
La defensa legal de los ocho miembros del Ejército que mataron a cinco civiles que viajaban en una camioneta en la zona de Colcabamba (Huancavelica) asegura que los acusados usaron sus armas de reglamento en defensa propia, cuando los ocupantes del vehículo se resistieron a una intervención antidrogas y dispararon contra los uniformados.
Para sustentar la supuesta legítima defensa, los abogados de los militares señalaron que, durante el peritaje practicado tanto a los cinco fallecidos como a los tres sobrevivientes, se hallaron residuos de disparo de armas de fuego en los casos de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, fallecidos en el incidente, y Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente.
Los tres dieron positivo para antimonio y bario, compatibles con residuos de disparos de armas de fuego, de acuerdo con el peritaje ordenado por el Ministerio Público.
En efecto, La República revisó los peritajes aplicados en los tres casos mencionados y estos concluyen que 'arrojaron resultados positivos para cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, compatibles con residuos de disparo por arma de fuego', conforme se indica en los documentos.
Los peritos detectaron los residuos de disparos de armas de fuego, pero estas no fueron encontradas en el lugar de los hechos. Foto: La República
Ninguno de los ocho militares señalados como autores del crimen múltiple en Colcabamba, encabezados por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, ha declarado ante las autoridades sobre las razones que los motivaron a utilizar sus fusiles contra los pasajeros de la camioneta.
Sin embargo, la defensa legal de los efectivos del Ejército alegó, durante la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva, que los sospechosos de la camioneta no se detuvieron ante la voz de alto y que dispararon a los militares desde el interior del vehículo.
Esta misma versión se la dio el jefe de la patrulla militar de Colcabamba, el capitán EP Luis Montenegro Pardo, a su superior inmediato, el mayor EP José Cayao Vásquez. Montenegro le indicó que los civiles dispararon para resistirse a la intervención, por lo que los efectivos respondieron al fuego con sus fusiles de largo alcance de fabricación belga Scar-L. Pero no registraron ni heridos ni muertos.
“(El capitán Montenegro) sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. (...) Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos”, declaró el mayor José Cayao ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, a cargo de Johel Chamorro Macukachi.
Durante las pesquisas policiales y fiscales en la escena del crimen, sin embargo, no se encontraron las armas que supuestamente utilizaron los civiles que viajaban en el vehículo. También se comprobó que ninguno de los militares resultó herido durante el operativo, como consecuencia del supuesto ataque con armas de fuego de los ocupantes de la camioneta.
Respecto del peritaje balístico que probaría que tres civiles dispararon con armas de fuego contra los militares, durante la audiencia judicial se desestimó esta versión de la defensa de los acusados por carecer de sustento y evidencia.
Audiencia. Juez desestimó versión de la “defensa propia” de los ocho militares acusados. Foto: difusión
“Desde el interior del vehículo intervenido (los pasajeros de la camioneta) habrían realizado disparos al personal militar investigado, encontrándose en el vehículo intervenido tanto en la caseta como en la tolva casquillos, munición de 9.19 mm., como también de calibre 38, que corresponden a pistolas semiautomáticas, municiones que no son de uso de los investigados (los militares)”, según la versión de la defensa que consta en la resolución judicial que dispuso el mandato de detención de los ocho efectivos del Ejército.
Durante el debate judicial se preguntó a la defensa de los efectivos del Ejército si era cierto que los civiles de la camioneta dispararon. ¿Por qué no fueron encontradas las armas que estos utilizaron? A lo que respondió: “Pudieron ser aventados (sic) fuera del vehículo durante la intervención”, sin aportar prueba alguna.
Por lo tanto, el juez José Matos Centeno desestimó los argumentos de la defensa de los acusados, empezando por la constatación de que en la camioneta, ni en los alrededores del escenario del crimen, fueron encontradas las armas atribuidas a los civiles.
Además, en cuanto al hallazgo de proyectiles de otras armas de fuego, el juez resaltó el testimonio del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez.
Según la declaración de Águila, luego de matar a los pasajeros del vehículo y comprobar que no había droga en la camioneta, los militares recibieron la orden de desperdigar munición de diferentes calibres en el interior del vehículo para aparentar falsamente que los ocupantes les habían disparado.
En resumen, no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan disparado a los militares para impedir la intervención antidrogas. Estas comprobaciones sustentaron la decisión del juez de ordenar la detención preventiva de los ocho militares acusados de la matanza de Colcabamba.
Para reforzar su teoría de que los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los militares, la defensa del Ejército afirmó que los peritos detectaron residuos de disparos en los ocho pasajeros: los cinco que fueron asesinados y los tres sobrevivientes. Pero los reportes periciales, como se ha indicado, no llegan a esa conclusión. Solo se refieren a tres casos.
Respecto de las partículas de antimonio y bario detectadas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez, no acreditan fehacientemente que estos dispararon armas de fuego en la noche del 25 de abril en Colcabamba, destacó en la audiencia el fiscal Johel Chamorro.
La explicación de los peritos es que, durante el periodo de custodia de los militares tanto de los cuerpos de las víctimas como de los sobrevivientes, hasta la toma de muestras, que se produjo varias horas después, los uniformados podrían haber diseminado y contaminado los residuos de los disparos en los civiles. Es lo más razonable. Lo que les queda a los imputados es romper su silencio y contar toda la verdad.





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