Vladimir Cerrón cumple un año prófugo bajo sospechas de ayuda del Gobierno

El viernes 6 de octubre del 2023, pasadas las 12:30 m., se escuchó en audiencia el extracto de la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín sobre el caso Aeródromo Wanka, fallo que cambió el destino del líder de Perú Libre. “Imponen al acusado Vladimir Cerrón 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria”.

Al igual que en 2019, luego de que fuera condenado por el caso La Oroya, Cerrón volvió a pasar a la clandestinidad. Pero esta vez no se entregaría a las autoridades.

Desde entonces transcurrieron 365 días, lapso en el que el sector Interior ha tenido 4 ministros: Vicente Romero, Víctor Torres, Walter Ortiz y Juan José Santiváñez. Ninguno ha podido dar con el paradero del exgobernador regional de Junín. Lo mismo ocurre con los generales PNP Pedro Angulo (pasado ilegalmente al retiro) y Víctor Zanabria (en actividad) durante sus respectivos pasos como comandantes generales de la Policía Nacional del Perú.

La incorporación de Cerrón en el Programa de Recompensas tampoco tuvo un impacto en la búsqueda. En un inicio se ofrecía 100.000 soles por información que ayude a dar con el paradero del prófugo. A la fecha, el monto asciende a 500.000 soles.

En paralelo, Cerrón no se ha quedado de brazos cruzados y desde la clandestinidad ha desplegado 3 recursos legales para intentar revertir su situación: dos habeas corpus y una casación. Los dos primeros se encuentran en el TC a la espera de ser resueltos, mientras que el recurso restante fue admitido por la Suprema.

Ante la misma Corte Suprema, el abogado de Cerrón ha pedido que se suspenda la ejecución de la prisión efectiva hasta que se resuelva la casación, según pudo conocer La República.

En paralelo a su defensa legal, el líder de Perú Libre emprendió una activa defensa mediática a través de su cuenta en X (antes Twitter), espacio donde también opina de la coyuntura nacional e internacional y ataca a sus adversarios políticos. En total realizó más de 3.800 interacciones, entre publicaciones y reposteos, desde el 6 de octubre del 2023, sin llegar a ser rastreado por las autoridades.

El prófugo menos buscado

Si bien Vladimir Cerrón es probablemente el prófugo más famoso del Perú, no sería necesariamente el más buscado por las fuerzas del orden. Lo que en un inicio era una teoría sin algún elemento que lo sustente, se convirtió en una hipótesis fiscal cuando salió a la luz un audio de quien sería el ministro Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo, Culebra.

“¿Por qué vieron el Cofre ese día en la playa? Porque él (Cerrón) se estaba movilizando en el Cofre para que la policía no lo pare. (...) Ya lo habían dejado en Pisco”, dice la voz que se le atribuye a Santiváñez.

¿El Gobierno de Dina Boluarte protege al prófugo Vladimir Cerrón para que no sea capturado? Es la pregunta que se hace el Ministerio Público, así como el Perú en general. Lo único exacto, hasta el momento, es que desde un inicio se presentaron obstáculos para capturar al líder de Perú Libre.

Los obstáculos en la búsqueda

La policía fue notificada después de 3 horas de que se dictara la sentencia contra Cerrón, dijo el expremier Alberto Otárola para intentar justificar que aún no se lograba la captura. Ello generó la respuesta del presidente del PJ, Javier Arévalo, quien indicó que la lectura de sentencia fue de público conocimiento y que no era correcto el dato que brindó el exjefe del gabinete.

La policía intervino el domicilio de Cerrón en la cuadra 14 de la avenida Arequipa en Lima, pero no lo halló. Desde entonces, se efectuó una decena de operativos. Todos sin éxito.

Pero hubo un operativo que atrajo especial interés: el que se llevó a cabo en el condominio Mikonos, en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, entre la noche del martes 16 y la mañana del miércoles 17 de enero. Efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) llegaron al recinto con el objetivo de detener a Cerrón Rojas, pero no lo encontraron.

Poco más de un mes después, el sábado 24 de febrero, el Lexus de placa EGR-844 asignado al Despacho Presidencial, conocido como el Cofre, fue captado en el grifo Primax de Sarapampa, a menos de un kilómetro del condominio donde se habría escondido Cerrón. Aunque ahora la presencia del prófugo ahí fue puesta en duda por el jefe del Estado Mayor de la PNP, el general Óscar Arriola.

“Puedo decirles algo categóricamente. Desde mi punto de vista, y me someto a cualquier tipo de investigación (...) tengo un alto porcentaje de probabilidad de que no estuvo ahí en Mikonos. ¿Quieren la verdad? Esta es mi verdad, y es la verdad que se ha dado ahí”, dijo Arriola ante la Comisión de Fiscalización.

Coincidentemente, esta nueva versión llega luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar contra Boluarte, Santiváñez y los efectivos involucrados en el manejo del Cofre por presunto encubrimiento personal.

Inoperancia y falta de voluntad

En diálogo con La República, el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés aseguró que existe una serie de indicios que permiten plantear la hipótesis de que el Gobierno podría estar protegiendo a Cerrón. Por ejemplo, indicó, el audio de quien sería el ministro Santiváñez, la declaración del general (r) Jorge Angulo sobre una posible filtración desde Palacio, la actitud despreocupada de Cerrón en redes y la trama del Cofre.

“Todo este despliegue en medios digitales por parte del fugitivo Cerrón lo que transmite es que tiene casi la certeza de que no va a ser apresado”, apuntó Valdés.

A dichos indicios, dice Valdés, se le debe agregar la negativa del Ejecutivo para que los oficiales a cargo del Cofre declaren ante el Congreso, así como que se haya declarado como reservado la bitácora de ingresos y salidas de la flota del Despacho Presidencial. “Todos estos elementos no pintan bien, no hay transparencia, no se quiere explicar lo que aparentemente pudo haber pasado”, acotó.

Valdés señaló, además, que la declaración del general PNP Óscar Arriola buscaría “tratar de limpiar la posibilidad de que Boluarte termine involucrada en el tema” del presunto traslado de Cerrón en el vehículo presidencial. “Lo que plantea el señor Arriola parece ser más un comentario destinado a bajar el nivel de presión sobre la presidenta”, anotó.

En tanto, el excomandante de la PNP, general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, considera que, debido al tiempo transcurrido, Vladimir Cerrón ya no estaría en Perú. Se ampara en que Cerrón habría sido beneficiado por una presunta organización criminal enquistada en Migraciones de Huancayo, que fue desarticulada en febrero de este año, y que, según el exagente de Inteligencia Henry Shimabukuro, el líder de Perú Libre abandonó el país en una avioneta tomada en Pisco.

Pérez Rocha también cuestionó que hasta el momento la policía no logre ubicar a Cerrón, pese a que brinda conferencias partidarias virtuales por cerca de una hora. “¿Cómo es eso posible teniendo elementos policiales especializados? Acá hay dos cosas: o no se quiere establecer todo el esfuerzo que se necesita para la ubicación y captura o no se quiere decir la verdad de que ya no está acá”, dijo.

“Si se encuentra en el país, y este domingo cumple un año prófugo, quiere decir que hay incapacidad total. Deberían decir la verdad, y la verdad es que no estaría en Perú”, agregó el excomandante general de la Policía. v

Cerrón se aferra a la ley Soto para archivar su caso

En setiembre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “bien concedido” el recurso de casación de Vladimir Cerrón contra la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva que se le impuso por el caso Aeródromo Wanka.

El líder de Perú Libre pide a la Corte Suprema que determine cuándo se inicia el cómputo de la prescripción en el delito de colusión simple.

La Sala de Apelaciones llegó a sentenciar a Cerrón porque determinó que los actos colusorios se extendieron hasta la firma del contrato del Aeródromo Wanka en junio del 2014.

La colusión simple prescribe a los 10 años, si es que se aplica la Ley 31751, también conocida ley Soto. Sin embargo, la Corte Suprema inaplica dicha norma por considerarla inconstitucional y desproporcional.