Avance. La autógrafa del proyecto de ley fujimorista para dictar en clases la materia Historia del Terrorismo fue observada por el Poder Ejecutivo, pero fue aprobada por insistencia. Sustentada por la titular de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, obtuvo 81 sufragios a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. En la primera votación de noviembre último logró los mismos votos en verde, con el apoyo de bancadas de derecha como Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos.
Para Echaíz, la urgencia por incluir la narrativa oficialista sobre el periodo de violencia interna —llamada guerra entre prójimos por la académica Kimberly Susan Theidon o conflicto armado interno por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)— recae en que los años 80 y 90 de la nación suelen ser contados en los cursos de Historia del Perú y Geografía, pero "no coincide con la verdadera finalidad de la materia".
Uno de los fundamentos del PL 291-2021/CR reza: "Si bien es cierto que no es grato recordar las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la época de violencia; sin embargo, es absolutamente necesario hacerlo ante el alarmante desconocimiento que tienen los jóvenes sobre el accionar de este grupo". Con la inclusión de Historia del Terrorismo, según Echaíz, se fortalecerán "los valores patrióticos y el amor a nuestra tierra".
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Como informó este medio de comunicación, desde el 2017 fuerzas políticas como el fujimorismo y el Apra pretenden incluir temas sobre terrorismo y el rol "protagónico" de las Fuerzas Armadas en el currículo escolar. Este último intento obvió la crítica postura técnica del Ministerio de Educación (Minedu) y del Consejo Nacional de Educación (CNE).
En sus meses de ministro, Rosendo Serna advirtió la inviabilidad de la propuesta porque esos datos existen en los cursos de escuela. El CNE también comentó la omisión en el PL de los objetivos de la CVR; es decir, la exposición de la manifiesta violación a los derechos humanos por parte del Estado peruano.