El recientemente designado embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez Canseco, es investigado por el presunto delito de colusión agravada en el caso Odebrecht, y en la actualidad enfrenta un embargo de S/27 millones en propiedades, que incluye un palco en el estadio Monumental de Universitario de Deportes, según un informe de la unidad de investigación de ‘Latina noticias’.
Los documentos a los que accedió el equipo de Latina datan de 2021 y pertenecen a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En estos se detallan los inmuebles del representante de la Cancillería peruana en EE. UU., sobre los que pesa un “embargo en forma de inscripción y orden de inhibición”.
Latina también refiere que estas propiedades están ubicadas en Miraflores, San Isidro, Ate, La Molina, Pachacámac y Cañete. Se trata de 21 propiedades, que se dividen en 5 estacionamientos, 4 depósitos, 4 departamentos, 7 lotes y un palco suite.
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A Ferrero Diez Canseco se le imputa ser presunto autor de colusión agravada. De acuerdo a una resolución de la Corte Superior de Justicia, a la que accedió Latina Noticias, el también exministro de Comercio Exterior y Turismo habría favorecido a la empresa Odebrecht en el proceso de concesión del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte, cuando fue miembro del consejo directivo de Proinversión.
De ahí que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó el “embargo en forma de inscripción” por el monto total de S/27.748.514,66, además de la orden de inhibición sobre “los derechos y acciones que le corresponden al investigado”, en relación con los bienes inmuebles que son propios.
La unidad de investigación de ‘Latina noticias’ consultó al abogado penalista James Rodríguez sobre lo que significa el embargo en forma de inscripción. Explicó que esto ocurre cuando el juzgado, a través de un oficio dirigido al jefe de la Sunarp, indica que una propiedad o propiedades a nombre del procesado quedan embargadas mediante su inscripción.
También indicó que este embargo se realiza por una cantidad que determina el juzgado. Si el propietario tiene la posibilidad de vender el bien, el comprador está obligado a pagar el monto establecido por el juzgado. Asimismo, mencionó que la finalidad del embargo es asegurar el pago de la reparación civil, en caso de encontrarse responsabilidad en el procesado.
‘Latina noticias’ dijo que intentó entrevistar a Ferrero Diez Canseco y a su abogado, Aurelio Pastor. El primero no le contestó y el segundo dijo que no podía declarar sobre el tema.
En el informe periodístico se recuerda que, en 2005, Proinversión le adjudicó dos tramos de la carretera IIRSA Norte a dos compañías que en aquel momento no podían contratar con el Estado por tener procesos legales pendientes. Entonces, los funcionarios dieron la buena pro del proyecto a Odebrecht.
Quienes integraban el consejo directivo de Proinversión eran Pedro Pablo Kuczynski (en aquel entonces ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero (jefe del gabinete), Alfredo Ferrero (Comercio Exterior), Clodomiro Sánchez (Energía y Minas), David Lemor (Producción) y José Ortíz (Transportes y Comunicaciones).