
La Fiscalía y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron este viernes un allanamiento en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana.
Pese a las presiones políticas de la derecha, la fiscalía y la policía, el juez Manuel Chuyo Zavaleta no autorizó la detención preliminar del ex jefe de la ONPE ni de ninguno de los otros investigados. Ni la policía ni la fiscalía pudieron presentar indicios suficientes de la existencia de un peligro procesal y se consideró que para la búsqueda de los medios de prueba que se requieren, solo eran suficientes los allanamientos.
La diligencia se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara medidas de allanamiento y detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.
El fiscal anticorrupción Raúl Martínez fue el encargado de liderar la diligencia de allanamiento e incautación de documentos y equipos electrónicos que se consideren necesarios para la investigación. La intervención busca obtener información relevante para esclarecer los hechos vinculados a la organización del proceso electoral.
Durante el operativo, personal policial permaneció en el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias fiscales correspondientes.
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En tanto, el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, llegó al lugar para participar en la diligencia, conforme al procedimiento legal, a la espera de poder ingresar al inmueble mientras continuaban las acciones de la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE el miércoles 22 de abril, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales. Luego de evaluar el requerimiento, el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Manuel Chuyo Zavaleta, autorizó únicamente el allanamiento, de acuerdo con fuentes judiciales.
La solicitud de detención preliminar fue rechazada debido a que la Policía y la Fiscalía no presentaron indicios suficientes que justificaran dicha medida ni acreditaran la existencia de peligro procesal. El miércoles último, Corvetto y su abogado entregaron al fiscal Raúl Martínez sus pasaportes y manifestaron su disposición a participar en todas las diligencias, así como a permanecer en el país. Asimismo, se hizo público que, tras presentar su renuncia a la ONPE, el exfuncionario permaneció en su domicilio.
Desde entonces, la policía y diversos medios de comunicación permanecen frente a su casa, lo que también es un indicativo de que no existe peligro procesal. Sin embargo, la policía y la fiscalía pueden insistir con ese pedido en cualquier momento del proceso. Hay una fuerte presión política, sobre todo de Renovación Popular, de perseguir a Corvetto, al que culpan de su derrota electoral y que Rafael López Aliaga no haya pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.





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