Defensa de la Junta Nacional de Justicia dice que se vulnera el debido proceso

La sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dejó en evidencia no solo la debilidad de los argumentos de la moción en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sino, sobre todo, lo improvisado del proceso.

El abogado Samuel Abad Yupanqui, representante de los siete integrantes, planteó dos asuntos centrales: que no existe un procedimiento establecido para una investigación sumaria y que tampoco se encuentra delimitado, en norma alguna, qué se puede entender por una “causa grave”.

Como se recuerda, la moción de orden del día presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) encargó a la Comisión de Justicia la “investigación sumaria” a los miembros de la JNJ “por causa grave” conforme al artículo 157 de la Constitución.

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Abad repasó cada uno de los cinco cargos en contra de Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez.

El primero es por emitir un comunicado invocando al Congreso mayor reflexión sobre la acusación constitucional en contra de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Abad señaló que no se trató de un “comunicado político” y que es atribución de la JNJ “velar por la independencia de las instituciones del sistema de justicia”.

Además, dijo que los funcionarios tienen derecho a la libertad de expresión.

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El segundo tiene que ver con la supuesta presión de tres integrantes de la JNJ al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de Ávalos.

Abad advirtió que no hay ninguna prueba de que eso haya ocurrido. Recordó las declaraciones publicadas en este diario en las que la jueza suprema Elvia Barrios aseguró que Arévalo le negó haber sido objeto de ningún acto de presión.

El tercer cargo se refiere a la emisión de la resolución nº 224-2020-JNJ, que establece un límite de 75 años para el acceso a la Junta y no para el cese en el cargo. Abad recordó que la edad de Inés Tello, quien se presentó al concurso público con 74 años, no fue entonces motivo de cuestionamiento. Recalcó que el hecho de que dos congresistas —una de ellas, Chirinos— hayan presentado proyectos para regular la edad límite para integrar la JNJ es una admisión de que el tema no está claramente establecido.

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El cuarto es que la JNJ no presentó sus informes anuales al Congreso. Abad indicó que la Junta estuvo a la espera del llamado del Congreso para exponer, ante el Pleno, los avances de su gestión. Agregó que, en todo caso, los informes se encuentran colgados en la web y son de acceso público para quien desee revisarlos.

El quinto es la supuesta filtración de información de una investigación en curso seguida en la JNJ a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Abad indicó que tampoco hay ninguna prueba de que eso haya ocurrido.

“La JNJ no está al margen del control, pero este debe atenerse a un debido proceso. Acá no estamos hablando de delitos en el ejercicio de la función ni de una infracción constitucional. Estamos hablando de una remoción por causa grave, pero no hay ley ni procedimiento para esto”, recalcó el abogado.

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Por cierto, uno de los argumentos que se repiten desde el Parlamento es que, cuando se removió a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tampoco existía un procedimiento establecido.

Abad precisó que las situaciones no son comparables porque el caso del CNM explotó gracias una investigación fiscal que incluía cientos de audios que revelaban, de manera explícita, la comisión de delitos.

“La destitución de los miembros de la JNJ mediante una investigación sumaria que no respeta el debido proceso y sin que exista causa grave vulnera su independencia y autonomía. Afecta a todo el sistema de justicia”, alertó Abad.

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Debate previo

Antes de que los miembros de la JNJ pasaran uno a uno ante la Comisión de Justicia, la legisladora Chirinos sustentó los cargos que, según ella, justificarían su salida.

Después se puso a votación la solicitud del colegiado para que se les permita presentarse a los siete al mismo tiempo por considerar que el proceso no hace distinciones de carácter individual.

En estricto, esto es correcto, pues la moción de la legisladora Chirinos plantea, de manera textual, la “remoción total”.

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El pedido se rechazó por 10 votos contra ocho.

La primera en presentarse fue María Zavala. Casi no habló. La palabra la tomó Abad. El mismo patrón se repitió en todos los demás casos ante la insistencia de los legisladores —sobre todo, Gladys Echaíz y Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular)— de que los investigados respondan a sus consultas. No tuvieron éxito. Las preguntas eran las mismas. Y los miembros de la JNJ decían cada vez que toda la información necesaria podía leerse en el informe que habían presentado.

La estrategia de defensa de la JNJ prevaleció ayer en contraste con una comisión que mostró desorden e incapacidad.

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“Actividad informal”

La única investigada que fue acompañada por un abogado distinto fue la magistrada Inés Tello. Ella se presentó junto al constitucionalista Omar Cairo, quien coincidió en sus argumentos con Abad.

Declaró que la “causa grave” mencionada en el artículo 157 de la Constitución no está tipificada en ninguna ley y, por lo tanto, es “jurídicamente imposible” realizar un procedimiento sancionador en base a esa norma. Recalcó que la investigación sumaria que se está realizando tampoco está regulada. “Por tanto, ayer se realizó una actividad parlamentaria informal”, señaló Cairo luego a este diario.

También cuestionó que los congresistas hayan dicho que en este proceso están ejerciendo su derecho al control político. “El control político es la atribución de un órgano controlante de sancionar a un órgano controlado. Y los funcionarios independientes, como jueces, fiscales, magistrados de la JNJ y otros, no se deben a la confianza política del Congreso ni de ningún otro funcionario”, comentó.

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Pese al desorden que se evidenció, por la noche, el Pleno del Congreso aprobó darle 14 días hábiles más a la Comisión de Justicia para que culmine la indagación sumaria a la JNJ.

Hoy se ve denuncia constitucional

De acuerdo con la agenda compartida por el Congreso, la Comisión Permanente discutirá hoy la procedencia de la denuncia constitucional del parlamentario de Renovación Popular Jorge Montoya en contra de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia.

El recurso plantea la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política.

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El dato

Samuel Abad Yupanqui, abogado encargado de defender a la Junta Nacional de la Justicia, pidió archivar la investigación sumaria.