
El Vaticano abrió un canal para indemnizar a las víctimas del grupo religioso disuelto Sodalicio de Vida Cristiana con los bienes incautados a esta organización, tras años de denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales. La medida establece un mecanismo de reparación para las personas afectadas. El Sodalicio reconoce hasta el momento al menos 83 víctimas y asegura haber desembolsado 5,3 millones de dólares en compensaciones.
Sin embargo, existe la posibilidad de que aparezcan más afectados que aún no han denunciado. La medida se anunció este miércoles a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), que incorpora un extenso pronunciamiento del comisario especial designado por el Papa, el sacerdote español Jordi Bertomeu. Integrante del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Bertomeu ha asumido en los últimos años un rol clave en la investigación de casos de abusos dentro de la Iglesia, tras su intervención en Chile en 2018 por el escándalo Karadima.
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“La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) da a conocer el Comunicado del Comisario Apostólico a cargo del proceso de liquidación de las sociedades de vida apostólica Sodalitium Christianae Vitae y Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y de las asociaciones de fieles Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana, destacando que este pronunciamiento se entiende como un acto concreto orientado a la atención efectiva de las víctimas”, mencionan.
“Para quienes han sufrido directamente los abusos, este anuncio abre una oportunidad real para seguir avanzando hacia una justa reparación, largamente esperada: reconocimiento pleno del daño causado, acompañamiento integral, reparación adecuada y garantías firmes de no repetición”, agregan.
El anuncio representa un paso importante, aunque llega después de años de cuestionamientos a la Iglesia por la falta de respuestas frente a las denuncias. Las víctimas y las organizaciones que las representan exigieron durante décadas justicia, reparaciones integrales y garantías para evitar la repetición de estos hechos.
Cabe resaltar que esta indemnización se financiará con el patrimonio acumulado por las propias entidades implicadas. El proceso de liquidación y reparación continúa bajo supervisión eclesiástica, ante la expectativa de las víctimas por una respuesta efectiva.





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