La Fiscalía de prevención del delito de Tambopata dispuso contra el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, Freddy Vracko, la apertura de procedimiento preventivo por 45 días, ante la posibilidad de que cometa delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de resistencia a la autoridad, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios en su participación en la movilización de hoy 19 de julio contra el gobierno de Boluarte.
De acuerdo al documento, la medida fue tomada en base a información del procurador de la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público, Moisés Vega de la Cruz, quien en sus argumentos hace referencia a los hechos de violencia y muerte suscitados en anteriores protestas, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
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Asimismo, refiere que se ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que gremios de Tambopata, lugar donde vive el Freddy Vracko, ha informado sobre su participación en la denominada “Tercera Toma de Lima” hoy 19 de julio.
La medida también es contra Antonio Callo Quispe Flores, ex secretario general del Sute- Madre de Dios y otros que resulten responsables
Iniciado el procedimiento preventivo, el Fiscal podrá requerir, bajo su dirección, el apoyo de la Policía Nacional, del funcionario o servidor de otras instituciones públicas y se realicen otras acciones que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza del delito a prevenir”, reza la resolución fiscal.
En uno de los puntos señala que en caso incurra en los delitos antes mencionados se puede requerir a la Unidad de Seguridad del Estado de la Región Policial de Madre de Dios que “de ocurrir la referida movilización (…) de gremios de la provincia de Tambopata se realice las diligencias dirigidas a recabar cualquier elemento probatorio que vincule a los organizadores (…) debiendo precisar si la movilización, materia de acción preventiva, se realizó en la fecha programada o fue suspendida”.
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El dirigente Freddy Vracko sostuvo que esta medida preventiva es una forma de intimidarlo ante su participación en la marcha de hoy y sostuvo que lo que buscan es detenerlo sin ninguna justificación.
“Esta no es una medida preventiva, esta es una amenaza. Lo que dan a conocer con esto es que me han querido intimidar. Lo que ahí tratan de decir es que a la primera que puedan me van a vincular con los delitos que en prevención se me están abriendo y detenerme. Lo que se está buscando es algún pretexto para poder llevar adelanto algún proceso en mi contra. Hace un rato hemos tenido una reunión con los movimientos de Puerto Maldonado y hemos concluido que debemos evitar, en la medida de lo posible, que ellos tengan el pretexto para poder detenerme”, cuestionó Vracko, quien también viene impulsando la recolección de firmas para el adelanto de elecciones generales. Hay que decir que Vracko se encuentra en Lima para la movilización.
Juan José Quispe, abogado especializado en derechos humanos del IDL, dijo que esta medida preventiva es “prevaricante”, porque no hay pruebas o información objetivas, sino que se basa en hechos pasados ocurridos en las protestas en diciembre del año pasado y los primeros meses de este año.
“Esta resolución fiscal es absolutamente prevaricante porque no tiene ninguna base probatoria, ningún indicio razonable, ningún elemento de prueba que podría vincular a los investigados con futuros delitos que pudieran cometer, en el marco de la protesta social, sino meras sospechas, subjetividades y dichos del procurador del Ministerio del Interior, respecto a la posible participación de los denunciados”, aclaró Quispe.
Cuestionó que el referido procurador no adjunte ningún informe de inteligencia o reportaje periodísticos que demuestre que los dirigentes vayan a ejercen violencia. “Simplemente presume porque ha habido muertos antes, ahora también pueden haber muertos. Esto no es una base con caudal probatorio”, subrayo, al tiempo de aclarar que las muertes ocurridas fueron de civiles y no de miembros de las fuerzas del orden.
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La misma medida preventiva por 30 días se ha dispuesto por parte de la Fiscalía Provisional de Prevención del Delito de Mariscal Nieto en Moquegua contra más de 20 dirigentes de diferentes organizaciones como el Sindicato de Construcción Civil, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el Sindicato Integrado de Docentes Trabajadores de la Educación Regional Moquegua, y del Frente de Defensa de los intereses del Pueblo de Moquegua. También contra dirigente estudiantiles de la Universidad Nacional de Moquegua.
En este caso, los argumentos son los mismos. Se señala que “existe la posibilidad de que se presenten hechos de violencia dentro de las manifestaciones, tomando en consideración hechos suscitados a fines del año 2022 e inicios del presente año que en similares situaciones se suscitaron (…) advertimos que en el presente caso nos encontramos frente a un hecho de magnitud o repercusión social, en material de prevención del delito, vinculado a posibles hechos que se puedan producir cuando se dan manifestaciones en el cual el comportamiento de las masas puedan tornarse incontrolables”, se lee en la resolución.