La defensa de Bettsy Chávez anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para intentar revertir la orden de prisión preventiva en contra de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Erwin Siccha, abogado de la también excongresista, señaló que, tras agotar la vía penal, acudirán a la justicia constitucional para recuperar la libertad de su cliente. Además, informó que solicitarán que Chávez Chino sea recluida en un penal de Tacna mientras se resuelve esta petición.
"No presentaremos apelación porque ya fueron agotados los recursos en sede ordinaria penal, pero sí lo haremos ante la justicia constitucional. Interpondremos todas las acciones posibles para revertir esta decisión, que consideramos arbitraria", sostuvo Siccha en diálogo a RPP. En dicha comunicación, el defensor denunció actos de investigación ilícitos.
"(Betssy Chávez) es la única investigada a la que se le ha declarado secreto una disposición fiscal, y se han realizado actos de investigación para intentar forzar y acreditar en segunda instancia los presupuestos para que se le imponga una prisión preventiva. Eso es absolutamente inconstitucional en cualquier parte del mundo y nosotros lo vamos a cuestionar en sede constitucional", aseguró.
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Sobre el pedido para que Betssy Chávez sea recluida en un penal de Tacna, su ciudad natal: "Vamos a solicitar que la prisión se lleve en Tacna porque ella tiene familiares allí, no los tiene en Lima (...). Ese es uno de los factores que deben ser preponderados cuando una persona es encarcelada: que no se vea afectada en el resto de sus derechos fundamentales".
Mientras la defensa de Betssy Chávez anunciaba que acudirá al Tribunal Constitucional para revertir el pedido de prisión, la exministra de Pedro Castillo fue embarcada en una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) que la traerá hasta la ciudad de Lima.
Se conoció que la PNP la pondrá a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (a cargo del juez Juan Carlos Checkley) en el Palacio de Justicia. El magistrado convocará a una audiencia de control de identidad para recabar los datos personales de la investigada y le hará conocer los derechos que la asisten.
Asimismo, el juez supremo, mediante oficio, la pondrá a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que evalúe en qué penal cumplirá la medida de prisión preventiva.