
En Condorcanqui se registran alrededor de seis denuncias al mes por abuso sexual contra menores, según la UGEL de la provincia; sin embargo, el Ministerio Público cerró dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales en Nieva, Río Santiago y El Cenepa por falta de presupuesto. Es decir, solo hay una fiscalía para atender los más de 800 casos reportados desde 2010 que permanecen impunes.
Las cifras siguen aumentando. En 2024 se registraron 93 casos de abuso sexual contra menores; en 2025, 87 casos; y, lamentablemente, en 2026 ya se ha reportado un caso, de acuerdo con la UGEL.
Estas fiscalías, con menos de un año de creación, fueron implementadas para investigar de manera especializada los delitos contra la libertad sexual en Condorcanqui. Sin embargo, su desmantelamiento pone en riesgo las investigaciones, que podrían quedar impunes en una provincia con altos índices de violencia sexual.
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No es todo. Los despidos de psicólogos, abogados y fiscales ponen en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera de la provincia, ya que dejaría a las víctimas sin profesionales especializados.
Ante esta situación, Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció la desactivación de estas fiscalías pese al incremento de casos de VIH en menores por abuso sexual, y advirtió que cientos de casos quedarían a la deriva.
“Imagínate qué pasará ahora que solo queda una fiscalía para cientos de casos de abuso sexual".
Asimismo, informó que los casos siguen en aumento pese a las denuncias públicas y las medidas que han implementado desde su consejo.
“Exijo al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público que restablezcan de inmediato la operatividad de estas sedes y sus equipos multidisciplinarios. No permitamos que la impunidad gane esta batalla en Amazonas. La dignidad de nuestras niñas y mujeres debe ser una prioridad los 365 días del año”.
Por su parte, la congresista Flor Pablo envió un oficio al presidente José Jerí y solicitó que convoque de urgencia al Consejo de Estado y lidere una acción inmediata frente a la situación en Condorcanqui.
“Hago un llamado al presidente José Jerí a que convoque de urgencia al Consejo de Estado, con participación de los integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia contra la Violencia hacia la Mujer, y lidere una respuesta inmediata”.
Mientras tanto, fuentes de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) de Condorcanqui indicaron que no tienen presupuesto para seguir atendiendo e investigando los casos de abuso sexual en la provincia.
Señalaron que no cuentan con recursos para contratar a una abogada para la CPPADD ni para combustible. Explicaron que en 2025 tuvieron un presupuesto de 15.000 soles, que no fue suficiente y este año el Gobierno solo asignó casi 7.500 soles.
“Instamos al Gobierno Regional y al Ministerio de Educación a dar alternativas de solución. Se deben considerar los costos de los presupuestos de acuerdo con la realidad. No todo es exigir, también es dar las condiciones”.
Ante las denuncias por el desmantelamiento de fiscalías especializadas en Condorcanqui, el Ministerio Público aseguró que la atención fiscal y médico-legal en la provincia se mantiene activa como parte de su “compromiso institucional” con la defensa de los derechos de la población, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos graves.
Sin embargo, reconoció que la Junta de Fiscales Supremos dispuso el cese de parte del personal que laboraba en las fiscalías y unidades médico-legales, argumentando que estas sedes fueron implementadas de manera temporal y que la decisión se sustenta en la normativa vigente y en las limitaciones presupuestales actuales.
La institución explicó que estas fiscalías y unidades fueron creadas bajo el Decreto de Urgencia N.° 005-2025, emitido el 9 de mayo de 2025, cuya vigencia culminó el 31 de diciembre del mismo año. Al no haberse asignado un nuevo presupuesto para 2026 por parte del Poder Ejecutivo, se decidió no continuar con la medida extraordinaria.
Pese a esto, el Ministerio Público sostuvo que ha buscado no afectar la prestación de los servicios fiscales en la zona y que continúa realizando gestiones para obtener recursos que permitan fortalecer el subsistema de justicia en Condorcanqui.
No obstante, especialistas y organizaciones advierten que la desactivación de fiscalías y la reducción del personal especializado debilitan la capacidad para investigar y sancionar la violencia sexual en Condorcanqui. ¿Qué pasará ahora con los niños y niñas awajún?.





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