Fiscalía pide 18 años de prisión contra la excongresista fujimorista Yesenia Ponce

La Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, presentó acusación contra la excongresista fujimorista Yesenia Ponce y solicitó que se le impongan 18 años de prisión por el caso de los certificados presuntamente falsos que presentó ante la Comisión de Ética Parlamentaria para acreditar los grados de cuarto y quinto de secundaria.

Eso sí, el Ministerio Público no solo investigó la mera presentación de documentos falsos, sino también los hechos anteriores y posteriores. Es así como se lograron identificar un total de 15 hechos. Desde la coordinación para supuestamente fabricar certificados falsos hasta el aparente reclutamiento de personas –para que se hicieran pasar por supuestos compañeros y maestros de secundaria de Ponce– y declaren falsamente a favor de la entonces parlamentaria ante la Comisión de Ética.

De los 15 hechos, Yesenia Ponce habría participado en 9. Según la acusación, la exparlamentaria cometió los delitos de uso de documentos públicos falsificados, falsificación de documentos públicos y falsa declaración en procedimiento administrativo. Para los otros implicados se requieren penas de entre 7 y 9 años de prisión.

Por su lado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción exige que la exparlamentaria, junto con los otros acusados, pague una reparación civil ascendente a 280.000 soles a favor del Estado.

Tras dos devoluciones del requerimiento acusatorio a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó la audiencia de requerimiento mixto para el martes 12 de noviembre a las 10:00 a.m.

Desobediencia a la autoridad

La Fiscalía también ha solicitado al juez Checkley sobreseer (archivar) el proceso penal contra Yesenia Ponce en el extremo de la imputación por presunta desobediencia o resistencia a la autoridad.

Dicha imputación fue formulada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, luego de que Ponce Villareal no remitiera los certificados originales de cuarto y quinto grado de secundaria que presentó ante la Comisión de Ética.

La documentación original fue requerida hasta en dos oportunidades por el despacho fiscal. Debido a que la excongresista no envió lo solicitado, pese a estar debidamente notificada, se amplió la investigación por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Luego, en 2021, la carpeta fiscal fue derivada a la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Este despacho pide el archivo del referido ilícito, ya que la Fiscalía Provincial no consideró “el derecho a la no autoincriminación del que goza dicha investigada”.

“Se advierte que la referida investigada presentó en copias y no en original los documentos presuntamente falsificados (…). Por lo que no se puede sostener que la investigada tenía el deber de actuación de lo ordenado por el despacho fiscal provincial, tanto más aún si dicha fiscalía contaba con otras formas para obtener tales documentos (como la incautación)”, se lee en el requerimiento.

Por ello, la Fiscalía considera que la imputación por supuesta desobediencia deviene en atípico y debería archivarse.

Etapa intermedia

Al inicio de la audiencia de requerimiento mixto, primero se debatirá el pedido de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público. El juez Juan Carlos Checkley podría aceptar la solicitud fiscal, así como podría rechazarlo. En este último caso, el magistrado podría disponer que el fiscal de la Nación ratifique o rectifique el pedido de sobreseimiento, o, incluso, ordenar una investigación suplementaria.

Luego de que se resuelva el pedido de archivo, se procederá a debatir la acusación. Durante la etapa intermedia, los acusados podrán formular excepciones para que se archive el proceso y demás cuestiones. Si los recursos de los procesados no prosperan, se dicta el auto de enjuiciamiento.

Inhabilitada por 10 años

En junio del 2023, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a la excongresista Yesenia Ponce por hechos relacionados con los certificados aparentemente falsificados. También se le levantó el antejuicio para que sea procesada por cohecho, falsificación de documentos y falsedad genérica.