Condenan a 4 miembros de red criminal que traficaba armas del EP a Ecuador

El Poder Judicial sentenció a prisión efectiva a cuatro integrantes de una red criminal dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La red habría operado a través de corredores clandestinos entre Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia.

El objetivo de esta banda, según las autoridades, era abastecer con armas, municiones y explosivos a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos en Ecuador y a grupos armados irregulares en Colombia, entre ellos disidencias de las FARC.

Esta tarde, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, confirmó la condena a los cuatro sujetos por el delito de lavado de activos.

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Todos participaron en el acopio de material bélico peruano para ser posteriormente comercializado a Ecuador.

La medida recae sobre María Ruiz, a quien se le dictó nueve años de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, se condenó a Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero a seis años, 10 meses y nueve días de prisión, cada uno.

La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir.

Los hoy sentenciados, asimismo, integraron una red clandestina dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguraron las fuentes oficiales del Ministerio Público.

Agregaron que este resultado refleja la labor sostenida del subsistema especializado en Delitos de Lavado de Activos, cuya Coordinación Nacional viene promoviendo una política de persecución penal estratégica, orientada al esclarecimiento de operaciones de lavado, la afectación de economías ilícitas y la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero y económico activos provenientes de actividades criminales.