Dina Boluarte: Congreso rechaza tramitar denuncia en su contra por muertes en las protestas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) rechazó declarar procedente la denuncia constitucional 425 contra Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves debido a las muertes que hubo en las protestas contra su régimen entre el 2022 y 2023.

Con 14 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia y Renovación Popular, se concretó el primer paso para blindarla de ser investigada por violaciones de derechos humanos.

Esta denuncia constitucional había sido formulada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, había presentado un informe da calificación que declara su procedencia.

Sin embargo, otra vez el fujimorismo y sus aliados - entre ellos grupos parlamentarios de izquierda - cerraron filas para desestimar el informe de calificación. Ahora ese dictamen deberá ser discutido en la Comisión Permanente. En caso se ratifique la decisión se habrá consumado el blindaje a Dina Boluarte.

Al ser presidenta de la República, la formalización de la investigación preparatoria cuando culmine su gobierno, necesita que primero el Congreso apruebe levantarle el antejuicio político (su inmunidad).

Con el archivo de la DC 425, la investigación del Ministerio Público se mantendrá estancada hasta cinco años después - que es el periodo que dura su inmunidad - posterior a haber dejado el mandato presidencial.

Bloque Magisterial se sumó al blindaje

En la sesión de la SAC del Congreso la única parlamentaria que tomó la palabra fue Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, quien se excusó de apoyar esta acusación bajo el argumento de que la DC de la exfiscal de la Nación está politizada.

"No cabe duda, no son ideales y mucho menos creencias. El 27 de noviembre se llevó el operativo Valkiria V que tuvo como principal objetivo detener a personas allegadas a la exfiscal de la Nación. La pregunta es por qué la exfiscal después de cinco horas reacciona con una denuncia constitucional a la presidenta y su Gabinete Ministerial", manifestó Medina.

Es cierto que la DC 425 de la extitular del Ministerio Público vino luego de ese operativo que marcó el inicio de la caída de la exfiscal de la Nación. Sin embargo, al tratarse de una alta funcionaria, el avance de este caso requiere de todas maneras que el Congreso la admita a trámite, la apruebe y luego acuse para levantarle la inmunidad a la mandataria.

Pero Medina continuó con su retórica, que al final jugaba más en pared con la protección a Boluarte. "Parece que esta denuncia constitucional fuera una reacción política. Yo nunca me he dejado usar a fin de que se instrumentalice las muertes de nuestros hermanos compatriotas para hacer el juego a Patricia Benavides", expresó.

La congresista del Bloque Magisterial dijo que el caso de las muertes "tiene una ruta propia y debe correr su camino propio" porque hay 18 investigaciones formalizadas en otras instancias. "Dejemos avanzar", sostuvo.

Sin embargo, lo que no precisa la parlamentaria es que esas pesquisas son contra otros involucrados y no contra la mandataria. Debido a que Dina Boluarte es alta funcionaria, el único que puede investigarla y acusarla es el fiscal de la Nación, luego que el Congreso apruebe la DC.

Pero eso no importó y primó el blindaje.

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Rechazan amparo de Dina Boluarte en el PJ

Horas antes que la Subcomisión rechace admitir la DC 425, la Corte Superior de Justicia de Lima había rechazado un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Boluarte que buscaba anular esta denuncia constitucional del Ministerio Público. En el sistema judicial consideran que la indagación contra la mandataria debe continuar, pero en en el Congreso la declaran improcedente.

Otros imputados que quedaron a salvo

La DC 425 también era contra los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Eduardo Herrera y Vicente Romero. Sin embargo, al igual que Boluarte, fueron protegidos en el Congreso.