El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó después de su visita a Perú que no encontró pruebas que respalden las acusaciones provenientes de diversos sectores políticos de que los participantes en las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso sean terroristas.
“En todas las ciudades que he visitado en donde hubo una manifestación, y a través de mi conversación con las fuerzas del orden tras conversar con las comunidades, realmente no he visto ninguna evidencia de que ellos sean terroristas, ellos son peruanos y están manifestándose”, dijo Nyaletsossi en conferencia de prensa.
En ese sentido, el relator especial instó a autoridades, políticos y ciudadanía en general a no estigmatizar a protestantes debido a que “incentiva el sentir de las personas de que sus derechos no son reconocidos”. También exhortó a insistir a las personas para “que utilicen sus derechos de manera pacífica”.
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“No encontré ninguna prueba ni evidencia de que los protestantes sean terroristas o estaban controlados por alguien más. Probablemente la investigación pueda aclarar que los arrestados tengan lazos, pero, hasta donde yo he visto, no encontré ninguna evidencia. No ha habido evidencia ni por parte de las Fuerzas Armadas o que me hayan dado a mí de que estos protestantes hayan sido terroristas”, apuntó.
Después de recorrer varias ciudades, Clément Nyaletsossi llegó a la conclusión de que el empleo excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la causa de los fallecimientos ocurridos durante las manifestaciones.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también llegó a dicha conclusión.
“Estuve alarmado debido al número de fallecidos durante estos eventos. Quiero reiterar acá que, para mí, está claro que hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte de más de 60 personas. También es importante decir que lamentablemente la violencia que vimos (…) condujo a la destrucción de propiedad pública, que también es algo de lo que voy a mostrarme en contra. Es importante que las personas continúen ejerciendo su derecho a la libertad y reunión pacífica, y el Perú debe proteger esos derechos”, sentenció.
Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara su informe, un conjunto de organizaciones internacionales conformada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), emitieron un comunicado en el que respaldaban la recomendación de establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Perú), que tendría la tarea de brindar apoyo en las investigaciones relacionadas con las protestas que tuvieron lugar en el país desde diciembre de 2022 en oposición al Gobierno de Dina Boluarte.