Acusación en caso Gasoducto al borde del archivo por fallas de la fiscalía

El proceso del Gasoducto del Sur sigue los pasos del caso Cócteles y puede terminar en el archivo. La acusación que, en junio del 2025, presentó la fiscal Geovanna Mori, del desactivado Equipo Especial Lava Jato, adolece de una serie de vacíos e incongruencias que hasta ahora no han sido aclarados.

Este 27 de abril del 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, decidirá en audiencia pública si devuelve por segunda vez la acusación a la fiscal Mori para que realice las aclaraciones necesarias. En enero del 2026, el magistrado le advirtió a la fiscal que solo le devolvería la acusación en una oportunidad para que la subsane.

Las autoridades de control les han recomendado a los jueces penales que no devuelvan las acusaciones múltiples veces, pues eso afecta el debido proceso y el derecho de defensa. Este tema fue observado por el Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, con un pedido de sanción al juez Víctor Zúñiga Urday, quien le devolvió la acusación al hoy exfiscal José Domingo Pérez hasta en 19 ocasiones.

Solo una devolución

En febrero de este año, el juez Cristóbal Ayala le devolvió la acusación del caso Gasoducto del Sur a la fiscal Mori para que la subsane en el plazo de 20 días. La fiscal cumplió con el pedido, pero los abogados del expresidente Ollanta Humala y los otros 22 acusados señalan que se ha realizado una subsanación parcial, por lo que es necesario que el documento regrese a la Fiscalía.

En la última audiencia, del 20 de abril último, el juez explicó que, de devolver la acusación por segunda vez, podría exponerse a una sanción disciplinaria. Los abogados le han pedido que lo haga de manera excepcional, en virtud de un acuerdo plenario en el que se exhorta a los jueces a garantizar el derecho de igualdad y la debida defensa.

Para la fiscal Mori no hay nada más que subsanar. Sin embargo, si el juez considera que hay vacíos, podría terminar rechazando la acusación o aprobar solo los puntos en los que exista claridad. El control de acusación tiene como objetivo precisar con claridad los hechos y delitos que se discutirán en el juicio público.

Los jueces de los juzgados penales colegiados encargados del juicio también les han requerido a los jueces de control que no den pase a acusaciones con vacíos en la descripción de los hechos, en la precisión del tiempo en que se habrían cometido los delitos, en la ley penal vigente en ese momento y en la descripción de la participación individual de cada acusado en el delito que se va a juzgar.

La acusación

La fiscal Geovanna Mori sostiene la existencia de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de la concesión para la construcción del Gasoducto del Sur bajo la modalidad de Asociación Pública Privada.

Hasta allí, los hechos parecen claros y simples. Sin embargo, la fiscal sostiene que la concesión del Gasoducto del Sur es la continuación del proyecto Kuntur, también conocido como Gasoducto Andino del Sur, promovido en asociación con Petroperú, en las postrimerías del gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Con ello, la situación se empieza a complicar, porque la fiscalía sitúa el inicio de la asociación ilícita y la comisión de la colusión agravada a inicios del 2011, cuando Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros acusados no eran funcionarios públicos y, por tanto, no podían cometer el delito de colusión agravada.

La fiscalía sitúa los hechos al inicio del 2011 para poder argumentar que el beneficio por el pacto ilícito era el aporte económico que Odebrecht habría realizado a la candidatura presidencial de Humala. Pero ¿cómo podrían participar otros acusados en un delito de colusión si para entonces no eran funcionarios públicos y no conocían a Humala?

Para mayor complicación, la acusación se sostiene únicamente en la declaración, en colaboración eficaz, de los exdirectivos de la desaparecida constructora Graña y Montero José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña. Ellos declaran que el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata les dijo que tendrían ayuda de Humala y Nadine Heredia.

Por cierto, el exfuncionario de la constructora brasileña niega que en el proyecto del Gasoducto se hubieran realizado tratos, acuerdos o pagos ilícitos. Pero, en este caso, la fiscalía les cree a los Graña y no a Barata. En muchos otros casos, los fiscales le creen a Barata, pero no a terceros.

Asociación privada

El otro punto controversial es que la fiscalía acogió el criterio político de que el Estado peruano iba a invertir más de US$7.000 millones para construir el Gasoducto. Esa cifra es el valor total del proyecto a pleno funcionamiento, pues, al tratarse de una Asociación Pública Privada Autosostenible, era Odebrecht la que corría con todo el gasto.

El Perú no gastaba un sol en construir los ductos, solo garantizaba la existencia de usuarios. Precisamente, el proyecto se paralizó por el escándalo Lava Jato, porque la constructora brasileña no logró obtener financiamiento. Este es el punto del reclamo de Odebrecht ante el CIADI: que el Perú le reconozca y devuelva lo que gastó en construir el 33% del tramo.

Pero, a partir de ese relato, los abogados cuestionan la acusación. Explican que la ley penal establece que la colusión agravada es un acto que comete un funcionario cuando, directa o indirectamente, concierta con un tercero para defraudar al Estado.

En tanto, dicen, la fiscal sostiene que en el caso del Gasoducto se dio una seguidilla de actos colusorios, conforme los funcionarios públicos iban interviniendo o teniendo participación en los diversos actos o pasos que siguió el proyecto hasta la firma del contrato.

Pero ocurre que algunos de los acusados tuvieron participación o intervinieron como ministros de Estado o miembros de Proinversión. Por eso, le piden a la fiscalía precisar en qué momento o de qué manera participaron en el presunto acto colusorio. Además, hay casos en los que ellos no se relacionaron con nadie de Odebrecht.

Asimismo, como se ve en otros casos, la fiscalía presentó las pruebas en bloque sin especificar qué hecho prueba cada una y respecto de qué acusados. Para la fiscalía, una misma prueba demuestra múltiples hechos cometidos por varias personas.

De Kuntur a Gasoducto

Así, por ejemplo, la defensa establece que el proyecto Kuntur, que data del 2008, es diferente del Gasoducto del Sur en sus objetivos y trayectorias. Kuntur fue planteado como una iniciativa privada bajo la modalidad de solicitud de parte, con un único ducto de transporte de gas. En su última fase contempló incluir a Petroperú como socio.

El Gasoducto del Sur surge como Asociación Pública Privada Autosostenible en respuesta a la política de seguridad energética nacional de la Ley 29970, de diciembre del 2012, por lo que contempla ductos redundantes, incluido el transporte de gas y líquidos, con un trazado distinto al que contemplaba Kuntur.

El juez Leodan Cristóbal deberá evaluar todos estos aspectos para determinar si la subsanación que realizó la fiscal es suficiente para aclarar la acusación o si, como dicen los abogados, advierte que se necesita una nueva subsanación y devolverle otra vez el expediente a la Fiscalía.

Luego de superar esta etapa, el juez deberá evaluar los pedidos de prescripción y sobreseimiento de la acusación. La fiscalía sostiene la acusación por asociación ilícita bajo la Ley 30077 de julio del 2014, pero los hechos del Gasoducto concluyeron un mes antes. Lo que resuelva el juez definirá el caso para bien o para mal.