José Domingo Pérez: “Si una ley favorece la impunidad, no reclamen a jueces o fiscales, sino a los congresistas"
Fuerte y claro. Fiscal habla de la sentencia contra Alejandro Toledo y advierte de los efectos que podrían tener las modificaciones al Código Procesal Penal en los procesos relacionados a las coimas de Odebrecht.
Tras un juicio que se alargó por un año, el fiscal José Domingo Pérez logró la primera sentencia condenatoria contra un expresidente por el caso Odebrecht. Espera que el fallo contra Alejandro Toledo sea ratificado por las instancias superiores, incluidas las penas contra Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo Orellana, cuyos abogados rechazan que se hayan coludido para delinquir. Pérez también habla fuerte y claro sobre las nuevas leyes en materia penal aprobadas por el Congreso.
El lunes ha entrado al grupo selecto de fiscales que han logrado una condena contra un ex presidente de la República, ¿cómo lo toma?
Bueno, yo quiero decir es que es una sentencia histórica para el país, esto lo recojo de la Procuradora Ad doc la doctora Silvana Carrión. No me considero parte de un grupo selecto, me considero parte del Ministerio Público y de un grupo de fiscales que lidera el fiscal Rafael vela que se han esforzado para lograr un resultado positivo para el sistema de administración de justicia a pesar de las condiciones en las cuales hemos sido desarrollando nuestro trabajo. Ataques, acoso, campaña de difamación, desacreditación, odio. No deseo estas condiciones que hemos tenido que sobrellevar a cualquier fiscal y que dan cuenta que a pesar de todas esas adversidades hemos podido cumplir la función pública que nos han asignado.
Algunos críticos al Equipo Especial siempre sacan el argumento de que muchos años se investiga y no se condena a nadie, ¿con esta sentencia cree que se quita un peso de encima?
La crítica siempre va a haber. Más bien habría que identificar quiénes están detrás de esa crítica. Y quienes están detrás de esa crítica son abogados que defienden a los investigados, a los acusados o forman parte de estos grupos de interés que están buscando la impunidad en el en el país de ciertos actos, delitos o crímenes. Queda claro que con esta sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo se está demostrando de que este trabajo que se ha realizado ha sido de manera debida, pero no es el único. Hay que tener en cuenta que hace algunos meses también ya se logró una condena en un caso conocido como bonos soberanos contra funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Y actualmente estamos en juicio varios casos. Está por concluir el juzgamiento en el caso de Metro de Lima que implica a altos funcionarios del gobierno aprista, con lo cual se va a demostrar que en el gobierno aprista hubo corrupción porque se recibieron millones de dólares en coima. Actualmente también está por concluir el caso el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, con lo cual va a marcar una línea jurisprudencial si las entregas de dinero de parte de la empresa Odebrecht constituye el delito de lavado activos. Con lo cual va a marcar un antecedente para el caso cócteles que se sigue contra la excandidata Keiko Fujimori y su partido fuerza popular. Estamos en juicio oral en los casos contra el ex gobernador del Cusco, el ex gobernador del Callao, el ex presidente de Ositran Juan Carlos Cevallos del régimen aprista. Debería ingresar este año el juicio oral contra el ex alcaldesa Susana Villarán. La próxima semana se inicia el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra. Y así hay otros procesos que están entrando a esta fase decisiva y que lo que vemos del escenario de ciertos medios es un ataque incesante injustificado, calumnioso, pero que se centraliza solamente en dos personas Rafael Vela y yo.
La sentencia del caso Interoceánica irá a una Sala de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema. ¿Espera que se ratifique la sentencia en todos los extremos?
Entiendo que sí, ya la segunda instancia le va a corresponder al fiscal Rafael Vela como fiscal superior. Es importante que el doctor Vela pueda ejercer esta representación del Ministerio Público en segunda instancia en el caso contra Toledo. No hay que olvidar que también el doctor Vela es el representante del Ministerio Público ante el juicio oral contra Alejandro Toledo por el caso de Ecoteva. Es decir, la participación del fiscal vela en estos juzgamientos es trascendental.
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Me refería especialmente en todos los extremos porque se ha hablado mucho sobre el caso de los exfuncionarios de Proinversión, Alberto Pazco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana. Del adelanto del fallo se entiende que habrían incurrido en omisión de funciones por la experiencia que ellos tenían en Proinversión. ¿Cuál sería el acto colusorio?
No ha habido una omisión de funciones, ha habido una actuación en la cual han trasgredido la ley concertando con los interesados. Lo que pasa es que el día lunes ha sido un adelanto de fallo, pero este juicio ha tenido un desarrollo de sesiones continuas con las cuales se ha demostrado cómo aun cuando no había un estudio de factibilidad declarado viable los señores miembros del Comité Especial de ProInversión, hoy condenados, decidieron implementar esta concesión. Y, a pesar de que era una de las concesiones más millonarias para aquel momento y única por su magnitud, decidieron llevar un proceso durante cuatro meses con lo cual obstruía la participación de posibles competidores para este proceso. Tampoco hay que olvidar de la intervención que tiene el presidente de este comité, Sergio Bravo Orellana, en Palacio de Gobierno (…). Tampoco hay que olvidar las reuniones que se han tenido para modificar los factores de competencia. Es decir, eliminar aquellas condiciones que iban favoreciendo a Odebrecht y, por el contrario, iban impidiendo que puedan participar otros competidores. (…) Lo que ha sucedido en esta última fase de juicio oral es que tanto el señor Sergio Bravo Orellana como el señor Pasco-Font han cambiado defensa y han decidido ejercer una defensa mediática a sus intereses. Y lo que hemos visto en los diversos medios ha sido la posición de las defensas de estas dos personas hoy condenadas defendiendo su postura, pero no se ha escuchado la postura del Ministerio Público y es la que le estoy comentando.
La defensa resalta que ni Jorge Barata ni otros empresarios implicados los han involucrados a ellos. Usted comenta que los actos colusorios estarían en las reuniones en Palacio…
No solamente en las reuniones. (También) las modificaciones de las bases, el establecimiento de un cronograma con un plazo inusual para el desarrollo de un proceso, el establecimiento de factores de competencia que no estaban establecidos. Imagínense usted que se instala todo un proceso y no se establece cuál es el valor por el cual los supuestos postores van a presentarse. Y recién se establece ese valor faltando menos de un mes para el otorgamiento de la buena pro (…). Y las reuniones que han tenido con el objeto de interferir la acción de la Contraloría. No solamente le estoy hablando al momento de la firma del contrato, sino antes del otorgamiento la buena pro cuando la Contraloría presenta un informe previo y señala 8 observaciones por las cuales no debería haberse otorgado la buena pro. Sin embargo, procuraron y lograron que se otorgará la buena pro el 23 de junio de 2005. A partir de ahí comienza todo a una seguidilla de reuniones con la Contraloría con el objeto de poder suscribir o que se pueda firmar los contratos modificando el contrato que supuestamente había sido diseñado para el otorgamiento de la buena pro. Hay prueba suficiente para la condena de estas personas.
Pero Barata dijo que no se coludieron con ellos
Lo que se ha leído es la respuesta del señor Barata a una de las preguntas que le hace su abogado defensor claro, pero en el desarrollo del interrogatorio el señor Barata señaló que lo que ellos estaban buscando es que el proceso no se alargara porque eso beneficiaba las condiciones para que ellos se pudieran presentar y no pudieran presentarse otros postores. Es decir, el plan colutorio se cumplió conforme lo había diseñado Odebrecht conjuntamente con Alejandro Toledo. Lo que pasa es que los señores abogados lo que hacen es extraer una línea de un interrogatorio que ha demandado toda una jornada para simplemente resaltarlo e indicar que eso generaría la absolución al caso de ellos. Y eso no es cierto. La prueba se actúa de manera conjunta y se evalúa el testimonio de acuerdo a todo lo que se ha actuado en el proceso en el juzgamiento.
¿Cuál es el estado de la colaboración eficaz de Jorge Barata? En segunda instancia se ha anulado la revocatoria del acuerdo
Lo voy a comentar porque esto no es nada reservado porque el abogado del señor Jorge barata, César Nakazaki, lo ha comentado públicamente. El Ministerio Público había presentado la revocatoria de los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz del señor Jorge Barata por el incumplimiento de haber declarado en el caso de Ollanta Humala. El juzgado revoca los beneficios y el abogado César Nakazaki apela. Después de varios meses en segunda instancia, la Sala ha indicado que se declare la nulidad de esa audiencia y se vuelva a llevar a cabo, atendiendo a los fundamentos que había planteado el señor abogado César Nakazaki.
¿Esos fundamentos serían un intento más para poder sacar adelante el acuerdo?
Se va a llevar nuevamente la audiencia de la revocatoria, no significa que el Ministerio Público se ha desistido de la revocatoria. Lo que se va a llevar a cabo es la audiencia. Ahora, ¿en qué escenario estamos? En el escenario que Jorge Barata tiene que ir a declarar al juicio oral del caso Cócteles, porque sigue siendo colaborador hasta el momento. Y el señor Jorge Barata y su abogado César Nakazaki procuran que no declare contra Keiko Fujimori en el caso Cocteles, regresaremos nuevamente a ese mismo escenario (de pedir la revocatoria). Es el escenario en el que nos ha ubicado nuevamente en la Sala. Jorge Barata está habilitado y está obligado ahora para declarar nuevamente en el caso Cocteles.
Las leyes en materia penal promovidas por el Congreso
Un caso que siempre se le reclama al Equipo Especial es el de la exalcaldesa Susana Villarán. El auto de enjuiciamiento saldría en unas semanas o meses, pero ahora se puede impugnar con la nueva ley, ¿cuánto podría retrasar el caso?
Eso los legisladores tendrán que dar respuesta. Para dictar una ley tiene que haber un estudio técnico de la ley y las consecuencias de que va a generar. Quiero que me entienda usted, ni el juez ni el fiscal dicta leyes. Nosotros solamente cumplimos la Constitución y las leyes. Entonces, el reclamo si una ley favorece la impunidad no la hagan a los jueces ni a los fiscales, háganle a quienes dictan las mismas que son los congresistas. Y si ellos han dictado una ley que va a volver al proceso burocrático, lento…
Garantista, dicen
Bueno, no es responsabilidad ni del juez ni del fiscal. En lugar de dar leyes que puedan fortalecer la política criminal para que los corruptos, los criminales, puedan ser debidamente sentenciados… Bueno, ya eso escapa al juez y al fiscal. Nosotros vamos a cumplir
Si es de la posición de que esta ley que se ha dictado favorece a los investigados, a los acusados de corrupción
Tienen la oportunidad, procesalmente hablando, de impugnar el auto de enjuiciamiento y retardar la instalación y desarrollo de un juzgamiento. Eso creo que queda bastante claro. ¿Qué es lo que van a hacer jueces y fiscales? Pues aplicar la Constitución y la ley.
Usted ha pedido la disolución de Fuerza Popular en la acusación, pero ahora hay esta ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. Ya no sería posible la disolución
Una multa dicen, por lo cual todavía puede ser encausada. Bueno, vamos a ver si es que los jueces hacen algún control difuso porque no puede haber leyes para determinados intereses o determinadas personas, es decir, no puede haber leyes a la medida de determinados intereses. Eso esperaremos en la sentencia, obviamente la Fiscalía en su momento alegará que los jueces no la apliquen por el control difuso.
A comparación de años anteriores, pocas veces, por no decir nunca, se ha mencionado tantas veces el control difuso
Es la manera como los jueces tratan de resistir la ley arbitraria que afecta derechos, garantías, convenciones, principios, valores. Esa es la herramienta que tienen jueces, pero que en estados como Venezuela, Cuba, Nicaragua les quitan. Creo que hay un proyecto de ley que va encaminado en ese sentido. Nosotros vivimos un estado constitucional de derecho. No vivimos un estado legal, es un estado constitucional derecho donde la Constitución prima y los valores constitucionales por ende de la misma manera. Lo que están haciendo a nivel del Congreso de la República es nuevamente llevarnos a ese modelo autoritario parecido a los 90, pero equivalente a lo que se vive en estas dictaduras en donde los jueces o los fiscales no tienen que ser autónomos, no tienen que ser independientes y que tienen que responder más bien a los intereses políticos de turno.
Hay seis leyes en materia penal que ha sacado el Congreso: la ley de la suspensión de la prescripción, la 32108, la de la investigación preliminar a policías, la de los partidos políticos, la ley que reafirma la llamada Ley Soto…
La que restringe la colaboración eficaz, la de crimen organizado que dentro de esto está lo del allanamiento. Sí, hay varias. Lo de la de devolución de la investigación de la policía. Es decir, un debilitamiento del sistema de justicia nunca antes visto, debilitamiento de la política criminal del Estado, un ataque a lo que viene a ser la función del Ministerio Público, a los fiscales de una manera insistente intensa tratando de responsabilizarlos por la inseguridad de que se vive, sin olvidar que esto es consecuencia de una mala legislación últimamente, el debilitamiento de las de la relación de coordinación que debe existir entre la Fiscalía y la propia policía. Eso es lo que se está viviendo actualmente.
Un debilitamiento por parte del Congreso
Debilitamiento por una élite política que está tratando de proteger sus intereses y evitar de que aquellos crímenes en los que hayan incurrido, sea de corrupción sea de lesa humanidad, puedan ser en algún momento debidamente investigados, procesados, sancionados o condenados. Creo que es una manera (de esa élite política) de tratar de protegerse: debilitando la democracia.
Los dichos de Jaime Villanueva y el supuesto enriquecimiento ilícito
¿Cuál fue su relación con Jaime Villanueva? ¿Hubo una amistad?
Fue una relación como tenemos con distintos funcionarios acá en la institución.
Él dice que fue su amigo
Es una situación pasada, yo no puedo ser amigo de una persona que percibo, en la gestión de Patricia Benavides, está incurriendo en conductas sin conocer la ilicitud de las mismas en las cuales no puedo compartirlas. Por ejemplo la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, del fiscal Frank Almanza, de la fiscal Fanny Quispe. Aceptar o tolerar de que un fiscal de la Nación pueda remover un fiscal en pleno juzgamiento o en plena investigación es ponerme en una situación en la cual yo también podría aceptar que me deban remover bajo el arbitrario criterio que podría obtener quien está bajo la titularidad del Ministerio Público. Que el día de hoy traten ciertos medios de resaltar la figura de Jaime Villanueva con el objeto de afectar nuestra legitimidad, nuestra confianza y nuestra función, forma parte de toda esta política durante estos años que han llevado ciertos actores con el objeto de sacarnos de los casos.
Su tutela de derechos fue declarada fundada y puede ejercer su autodefensa en este caso. ¿Ha vuelto a cruzarse con Jaime Villanueva?
Los encuentros que se han dado han sido dentro de las diligencias en el cual el señor Jaime Villanueva ha sido examinado por la Fiscalía y contraexaminado por nosotros. En mi caso he demostrado que el señor Jaime Villanueva miente y la mentido a la Fiscalía
¿Cómo?
Porque ha entregado una fotografía que salió en algunos programas a inicio de año y que le han reactualizado este fin de semana pasado en en el que adultera la fotografía. Eso está demostrado y le solicité al fiscal Alcides Chinchay que proceda a comunicar esto a la fiscalía penal de turno
¿Cómo ha sido adultarada?
Es una fotografía adulterada. Lo que ha salido en los medios es una fotografía adulterada y eso lo ha reconocido Jaime Villanueva
¿La fotografía donde aparece junto a Jaime Villanueva?
Exactamente, es una fotografía adulterada. Eso lo ha reconocido el señor Jaime Villanueva, por eso el fiscal Alcides Chinchay está solicitando acceder a el dispositivo de donde lo ha obtenido. Pero ya entregó una fotografía adulterada y algunos medios han publicitado una fotografía adulterada.
¿Lo colocaron a usted en la fotografía?
Han eliminado y han modificado la escena. Entonces, a la pregunta que usted me dice, dentro de ese interrogatorio el señor Jaime Villanueva está en su ubicación y en ningún momento hemos cruzado ni palabra ni saludo ni mirada. Y eso tengo que decir a consecuencia de lo que el señor Jaime Villanueva ha declarado últimamente: es falso que el fiscal Vela haya cruzado algún tipo de intercambio de diálogo con el señor Jaime Villanueva porque lo que sucedió fue que el señor Jaime Villanueva más bien buscó el saludo del fiscal Rafael Vela y el fiscal Rafael Vela, atendiendo a que podía suceder, decidió no tener mayor interacción con él. Pero vamos viendo que el señor Jaime Villanueva lamentablemente tiene ya un propósito definido y es atacarnos y mellar nuestra confianza y legitimidad hacia la sociedad.
Usted tiene una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, un supuesto desbalance de 65.000 soles. ¿El fiscal de la Nación ha autorizado la formalización como pidió el fiscal que lo investiga?
Faltando menos de un mes (para que acabe el plazo de la investigación) y cuando estoy sustentando el alegato de apertura en el caso Cócteles, el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez decide hacer una actividad pericial en 15 días. Y en esos 15 días, que por la experiencia que tengo acá en el Ministerio Público de muchos años, es poco probable que se logre un resultado fiable. Determina que no tengo desbalance patrimonial, porque entre mis ingresos y mis egresos durante todos esos años investigados, tengo más ingresos. Pero comienzan a hacer una observación en relación a los meses en que yo he tenido que representar al equipo especial en actividades en el extranjero señalando que he tenido mayores gastos, pero que extrañamente no recaba en esa documentación de las oficinas administrativas del Ministerio Público para corroborar por qué realizó esos mayores gastos. Al final el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez eleva un informe al fiscal de la Nación. Está en el despacho del fiscal de la Nación y yo durante todo este tiempo he procurado recabar toda la documentación que acredite y certifique de que esos gastos están debidamente justificados y son gastos que corresponden a la función y reafirmando me que no existe desbalance patrimonial. A mí sí me ha preocupado y me ha llamado la atención como es que se presenta esta noticia como una “bomba”, pero que no estaba dirigida a mí, sino estaba dirigida, qué coincidencia, contra el señor Gustavo Gorriti. Quien presenta esta “bomba" fue captado en la clínica en donde estaba detenido el señor Andrés Hurtado Chibolín y presentan esta "bomba" para desviar el foco de atención del por qué esta persona estaba en esas inmediaciones. Yo me hago la pregunta ¿a esa a ese periodista que presentó esta supuesta bomba lo han llamado a declarar en la investigación contra Andrés Hurtado? Así como sucedió años anteriores cuando me denunció el exministro Hernán Garrido-Lecca y que tuvo que ser archivadas investigación, yo espero que se tome la decisión de vida y se pueda disponer también en el archivamiento.
Entiendo que también se está investigando el tema del bono como fiscal anticorrupción
Que también fue materia de una denuncia en el año 2018. También fue materia del archivamiento. Lo está queriendo volver a investigar o lo está investigando el fiscal Alcides Chinchay. Le he indicado que eso ya fue materia investigación. Mire usted, no sé qué es lo que está pasando en algunas fiscalías acá en el Ministerio Público. Yo creo que no solamente los ciudadanos tienen el derecho que se respeten sus garantías, sino también los fiscales. Y no solamente es mi caso, puede ser el caso también de los fiscales del caso Cuellos Blancos, los fiscales del Eficcop. No es que nos estamos resistiendo a que nos investigue, que me investiguen. Creo que soy el fiscal más investigado de toda la historia del Ministerio Público porque me investigan una vez y me vuelven a investigar dos veces por los mismos hechos. Pero lo único que señalo es que esta investigación sea debida porque lo único que están logrando con esto es afectar los casos que tengo que conducir.
