Prisión para quienes faciliten comunicaciones ilegales en las cárceles

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) confirmó una realidad preocupante: Solo 30 de los 69 penales del país tienen inhibidores de señal instalados en las cárceles. Aún así, algunos de estos bloqueadores son burlados por bandas criminales para seguir operando dentro de los centros de reclusión.

En efecto, esto ha facilitado llamadas ilegales, extorsiones y problemas de seguridad, incluso afectando a comunidades vecinas por bloqueos mal direccionados.

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Y es que, pese a los bloqueadores de señal existentes, el crimen organizado ha encontrado una forma externa y eficaz de mantener la conectividad con antenas Wi-Fi camufladas en el vecindario.

La vulnerabilidad no solo alcanza a los penales ubicados en Lima y otras ciudades de la costa sino a los establecimientos considerados de máxima seguridad como el penal de Challapalca, en Tacna.

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En octubre del año pasado el jefe del Inpe de entonces admitió que este recinto, pese a albergar a los delincuentes más peligrosos del país, no contaba con bloqueadores operativos.

Tipifican uso de comunicaciones ilegales

Ayer, por iniciativa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo N° 1733 que tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles con el objetivo de frenar las nuevas modalidades delictivas que hacen uso de los servicios de telecomunicaciones para permitir o facilitar comunicaciones ilegales desde el interior de los penales.

La norma incorpora el artículo 280-A al Código Penal y sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años a quienes organicen, financien, instalen, operen, mantengan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, alámbricos o inalámbricos, destinados a facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad.

La pena se eleva hasta diez años cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público, cuando se abusa de conocimientos técnicos especializados o de vínculos con empresas del sector telecomunicaciones, o cuando se actúa como parte de una banda u organización criminal.

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La medida busca frenar el funcionamiento de redes de internet clandestinas y antenas ilegales instaladas en los alrededores de los establecimientos penitenciarios, que permiten a internos mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior.

Esta problemática ya ha sido advertida en casos como Ancón I y Aucallama, así como en otros penales donde se han detectado modalidades similares.

Hasta ahora, la legislación penal no sancionaba de forma completa todas las conductas relacionadas con el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

No solo ingreso de celulares

Con esta modificación, el Estado podrá actuar contra toda la cadena vinculada a este delito. No solo se castigará el ingreso de celulares a los penales, la instalación de antenas en zonas restringidas —incluidos los 200 metros alrededor de los establecimientos— o el uso indebido del espectro radioeléctrico, sino también a quienes organicen, financien o faciliten la infraestructura necesaria para brindar estos servicios ilegales a los internos.

Asimismo, se modifica el artículo 368-A del Código Penal con el fin de reubicar la conducta referida a “proporcionar la señal para el acceso a internet desde el exterior del establecimiento penitenciario” dentro del nuevo tipo penal incorporado mediante el artículo 280-A. En específico, dicha conducta se integra en el supuesto ilícito de “prestar”, fortaleciendo así la coherencia y sistematicidad del Código Penal frente a esta modalidad delictiva.

Más control tecnológico

El decreto también incorpora una disposición que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a implementar mecanismos tecnológicos y analíticos para detectar emisiones radioeléctricas ilegales y localizar antenas que operen sin autorización o fuera de los parámetros técnicos permitidos en el ámbito geográfico de los penales y centros juveniles.

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Para ello, se autoriza de manera excepcional la contratación de bienes especializados durante el Año Fiscal 2026, mediante un procedimiento no competitivo previsto en la Ley General de Contrataciones Públicas, con el fin de agilizar la implementación de estos sistemas de supervisión.

Las medidas fortalecen la seguridad pública y penitenciaria sin generar gasto adicional para el Estado. Además, buscan reducir la comisión de delitos coordinados desde los establecimientos de reclusión, protegiendo a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas, al sistema de justicia y al propio sistema penitenciario.

Ahora, el reto es implementar una tecnología moderna, focalizada y articulada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y operadores, que bloqueen la señal fuera y dentro de los centros de reclusión.