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Política

TC ordena al Gobierno no interpretar como denegada cuestión de confianza y no disolver el Congreso

Magistrados del TC otorgaron medida cautelar y admitieron a trámite la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Gobierno.

larepublica.pe
José Williams, presidente del Congreso.

El Tribunal Constitucional otorgó la medida cautelar solicitada por el Congreso en su demanda competencial y ordenó al Gobierno de Pedro Castillo abstenerse de interpretar como denegada la cuestión de confianza que planteó el ex primer ministro Aníbal Torres sobre la ley que regula el referéndum. De esta manera, se busca evitar una eventual disolución irregular del Legislativo.

En el fundamento 29 del auto que otorga la medida cautelar, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Rodrich consideran que “el Poder Ejecutivo podría, a partir de su interpretación, plantear una cuestión de confianza y considerar, en caso de ser rechazada, como una segunda denegatoria de confianza”.

“Si se espera hasta la resolución del fondo de la presente controversia, momento en el que se establecerá en definitiva si la decisión expresada por el Poder Ejecutivo, de interpretar que se ha producido el rehusamiento de la confianza a la que hace referencia en el artículo 133, resultó irregular y vulneratoria de la competencia del Parlamento —o no—, el Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso de la República con base en dicho acto”, se lee en la resolución.

El Pleno del TC alega que “para evitar los graves efectos institucionales” se debe suspender cualquier efecto que pueda derivarse del acuerdo del Consejo de Ministros de entender como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399.

“En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República”, se lee en el texto.

Admiten a trámite demanda competencial

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Ejecutivo. Ahora, el Gobierno de Pedro Castillo tiene 30 días útiles para atender el proceso y contestar la demanda.