
Una auditoría de cumplimiento aplicada por la Contraloría al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma (ahora denominado Wasi Mikuna), concluyó que 15 funcionarios y servidores de la entidad estatal son responsables por la distribución de enlatados cárnicos sin haber verificado si cumplían con las especificaciones técnicas.
Los involucrados estaban informados de una serie de quejas de los padres de familia de los escolares que reciben el servicio de alimentación, sobre presuntas deficiencias particularmente en los enlatados, entre marzo y abril de 2024, en plena distribución de la primera entrega de los productos.
Sin embargo, los funcionarios y servidores esperaron hasta diciembre del mismo año, para someter a pruebas de laboratorio a los enlatados cuestionados, resultando en un caso de conserva de pollo el producto no era apto para el consumo y en un segundo caso se detectó carne de caballo en una conserva rotulada como “carne de res”.
Se trata de los productos “Don Simón”, de la empresa Frigoinca (Chepén, La Libertad), y de “Re Real Sabor”, elaborado por Alimentos y Conservas Perú (Pacasmayo, La Libertad).
El 25 de marzo de 2024, 27 escolares de secundaria del colegio de Cabana, Puno, sufrieron una intoxicación después de consumir un desayuno preparado con conservas de pollo “Don Simón”, por lo que se suspendió temporalmente la repartición de este producto.
Al poco tiempo, la Dirección Regional de Salud de Puno (Diresa) emitió un informe indicando que el origen de la intoxicación fue el agua insalubre que usaron los padres de familia, por lo que se levantó la medida restrictiva contra “Don Simón”.
Sin verificar el estudio de la Diresa, los funcionarios y servidores de Qali Warma implicados en este caso, autorizaron la distribución de “Don Simón” a 1.596 niños de colegios de Puno, Piura y Huánuco, “sin cautelar su idoneidad al resultar no apto para el consumo humano”.
Recién en diciembre de 2024 -9 meses después del episodio de intoxicación en Cabana-, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), emitió un reporte indicando que las conservas de pollo “Don Simón” que ya había sido distribuidas, es “no estéril comercialmente”. Esto es, no apto para el consumo humano.
Por este caso de omisión de funciones -aparentemente en beneficio del productor de la conserva de pollo “Don Simón”-, la Contraloría señala como presuntos responsables a:
Ninguna de estas personas son investigadas por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta, quien lleva el caso contra otros 31 implicados, 11 de ellos detenidos.
Una situación similar identificó la Contraloría para el caso de la conserva de carne de res, indicando que los responsables “distribuyeron (los productos) sin garantizar su calidad ni el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Alimentos”, y pasando por alto las denuncias de los padres de familia.
“Se determinó que funcionarios y servidores de Qali Warma, pese a las denuncias recibidas desde febrero 2034 sobre la naturaleza del producto conserva de carne de res, no se realizó oportunamente la contratación del servicio de muestreo y análisis PCE (reacción en cadena de la polimerasa), ejecutada recién en diciembre de 2024”, describe la auditoría aplicada por la Contraloría.
En efecto, en este caso los involucrados de Qali Warma esperaron 10 meses para someter a pruebas de laboratorio a las conservas de carne de caballo de diferentes productoras que abastecen al programa nacional de alimentos. Cuando lo hicieron, se encontró carne de caballo.
“La situación expuesta conllevó a que Qali Warma distribuya 70.972 unidades de conservas en cuyo lote se detectó carne de caballo, incumpliendo con las especificaciones técnicas de alimentos, siendo declarado posteriormente por la DIGESA como no apto para consumo humano”, reporta la Contraloría.
El informe de laboratorio indicó haber encontrado carne de caballo en el producto “Re Real Sabor”, de la empresa Alimentos y Conservas Perú.
Los implicados son:
La Contraloría recomienda a las autoridades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), iniciar acciones legales para deslindar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en estos hechos.

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