Domingo

Arequipa en la cresta de la ola

Los hospitales públicos que atienden pacientes COVID-19 han colapsado en la segunda ciudad más importante del país. Mientras el número de infectados a nivel nacional se reduce, en la Ciudad Blanca, el virus causa estragos. Una crónica desde el área de triaje del hospital Honorio Delgado.

Ingreso al ambiente de hospitalización temporal del hospital Honorio Delgado. Fotografía: Oswald Charca.
Ingreso al ambiente de hospitalización temporal del hospital Honorio Delgado. Fotografía: Oswald Charca.

La impresión de que Arequipa vive una emergencia permanente la dan las sirenas de las ambulancias. Suenan de día y de noche. Indicador de una intensa movilización de pacientes graves a los hospitales. Son días difíciles para la segunda ciudad del país, en donde cada cuarenta minutos se apaga la vida de un arequipeño por el SARS-CoV-2. Desde el primer infectado, en marzo de 2020, la pandemia ha cobrado la vida de más de ocho mil habitantes, según los datos abiertos del Ministerio de Salud.

Pacientes COVID acompañados de sus familiares. Fotografía: Oswald Charca.

Pacientes COVID acompañados de sus familiares. Fotografía: Oswald Charca.

Es mediodía del jueves 17 de junio. El triaje del hospital Honorio Delgado Espinoza muestra el retrato más salvaje del colapso hospitalario. En la formalidad, en esta sección asentada en un inmenso módulo prefabricado se debe examinar a los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria y derivarlos a unidades de cuidados intensivos (UCI), intermedios u hospitalización. Pero eso no ocurre. Dichas áreas están repletas. Solo se abren cupos cuando muere alguien o dan altas médicas. Cruel designio, el infortunio de unos es salvación para otros. Aquí hay 30 pacientes a la espera de una cama UCI.

Periodistas conversan con los médicos. Mientras ocurre eso, dos operarios, embutidos en sus respectivos equipos de protección especial, retiran un cadáver sellado en una bolsa de plástico negra. Uno empuja la camilla con el fardo y el otro va por detrás, fumigando con amonio cuaternario, químico usado en la desinfección. En triaje, la convivencia con la muerte se ha naturalizado. Un convaleciente almuerza y a tres camas de él, fallece otra persona. Varios epidemiólogos sostienen que la letalidad en esta segunda ola es alta. Con menos contagios hay más muertes. Las cifras de la Gerencia de Salud refuerzan tales aseveraciones. Para el docente de la Universidad San Pablo, Iván Tupac Valdivia, la mortalidad de 2020 y 2021 es similar. Empero, el año pasado había un subregistro, no todos los decesos se contabilizaron como COVID. No está probado que las nuevas variantes aceleren la mortalidad. En esta región se detectaron cuatro. Las muestras, tomadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), revelan que el 90% de enfermos se contagió con la C.37 (Lamdba), las demás son cepa brasilera, Wuhan y la variante Delta o india, una de las más peligrosas en el mundo por su alto nivel contagio. Por ello, este viernes el ministerio de Salud ordenó un cerco epidemiológico.

Durante quince días, ningún ciudadano podrá entrar ni salir de la ciudad mistiana. Se ha suspendido el transporte aéreo y el terrestre. La medida apunta a evitar que el virus se expanda a regiones vecinas.

Al menos 37 médicos no acuden a laborar debido a que están contagiados del virus. Fotografía: Oswald Charca.

Al menos 37 médicos no acuden a laborar debido a que están contagiados del virus. Fotografía: Oswald Charca.

Llamado desesperado

Estamos perdiendo la guerra. Necesitamos ayuda para que no muera más gente”. Días atrás, la jefe de Emergencia del Honorio Delgado, Alida Huamán, con la voz quebrada, hizo el llamado de auxilio ante la avalancha de contagiados que llenaron triaje. Aquí tratan de salvarles la vida con oxígeno y medicación. Pero algunos ingresan muy graves, con daño pulmonar, 60 de saturación y la necesidad de una cama de UCI. La jornada del jueves fue terrible. Había cien pacientes para 84 camas. No queda otra que acomodarse en sillas de ruedas. El director del nosocomio, Richard Hernández, señala que días atrás, en esta área, admitían familiares para acompañar a sus enfermos. La medida fue suspendida por la congestión. Además del riesgo por la alta carga viral, había que proteger la integridad de los médicos. Varios sufrieron agresiones de los deudos. El mismo funcionario fue golpeado por una mujer, cuyo pariente expiró mientras esperaba cama UCI. “No sé cómo se consiguen nuestros teléfonos, nos llaman a cualquier hora, nos amenazan”, dice Hernández.

Alida Huamán siente que el peso de la crisis lo cargan los médicos. Antes de la entrevista, cuenta que su esposo, también galeno, fue dado de alta después de dos semanas de estar en UCI. “Yo traje el virus a casa y nos contagiamos todos. Fue una angustia terrible”. Pese a la vacuna, los profesionales de la salud se infectan levemente. En el hospital suman 37 con descanso. No agravan pero salen del combate por lo menos dos semanas. Para cubrir esos huecos, el Ministerio de Salud envió brigadas de médicos y enfermeras.

Negligencias

Los estragos del virus han sido inevitables en el mundo y el país. En el caso de Arequipa, las consecuencias empeoraron por una gestión deficiente en lo sanitario y la prevención. El colegio médico de la región y demás gremios de salud culpan de ello a las autoridades regionales. El decano de esta orden, Javier Gutiérrez, ha sido muy severo en sus críticas. En la primera ola de 2020, la inacción obligó a que el Ministerio de Salud asumiera la conducción. En lo sanitario, la capacidad hospitalaria se quintuplicó para este año pero aún así el dique se ha roto. “Es imposible contener todo con hospitales”, sostiene Hernández. La reactivación económica, después de prolongadas cuarentenas, vendría con masivos contagios. Prueba de ello es que el mayor número de infectados se concentra en las edades de 30 a 59 años, la población económicamente activa. La narrativa oficial ha sido culpar al ciudadano. Esa versión la repite Víctor Zanabria Angulo, alto mando policial a cargo del Comando COVID. Para Zanabria, predomina una enorme negligencia de las personas. La Policía no se da abasto para poner orden. Este año, impusieron 700 mil papeletas por participar en fiestas COVID, no usar mascarilla o aglomerarse. Hay infractores con un récord de hasta 15 boletas de faltas.

La falta de prevención se extiende a las autoridades. Antes del estallido de la crisis, el gobernador Cáceres Llica, presidía ceremonias con bailes, los alcaldes organizaban peleas de toros. La cereza del pastel fue la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de elegir a la Ciudad Blanca como sede del debate presidencial cuando las curvas de contagio estaban empinadas. Los médicos pidieron trasladar el evento a otra ciudad. No les hicieron caso. En días previos al encuentro de Pedro Castillo y Keiko Fujimori se vivió la efervescencia política. Manifestaciones de portátiles y mítines llenaban las calles. El transporte urbano y los mercados son focos de contagio. Los alcaldes soltaron la fiscalización.

Por otro lado, la Gerencia de Salud repitió los errores de la primera ola. Por ejemplo, cerrar el primer nivel de atención: postas y centros de salud, cuyo personal está concentrado en la vacunación. Ahí podría atenderse a los pacientes leves y moderados para que no agraven. Cerraron hospitales de campaña a pesar que hace dos meses alertaron del incremento de contagios. Se dejó de lado el plan Tayta, que consistía en buscar al virus con aplicación de pruebas masivas. El colegio médico abre una esperanza, entre tanto dolor. Prevén que la ola cederá la primera semana de julio. Pero no descarta otra embestida en setiembre.