿Y eso a qué hora más o menos era?
Eso habrá sido como a las 9:40 a.m. Cuando escucho esto, comencé a alistarme, le pasé la voz a Hernán Florindez (reportero de Latina) y fui con él. Cuando llegamos, había dos filas de policías que separaban el acceso a la puerta 3 de la parte de la avenida Venezuela. Me presenté en la primera fila de policías, dije que era abogada de derechos humanos, que por favor me dejaran entrar, porque era importante que los detenidos tuvieran un acompañamiento legal. Entonces me dijeron que no, que no estaban dejando entrar a nadie, y en ese momento se genera una trifulca en el otro extremo de la cola, como los policías concentraron su atención en esa trifulca y dejaron espacio para pasar, yo crucé ese primer retén con Hernán.

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¿Llegaste a entrar a San Marcos o solo te quedaste en la avenida?
No, estuve al frente de la puerta 3, junto a dos policías. Le comencé a hablar a estos dos policías, les digo: “Miren, necesito pasar, soy abogada, mi nombre es tal, del IDL, por favor díganme quienes son los que están a cargo de esta diligencia”, y uno de los policías me indica que son tres personas. Entonces yo le digo si me puede dar sus nombres, pero allí ya no me respondieron. En ese momento, de la puerta 3 sale un detenido, llevado por otros policías. Como no sabíamos quién era, ni a dónde se lo llevaban, yo grité: “¿Cuál es tu nombre?”. Mientras, Hernán saca su teléfono y comienza a grabar que se están llevando al detenido. Entonces, cuando Hernán comienza a grabar y a seguir al detenido, yo veo que más policías se le acercan y dos de ellos se le van encima. Un policía que ya era mayor empezó a decirle: “Tú también eres alumno de la residencia, yo te he visto, tú estudias aquí, vives aquí”. Luego cuatro policías más se suman a cercarlo y se lo estaban llevando. Cuando yo veo eso, decido dejar de insistir para entrar por la puerta 3 y me dirijo hacia donde estaba Hernán. En el momento de voltearme, siento un varazo. Volteo, porque solo había dos policías, con los que yo había estado conversando y me los quedo mirando. Luego empecé a gritar y a meterme entre los policías para que no se llevaran a Hernán. Bueno, la cosa es que tanto grito y tanto forcejeo llamó la atención y otra gente que estaba allí empezó a grabar. Finalmente nos sacaron y cuando quise caminar, ahí sentí el golpe, ya no me podía mover y estuve parada como una hora, no solamente porque me dolía la pierna sino porque en verdad queríamos entrar, sobre todo porque desde dentro de la universidad comenzamos a escuchar gritos, gritos de mujeres. En verdad, fue bien desesperante.

Los defensores de esta intervención dicen que se justifica porque había la comisión de delito flagrante de usurpación, ¿qué piensas de eso?
No, en lo absoluto. Esa es una mala tipificación de los hechos, lo que aquí ha pasado es un acuerdo de la universidad para que los pobladores recibidos por los alumnos se quedaran hasta cierto día. Para ponerte un ejemplo más claro: la invasión de terrenos, que es cuando tú llegas sin ser el propietario ni poseedor, sin que nadie te haya invitado y te que das con el ánimo de quedarte con ese terreno. Pero estos señores, habían sido invitados y obviamente no se querían quedar con los terrenos, menos los universitarios. Entonces, es una mala tipificación del delito. Y si tú tipificas mal el delito, ¿cómo va a proceder una actuación sobre flagrancia? Es un hecho que no calza en el tipo penal, no es algo difícil de ver. Tan fácil de ver es que la propia universidad ha tenido que recular, no solamente por lo que pasó con los universitarios y las personas que estuvieron ahí, sino porque en verdad no hay delito. Por eso es importante que a la Policía la acompañe un fiscal.

Hay quienes afirman que la Policía tenía mayores libertades porque estamos en un contexto de Estado de Emergencia, de repente no necesitaba a la Fiscalía y tampoco era necesario que la Defensoría ingrese.
En un Estado de Emergencia es cierto que hay derechos que se limitan, que se restringen un poco, pero no están allí los derechos del debido proceso, y, segundo, solo se restringen los derechos que están relacionados con los sucesos que son las causas habilitantes de la declaratoria del Estado de Emergencia. Es decir, el Estado de Emergencia se dictó porque hubo incendios de locales del Ministerio Público, Poder Judicial y tomas de aeropuertos. La delimitación de los derechos debe estar relacionada a esos hechos. Por ejemplo, delimito el tránsito a dos kilómetros a la redonda de un local fiscal. Esa es la debida, razonable y proporcionada delimitación de los derechos. El problema es que el Estado de Emergencia tiene hechos habilitantes, pero la decisión es absolutamente desproporcionada. Si ese Estado de Emergencia pasara por un juez, sería declarado ilegal. ¿Por qué? Porque no es proporcionado, no es razonable. ¿Qué haces declarando un estado de emergencia nacional, cuando los hechos sucedieron en algunas localidades del sur? No tiene ningún sentido. Por eso mismo la Defensoría habla de lo que se puede hacer en Estado de Emergencia, ¿puedo marchar? ¿puedo salir a hacer mi plantón? ¿puedo salir a expresar mi opinión? La Defensoría dice que sí, ya que la protesta no tiene nada que ver con los hechos vandálicos. Tú puedes salir, organizarte, trasladarte, ocupar una plaza, ir incluso por las vías de tránsito. Muchos dicen que el derecho a la protesta acaba donde terminan los otros, como por ejemplo el libre tránsito. Pero hay que tener en cuenta que eso es una leguleyada, eso no es verdad, el derecho a la protesta está hecho para irrumpir, para incomodar, para romper el statu quo, sino no tendría nada de protesta.

Si tuvieras que enumerar cuatro protocolos que quebró la Policía en esa intervención, ¿cuáles serían?
Yo creo que el número 1 puede ser que uno actúa en recursos humanos y materiales de acuerdo al objetivo que pretendes controlar. La cantidad de policías que se presentó, la tanqueta, fue absolutamente desproporcionada para ir con un grupo de 193 personas. Segundo, respecto de los detenidos, el hecho de gritarles, humillarles, terruquearles, como hemos visto en algunos videos y testimonios, es una violación de derechos fundamentales. Tercero, la Policía, como cualquier autoridad, en cualquier tipo de actuación, una vez que detiene a una persona tiene que respetar los derechos fundamentales de esa persona, sean mujeres mayores de edad, niños, hombres mayores de edad, personas con problemas de salud. La Policía no previó eso, trató a todos como si fuesen un hombre alto, delincuente, que acababa de robar o matar. No tenían un resguardo de salud, no tenían pastillas para la hipertensión, se llevaron a una niña menor de edad. Y por último, la discriminación es un delito, y eso es lo que han hecho los policías, han tenido un actuar discriminatorio racial y en verdad deberían ser denunciados penalmente solo por eso.

¿La intervención a la vivienda universitaria estaba justificada?
No, porque no había ningún delito flagrante, ni siquiera para entrar al campus, menos a la residencia universitaria. Si hubiera habido algún dato de inteligencia razonable, justificado, que indicara que en la residencia se estaba preparando un acto de sangre o de destrucción, podría haber sido el caso. Pero ellos entraron a la residencia por el supuesto delito de usurpación, no hay más, y está claro que los chicos residentes no usurpaban nada. Estaban en su derecho de estar ahí.

Más allá de lo ocurrido en San Marcos, ¿qué dificultades tienen los abogados defensores de derechos humanos en este tiempo de estallido social?
No nos dejan entrar a las comisarías, se demoran en decir qué personas fueron detenidas, y cuando ya ubicamos al detenido, nos dejan entrar cuando ya los han obligado a firmar actas, sin presencia de nosotros, sin presencia incluso del fiscal. Otra cosa que hemos tenido últimamente, es que nos golpean por evitar detenciones ilegales en proceso, yo no soy la única afectada, hay otro abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que fue golpeado por la Policía porque intervino en la detención ilegal de dos personas. También nos están deteniendo ilegalmente, ya no hay respeto, aunque nosotros presentamos el carné de abogados.

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Siempre que hubo protestas o movilizaciones con detenidos y fallecidos, el Congreso hacía control del Ejecutivo, había llamados a ministros y hasta censuras, ¿sientes que hoy el Congreso ha perdido esa capacidad?
Yo creo que han abdicado de sus funciones, yo quiero usar ese verbo, porque lo utilizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para el caso del Sistema de Justicia, que no está haciendo bien su trabajo en esta crisis de derechos humanos. Los congresistas han abdicado a su deber de fiscalizar al Poder Ejecutivo en plena crisis de derechos humanos, es algo que no se había visto. Y no solo eso, sino que apoyan, impulsan y acompañan lo que está haciendo el Ejecutivo. No solo se han quedado con los brazos cruzados, sino que están poniendo las manos y empujando lo que hace el Ejecutivo. Tienen el mismo discurso, el terruqueo, el no llamamiento a los ministros y el no uso de figuras democráticas, como por ejemplo el Consejo de Estado, que se supone es para resolver problemas, no para mantenerlos.

¿Sientes que debería haber alguna renuncia, como la del ministro del interior, por lo ocurrido en San Marcos?
Desde Ayacucho, desde el 15 de diciembre, desde la primera muerte debió haber renunciado, y no solamente él, sino el ministro de Defensa, porque los militares participaron en Ayacucho. El ministro del Interior desde la primera muerte, el ministro de Defensa por lo de Ayacucho, y llegando a lo de Puno, obviamente ha debido renunciar la presidenta.