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Sociedad

Multinacional que ejecuta Majes II recibió $ 162 millones, pero el avance es mínimo

 Según exfuncionarios de Autodema, les entregaron más de la mitad del presupuesto que corresponde a la primera fase, pero en obra física apenas se llega al 17%. Por otro lado, Cobra aduce haber ejecutado obras por $ 205 millones.

Hace cincos años están paralizadas las obras de la primera etapa del proyecto Majes II.
Hace cincos años están paralizadas las obras de la primera etapa del proyecto Majes II. Foto: La República

Majes Siguas II es un proyecto nacional que puede convertir al Perú en una potencia agroexportadora, pero está paralizado hace cinco años por desavenencias entre el consorcio constructor, la empresa Cobra y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En las últimas semanas, esta empresa del grupo francés Vinci, planteó la caducidad del contrato acusando al GRA de varios incumplimientos.

Además, dice haber ejecutado US $ 205 millones por obras no valorizadas a marzo del 2023. De esta información, que figura en la carta de caducidad del contrato y lo que reconoce el GRA como obras ejecutadas, habría un desfase entre el avance real de la obra y el financiero. El proyecto contempla dos etapas: la primera prevé la construcción de una represa de mil millones de metros cúbicos y un sistema para trasvasar el agua del río Apurímac a la costa de Arequipa.

Majes Siguas II es una asociación pública privada donde Cobra y GRA son socios. Recuperan la inversión con la venta del agua y las tierras. De la partida que le corresponde al Estado, el GRA desembolsó US $ 162 millones para la fase I. Es decir, le entregó a la concesionaria el 57% de los US$ 282 millones del aporte obligado del Estado. Sin embargo, solo se ejecutó un 17% de trabajos, reconocidos a diciembre del 2018, según la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), órgano adscrito al GRA.

“Si hablamos del avance general están entre el 9% a 10%”, calculó René Cruz, exgerente de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas II de Autodema. Del monto citado, US $ 114 millones corresponden a los cuatro primeros desembolsos, cancelados hasta noviembre 2017, fecha en que se paralizaron los trabajos. Los restantes US $ 48 millones es el quinto desembolso abonado tras la firma de la Adenda 13 recientemente. “Es un adelanto que la empresa tiene pendiente sustentar con obras no reconocidas y con nuevos avances”, señaló Cruz.

Subrayó que la Adenda 13 permitió ese mecanismo “favorable a la empresa”. Cruz acotó que no les pueden pagar ni un dólar más si no rinden cuentas del adelanto. Falta justificar cerca del 13% de obras, sostuvo. “No pueden reclamar entonces que no se les paga”, contestó el exgerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo.

El ex funcionario señaló que la empresa actúa de mala fe y que sus valorizaciones son excesivamente altas y que solo podrían ser referenciales, no reales. “Como avances, no hay nada. Sin embargo, estos señores han recibido un montón de dinero”, advirtió. Arroyo además cuestionó que con la Adenda 13 se han permitido modificar los montos en el cronograma de pagos (anexo 20). “Estos señores acumularon un monto mayor en el pago del quinto desembolso (US $ 48 millones) y muy poco en los posteriores. Para mí ha sido una viveza de la empresa”, acusó.

Sin supervisión

Lo que sí cuestionó al GRA y a Autodema, es no conformar un equipo de supervisión que supla al consorcio supervisor especializado Majes II SAC, conformado por Nippon Koei y Nippon Koei Latin American. Se les resolvió el contrato por abandono del servicio. Arroyo dijo que tampoco quisieron hacer su trabajo pese a recibir el 90% de sus pagos. “Se conformó un equipo de supervisión con profesionales antes de que yo deje el cargo. Pero esta gestión lo ha desmantelado. En esa parte tiene razón la empresa porque no hay quien valorice”, dijo.

Se llamó al actual gerente ejecutivo de Autodema, Ulises Aguilar, para que dé sus impresiones, pero no respondió. La única solución, dijo Arroyo, es que intervenga el gobierno central para solicitar a los dueños el cambio de voceros de Cobra (uno de ellos, Joaquín Roura). "Son intransigentes, no se puede dialogar", dijo.

Para Arroyo no son los adecuados. “La concesionaria solo se ha preocupado en cobrar y nunca ha contribuido para que sacar adelante la obra”, finalizó.

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