
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, aseguró en conferencia de prensa que no existen indicios suficientes para afirmar que hubo fraude electoral en las elecciones del pasado 12 de abril. Durante su intervención, el titular de la Defensoría del Pueblo respondió así a la narrativa de fraude impulsada por Rafael López Aliaga, figuras de Renovación Popular y otros sectores políticamente afines.
"No existen pruebas fehacientes de fraude electoral. A partir de los reportes recibidos durante la jornada, las coordinaciones realizadas frente a las observaciones y la presencia del Ministerio Público, podemos reiterar esta afirmación: no existen pruebas fehacientes de fraude electoral", señaló.
Gutiérrez consideró que sí se registraron hechos irregulares a lo largo de la jornada electoral. Además, sostuvo que existe una responsabilidad tanto activa como pasiva por parte de autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El defensor del Pueblo afirmó que la principal tarea de las autoridades electorales será recuperar la legitimidad y confianza ciudadana tras esta primera vuelta: "Debe recuperarse la confianza de la ciudadanía", indicó.
No solo la Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de la narrativa de un presunto fraude electoral. Organizaciones como Transparencia y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) también descartaron la existencia de una manipulación de los resultados electorales.
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Jorge Zapata Ríos, presidente del gremio empresarial, consideró que no existen evidencias suficientes para sostener la existencia de un fraude: "Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya existido algo intencional o una voluntad de fraude. Ha habido irregularidades producto de un mal manejo y de una mala gestión, evidentemente, y eso todos lo hemos visto. Pero no podemos afirmar que haya existido un fraude con los elementos que tenemos hasta este momento", declaró.
Por su parte, Transparencia también rechazó las afirmaciones realizadas por los sectores que sostienen la tesis del fraude electoral. En su segundo informe de observación, concluyó que no existen pruebas de irregularidades sistemáticas ni deliberadas que hayan alterado la voluntad popular, aunque reconoció la presencia de problemas logísticos puntuales en Lima Metropolitana durante la jornada electoral.



